Las detenciones migratorias siguen ocurriendo con “un uso excesivo de fuerza” y con “muy poca o nula orientación jurídica” hacia los migrantes, aseveraron el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J. (IDHIE) y la Universidad Iberoamericana (Ibero) Puebla.
En un informe, que tiene como base testimonios de migrantes detenidos en dicho estado y en Tlaxcala -recabados entre agosto y septiembre del 2021-, advirtieron que las personas en esta condición “se encuentran recluidas en contra de su voluntad y hacinadas en espacios precarios, insalubres o de alto riesgo de contagio al Covid-19, que pueden ser considerados también como entornos torturantes en donde diariamente se vulneran sus derechos humanos y su dignidad como personas”.
En el documento titulado Vidas en contención, exponen que durante las presentaciones o “detenciones”, los agentes migratorios no cumplen con acciones mínimas relacionadas con la observancia del debido proceso y el respeto a los derechos humanos. Indicaron que un 60 por ciento, de las 45 personas entrevistadas, reportaron que, en la detención, los servidores del Instituto Nacional de Migración (INM) “no mostraron su identificación oficial con fotografía ni un documento que autorizara el operativo”.
Además, “en la mayoría de los casos, las detenciones se llevaron a cabo con un uso excesivo de fuerza y malos tratos: golpes, jalones, malas palabras, amenazas, robos y extorsiones por parte de las autoridades”. Y aunque según la Ley de Migración, el INM es la autoridad que tiene la atribución de conocer, resolver y ejecutar la deportación o el retorno asistido y presentar en las estaciones migratorias a las personas extranjeras que lo ameriten, al menos una docena de testimonios refirieron “la creciente y preocupante participación de policías estatales y municipales, o bien de la Guardia Nacional en ocasiones, sin estar actuando de manera coordinada con agentes migratorios”.
En cuanto al tiempo de detención, el IDHIE y el Departamento de Ciencias Sociales de la Ibero Puebla indicaron que si bien el instituto está obligado a resolver la situación migratoria en un plazo no mayor a 15 días hábiles y el alojamiento puede extenderse hasta 60 días, se documentaron casos que rebasan este tiempo.
También, advirtieron que en la estación migratoria de Puebla hay cobros a los migrantes, por parte de las autoridades, para recibir equipos de limpieza, comida, hablar por teléfono y hasta para permitirles la salida, estos últimos van de los 600 a los mil dólares.