Con la Reforma Eléctrica de López Obrador en materia constitucional pendiendo de un hilo y entrampada ante la falta de una mayoría calificada en el Congreso, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrían abrirle “una puerta alternativa” al presidente para hacer realidad sus cambios al Sistema Eléctrico Nacional y devolverle a la CFE el control mayoritario de la generación de energía eléctrica. El proyecto con el que se estrena la ministra Loretta Ortiz, presentado la semana pasada y que propone declarar “constitucional” la Ley de la Industria Eléctrica de 2021, apunta a que la 4T va por esta ley como un sustituto en caso de que no puedan sacar los cambios constitucionales.
Porque bastarían los votos de cuatro ministros en el pleno de la Corte para que la cuestionada ley secundaria del sector eléctrico, que impugnaron los senadores de la oposición, la Cofece y el gobierno de Colima por considerarla inconstitucional, fuera validada y declarada constitucional por el principio de que prevalece “el interés público sobre el individual”, tal como lo invoca la ministra Ortiz Ahlf en su proyecto de sentencia. Además del voto evidente de la ministra ponente, se dan por hecho otros dos votos a favor de la constitucionalidad, el de Yasmín Esquivel Mossa y el del ministro presidente Arturo Zaldívar, y si a ellos tres se sumara el ministro Juan Luis González Alcántara, los tres juicios de inconstitucionalidad serían desechados dejando vigente la Ley de Industria Eléctrica.
Esa parece ser la nueva apuesta del presidente López Obrador y de la 4T ante el laberinto en el que se encuentra atrapada la iniciativa constitucional en materia eléctrica.
Porque sin los votos priistas, sin el consenso total de Morena en el Senado, donde Ricardo Monreal ha dicho que se requieren hacer “varias modificaciones” a la propuesta presidencial si se quiere negociar con la oposición, y con la presión y amenazas de Estados Unidos de demandar a México, los cambios constitucionales simplemente están entrampados.
Por eso la oposición ha enfocado sus baterías en alegar un “conflicto de interés” de la ministra Loretta Ortiz, ponente del proyecto, bajo el argumento de que ella fue diputada de Morena en 2013, cuando se votó la Reforma Eléctrica del presidente Peña Nieto, y votó en contra de esa iniciativa de ley que justamente es la que revierte la nueva Ley de la Industria Eléctrica a la que la ministra propone declarar constitucional. Los senadores de oposición preparan un escrito al presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, para pedirle que la ministra ponente se excuse y se abstenga de votar en la sesión del 5 de abril.
Si bien los turnos de los asuntos en la Suprema Corte se basan en un sistema aleatorio podría decirse que fue coincidencia el hecho de que fuera precisamente a Loretta Ortiz a la que le tocara revisar los tres juicios de inconstitucionalidad relativos a la ley eléctrica.
Así que, con un proyecto completamente a favor de la Ley de la Industria Eléctrica, propuesto por una ministra que es incondicional e ideológicamente afín a su proyecto, y al mismo tiempo una reforma constitucional atorada por falta de mayoría, todo indica que el presidente López Obrador buscará darles la vuelta a los opositores e intentará sacar su nuevo modelo eléctrico de control mayoritario estatal vía la Corte; ya tiene tres votos seguros, solo tienen que amarrar el del ministro González Alcántara. ¿Serán la Corte y los ministros pro 4T los que le abran la puerta al nuevo modelo eléctrico lopezobradorista ante la falta de acuerdos en el Congreso? Ese balón está en la cancha de los ministros, veremos a quién le dan el triunfo con su saque.