La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reprobó la agresión que integrantes del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas “Una promesa por cumplir” recibieron por parte de agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato, según una denuncia por la que también se notificó al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU.
El colectivo, que aglutina a familias de personas desaparecidas de Celaya y Pénjamo principalmente, dio a conocer que un integrante del grupo y tres familiares más fueron golpeados y torturados el 31 de enero en Pénjamo por elementos de la Agencia de Investigación Criminal adscritos a la Fiscalía del estado que irrumpieron en su domicilio.
Esto ocurrió unos días antes de que realizaron una marcha en esa ciudad para recordar la búsqueda de sus personas desaparecidas y demandar a autoridades como la Fiscalía cumplir con sus obligaciones en la investigación de los casos.
El colectivo expuso que la familia fue trasladada a la ciudad de Guanajuato, donde fue golpeada, torturada y obligada a firmar un documento auto inculpatorio para afirmar que los agentes de la AIC habían perseguido a uno de ellos porque iba en su vehículo a exceso de velocidad y que los demás familiares se habían puesto agresivos, por lo que fueron detenidos.
Uno de los buscadores, de nombre Jonathan, permanece detenido y fue acusado de poseer drogas, lo que según representantes del colectivo, “le fue sembrado” para acusarlo.
Al respecto, la CNDH emitió un comunicado en el que expresó su preocupación y lamentó lo ocurrido, e informó que estableció contacto con integrantes del colectivo, “quienes confirmaron los hechos a que se hace referencia en diversas notas periodísticas”, e informaron al organismo que se encuentra iniciado un expediente de queja en la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG).
“La CNDH reprueba este tipo de agresiones en contra de las personas agraviadas, toda vez que los familiares de personas desaparecidas realizan acciones de búsqueda de sus seres queridos, en ejercicio de su derecho a buscarlos, con la finalidad de aliviar el sufrimiento y la incertidumbre que viven las familias”.
El organismo nacional dio a conocer que dará seguimiento a este caso con las familias y la PRODHEG.
En tanto, la Fiscalía general del estado ha guardado silencio sobre el caso.
Con apoyo de organizaciones como la Plataforma por la Paz y la Justicia de Guanajuato, el colectivo “Una promesa por cumplir” solicitó al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU su intervención para que envíe una comunicación a las autoridades guanajuatenses.
También se dirigió a la Organización Mundial contra la Tortura para solicitarle que conozca de este caso e integre un expediente, y demandó al gobierno que libere al detenido y se sancione a los agentes involucrados y a los superiores jerárquicos que conocieron u ordenaron esta intervención.
El colectivo acusó al personal de la FGE de cometer actos de hostigamiento contra sus integrantes y de reprimir las búsquedas independientes que realizan.