El 22 de noviembre pasado el presidente de México expidió un acuerdo, publicado en el Diario Oficial de esa fecha, en el cual se estableció como “de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México”, por ese procedimiento se impedía dar información respecto a las obras emprendidas por el gobierno, asestando así un rudo golpe a la rendición de cuentas y la transparencia en la aplicación del recurso público. Afortunadamente, aunque aún en ciernes, ya existe en México conciencia ciudadana respecto a la obligación constitucional de rendir cuentas sobre el gasto público e instituciones creadas para consolidarlo. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), presentó una controversia y logró que el 14 de diciembre pasado la Suprema Corte le concediera la suspensión, misma que se robustece porque también la Asociación Civil “Consejo Nacional de Litigio Estratégico” acudió a presentar el recurso y logró que ayer el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México ordenara la suspensión definitiva del referido acuerdo. Esto significa un triunfo del Estado de Derecho al recobrar el sentido por el cual se han venido creando instituciones que operan de contrapesos entre los poderes de la Unión y generan mayor participación ciudadana en beneficio de la transparencia y la rendición de cuentas.