Antes del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el que hizo historia como opositor en Veracruz fue su padre, el maestro Atanasio García Durán, quien en noviembre de 2004 fue el primer diputado local de un partido de izquierda que le tocó presidir la mesa directiva de una Legislatura estatal.
Postulado entonces por el PRD, el progenitor del actual mandatario veracruzano de Morena supo entender y adaptarse a ese momento histórico de la entidad, en la que el PRI, el partido en el poder, tuvo que cederle al sol azteca la mesa directiva y al PAN la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que recayó en el diputado Enrique Cambranis Torres, exdirigente estatal del blanquiazul.
Como se recordará, ante el apretadísimo margen (25 mil votos de diferencia, según el cómputo oficial) por el que el entonces candidato priista a gobernador, Fidel Herrera Beltrán, venció a Gerardo Buganza Salmerón, de Acción Nacional –quien 12 años después, en 2016, reveló que en realidad él había ganado aquellos comicios con menos de medio punto porcentual–, el cuenqueño se vio obligado a conciliar con las dos principales fuerzas opositoras y asegurar, con el llamado Pacto por Veracruz, la estabilidad política del estado al inicio de su administración.
Para ello, Herrera Beltrán no tuvo empacho en desplazar inclusive a exfuncionarios alemanistas, como el diputado local Alejandro Montano, quien presidió la Jucopo en el Congreso veracruzano menos de un mes, pues en cuanto su jefe político, Miguel Alemán Velasco, entregó el 1 de diciembre de 2004 la gubernatura a Fidel, éste maniobró para traspasarle al PAN esa relevante posición del Poder Legislativo.
La anécdota se recuerda porque casualmente, como solía repetir el hijo del ex presidente Miguel Alemán Valdés, “la política es una ciencia de conciencia, constancia y circunstancia”.
El nuevo revés que le dio este lunes el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al declarar inconstitucional el delito de ultraje a la autoridad en Veracruz, debería hacer reflexionar al gobernador Cuitláhuac García para tomar conciencia de esta circunstancia adversa y a partir de ahora conciliar y ser constante en lo que haya que cambiar, pues en menos de tres años quien deberá someterse al juicio de la historia y rendir cuentas a los veracruzanos será él como titular del Poder Ejecutivo.
En el gabinete que lo acompaña desde diciembre de 2018 hay funcionarios que ya no pueden dar más de sí. Ninguno debería sentirse con él por pedirle su renuncia, pues ha sido bastante tolerante y generoso con todos. Si quiere ganar el juego final de 2024, como buen mánager o director técnico García Jiménez tendría que hacer cambios y reforzar las líneas de la defensa, ataque o contención con relevos más frescos, hábiles y eficaces, que seguramente en las filas del obradorismo veracruzano deben existir.
Al presidente Andrés Manuel López Obrador no le ha temblado la mano para hacer los ajustes necesarios en su equipo de colaboradores, entre ellos algunos de los más incondicionales. Se deshizo, por ejemplo, de Irma Eréndira Sandoval, quien salió de la Secretaría de la Función Pública con la cola entre las patas tras la disputa de la candidatura de Morena a la gubernatura de Guerrero que pretendía para su hermano Pablo Amílcar; a la ministro de la Suprema Corte en retiro, Olga Sánchez Cordero, la sacó de la Secretaría de Gobernación y en su lugar puso a su amigo, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, quien ha recuperado el verdadero peso político de la SEGOB; y, entre otros, tuvo que sacudirse también a Julio Scherer Ibarra de la Consejería Jurídica de la Presidencia, a pesar de que, dijo, “es como mi hermano”. Ahora, con el escándalo de las presuntas extorsiones que un par de empresarios salinistas han denunciado en contra de un grupo de abogados vinculados con el ex funcionario, se entiende por qué el mandatario tuvo que sacrificar al hijo del extinto periodista Julio Scherer García, fundador de la revista Proceso.
¡URGEN BUENOS ABOGADOS!
La crisis jurídica por la que atraviesa el gobierno de Cuitláhuac García no es casual, pues en los principales cargos de la estructura gubernamental no hay un solo experto en Derecho.
En el caso del mandatario veracruzano, que es ingeniero de profesión, se justifica ya que él llegó a la gubernatura por la vía electoral. Pero, ¿cómo es posible que al frente de la Secretaría de Gobierno, de la Subsecretaría de Gobierno y de la Subsecretaría Jurídica y de Asuntos Legislativos no esté un solo abogado?
El titular de la SEGOB, Eric Cisneros, que es ingeniero agrónomo, ya nos demostró que es muy hábil… ¡pero con el machete!
Por cierto, en Palacio de Gobierno debieron resentir la ausencia de Julio Scherer Ibarra en la Consejería Jurídica de la Presidencia ahora que la Suprema Corte les enmendó la plana al determinar que es inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad, pues el abogado mantenía una estrecha relación con Cuitláhuac García y Eric Cisneros desde la campaña presidencial de 2018, ya que López Obrador lo designó su coordinador en la tercera circunscripción electoral, de la que forma parte el estado de Veracruz.