Como en los tiempos bíblicos, cuando Poncio Pilatos, gobernador romano de Judea, se lavó las manos para no intervenir en un asunto donde estaba de por medio la vida de un hombre, ayer López Obrador aplicó la misma estrategia cuando, en su conferencia mañanera, le preguntaron sobre la dura carta de denuncia que publicó su exconsejero jurídico y operador principal, Julio Scherer Ibarra, en la revista Proceso. “Nosotros no vamos a meternos en esas diferencias. Eso tiene que ver con tribunales, con el Ministerio Público, con juzgados y nosotros no vamos a meternos en esas diferencias, no queremos participar en eso”, dijo el presidente.
Así, como si ya tuviera preparada una respuesta y pretextando que está ocupado de tiempo completo “en la transformación del país”, el presidente eludió comentar sobre las fuertes acusaciones que realiza Scherer Ibarra en su texto, donde acusa al fiscal Alejandro Gertz Manero y a la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de confabularse para acusarlo de presuntos delitos como la extorsión y el tráfico de influencias a través de despachos de abogados. Pero peor aún, Scherer acusa al fiscal general de la República de haberle pedido —delante de un testigo que es el director de Proceso, Jorge Carrasco— que maniobrara para que los jueces federales negaran el amparo a Laura Morán y Alejandra Cuevas, acusadas ambas de negligencia criminal del que las acusa el propio Gertz Manero.
Como quien elude el bulto para deslindarse de un tema delicado, López Obrador pretende ignorar y minimizar que tres integrantes de la 4T, dos de sus más cercanos colaboradores de gabinete y el otro el fiscal de la República propuesto por él al Senado, están enfrascados en un pleito que no es nuevo, pero que ya emergió a la esfera pública con acusaciones mutuas por delitos graves, que van más allá de sus “diferencias”, como las llama el presidente.
Scherer acusa a Gertz en su texto de obstruir y manipular la administración de justicia, de presiones a jueces, del uso de la FGR para venganzas y temas personales o de la falta de calidad moral para ocupar la Fiscalía; mientras que Gertz sostiene que Scherer fue parte de una red de extorsión y tráfico de influencias a través de abogados que seguían sus instrucciones.
El presidente propuso a este fiscal para ser el primer titular autónomo de la nueva Fiscalía General de la República y aunque fue el Senado el que lo aprobó por mayoría, bien podría López Obrador asumir la responsabilidad política y constitucional que le corresponde y, en vez de seguir defendiendo a Gertz Manero como “un hombre honorable y honesto”, tendría que escuchar o por lo menos pedir que el Senado investigue y decida si el fiscal es apto para seguir desempeñando su cargo.
Curiosamente hasta ahora, en este pleito ya abierto y público, el presidente sólo ha defendido a Alejandro Gertz y no a quien fuera su operador de todas las confianzas. Es decir que, aunque aparentemente no toma partido, hasta ahora no se ha escuchado al presidente hacer una defensa de Julio Scherer.
No va a ser tan fácil que López Obrador se deslinde y minimice la implosión que ha comenzado en su círculo más cercano. Si el presidente dice que estos pleitos a muerte se deben definir en los tribunales, veremos si lo que salga de esos tribunales, sobre todo a partir de lo que declaren los acusados y acusadores, no termina salpicando al Palacio Nacional y directamente a la silla presidencial. Si estos pleitos escalan y se vuelven casos judiciales con resonancia nacional e internacional, el lavatorio de manos no salvará al presidente y a su 4T del escándalo y el desprestigio.