El asesinato del periodista Heber López Vásquez en las puertas de su casa-estudio en el puerto de Salina Cruz el miércoles 9 de febrero, ha recibido una atención en el mundo muy pocas veces vista. Puede ser que se deba a que fue el quinto crimen contra periodistas en las primeras seis semanas de este año, el periodo más mortal que ha tenido el gremio en un periodo de tiempo tan corto, que galvanizó la atención y preocupación internacional. Pero lo que seguro no motivó la gran reacción es lo más grave de todo en el fondo. Su muerte muestra con enorme claridad la intervención de políticos y narcotraficantes actuando de manera abierta cuando un periodista se les cruza en el camino. El asesinato busca el silencio y la autocensura, sabiendo que en las condiciones actuales del país, la impunidad se fortalece desde el Zócalo de la Ciudad de México.
Para políticos y narcotraficantes, coludidos en amplias regiones de Oaxaca, López Vásquez era un estorbo, de acuerdo con la principal línea de investigación que se sigue. El periodista fue asesinado por al menos dos personas, que fueron detenidas poco después de ejecutarlo. Uno de ellos, Ricardo Espinosa Cartas, es hermano de la exagente municipal de Salina Cruz, Arminda Espinosa Cartas, a quien en vísperas de que lo mataran publicó una denuncia contra la exfuncionaria por su presunta complicidad con un ejecutivo de la constructora del Grupo INDI, que está encargado del proyecto Rompeolas en ese puerto, una magna obra de infraestructura que incluye la construcción de múltiples muelles, que será el puerto de entrada de los productos de Asia al nuevo Canal Interocéanico en el Istmo de Tehuantepec que conectará con Coatzacoalcos, en el Golfo de México, desde donde llegará la mercancía a la Costa Este de Estados Unidos.
El Canal Interocéanico, probablemente la obra de mayor trascendencia para el comercio mexicano en décadas, ha generado en este sexenio uno de los reacomodos más estratégicos del crimen organizado, que había dejado toda la zona del Istmo de Tehuantepec a organizaciones filiales, con territorios bien definidos y asentados. El nuevo canal llevó a pelear a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación a la región, por el control de lo que será una muy lucrativa ruta de paso de drogas, particularmente de fentanilo y precursores químicos para las metanfetaminas, así como armas.
Salina Cruz, de acuerdo con información de inteligencia, está bajo el control del Cártel de Sinaloa, que tiene como organizaciones filiales al Cártel del Golfo y a Los Ántrax, fundado en 2008 por José Rodrigo Aréchiga, apodado “El Chino Ántrax”, tras la separación de los hermanos Beltrán Leyva del Cártel de Sinaloa. Aréchiga, que se convirtió en uno de los principales sicarios del jefe de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, hasta que fuera asesinado en Culiacán hace casi dos años. El Cártel de Sinaloa controla toda la región costera y del Istmo de Tehuantepec de Oaxaca, desde el municipio de Tapanetepec -cuyo Alcalde acaba de sufrir un atentado-, hasta Guerrero.
El Cártel de Sinaloa y sus filiales están confrontados con el Cártel Jalisco Nueva Generación, que ha ido ganando terreno de la mano de políticos oaxaqueños, dentro de una red que incluye a abogados y notarios, que tiene su principal asiento en la Cuenca del Papaloapan, en Veracruz y extiende su control hasta Coatzacoalcos. El Canal Interocéanico los ha puesto a pelear por todo el territorio y están buscando el control de los municipios, desde la frontera de Veracruz con Oaxaca, hacia el sur. No han podido vencer a sus adversarios y menos aún llegar a desafiarlos en la región costera. No obstante, el Cártel Jalisco Nueva Generación ha logrado reclutar a varios gobernantes y diputados locales en la zona de los sinaloenses, particularmente en Salina Cruz, de acuerdo con lo información de inteligencia.
López Vásquez se había convertido en un periodista incómodo. Aunque el nombre de Espinosa Cartas no figura en la relación de inteligencia sobre los políticos en las nóminas y estructuras de los cárteles, la atención que había logrado captar el periodista con su trabajo sobre los intereses detrás del Rompeolas lo colocó en medio de la reorganización criminal en la región. Ricardo, quien manejaba la camioneta en donde se transportaron los asesinos del periodista, también fue esposo -está divorciado ahora- de la alcaldesa de Santa María Jalapa del Marqués, Joseline Esquivel Balseca, que se encuentra en el radio de influencia del Cártel de Sinaloa.
La penetración de narcotraficantes en la vida pública e institucional de Oaxaca ha tenido varias fases de evolución. Hay políticos que no han sido comprados por los cárteles de la droga porque son ya parte de sus estructuras criminales. Es el caso del corredor del Istmo de Tehuantepec, donde un buen número de alcaldes, la mayoría de Morena, trabajan para el Cártel de Sinaloa o están sometidos a él, de acuerdo con los reportes de inteligencia.
Lo que inquieta en algunos sectores del Gobierno federal es el respaldo que ha tenido de ellos el precandidato al Gobierno del Estado, el senador Salomón Jara, quien no ha hecho ningún deslinde de ellos ni se ha pronunciado en contra del narcotráfico. Peor aún, también ha recibido apoyos públicos de políticos identificados en los reportes de inteligencia como parte de las estructuras del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Para los intereses oscuros de la narcopolítica oaxaqueña, las miradas críticas de la prensa chocan con sus planes. López Vásquez, según la información obtenida, estaba incomodando con sus denuncias y colocando la atención en el Rompeolas. No hay una línea que conecte a Rosalinda Espinosa Cartas y al ejecutivo de INDI con el crimen organizado, pero en toda esa región el Cártel de Sinaloa tiene un control total de lo que sucede en las estructuras municipales. López Vásquez se metió, quizás sin saber, en esa mezcla de intereses políticos y criminales que está ampliándose en el país, que le costó la vida y amenaza la de muchos más.
Raymundo Riva Palacio
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