Conforme avanza el sexenio, por la resonancia mediática de sus frecuentes desatinos –algunos aparentemente deliberados por las presuntas consignas que recibe–, la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns, se encamina a convertirse en un pesado lastre para el gobernador Cuitláhuac García, quien hasta ahora la sigue defendiendo a capa y espada, atribuyéndole inclusive el mérito de abatir los índices de delitos de alto impacto en Veracruz, tal como lo aseguró en la conferencia de prensa que el pasado viernes 18 de marzo encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador en las instalaciones del Tercer Batallón de Infantería, de Minatitlán.
“Los datos que hoy se darán a conocer colocan a Veracruz como la entidad que más ha bajado los delitos de alto impacto. Pasamos de estar entre los primero cinco lugares en la incidencia delictiva de alto impacto al lugar 22 en promedio y por cada 100 mil habitantes.
“Lo reitero, esto ha sido posible después de dos años en los que se trabajó una estrategia de la que resalto dos aspectos fundamentales: Primero, y principalmente, procurar el bienestar de los más pobres, con los apoyos que usted ha impulsado, Presidente, el pueblo de Veracruz recibe más de 60 mil millones de pesos al año y esto se distribuye de manera directa a la gente. Ya no cunde la desesperanza, ni la descomposición social porque ahora se van enfrentando con bienestar.
“Segundo, y debo remarcar este hecho, se cambió al fiscal general del Estado, y se promovió el programa de coordinación de Cero Impunidad. Se rompió la vinculación de la delincuencia con la autoridad que prevalecía en los gobiernos que nos antecedieron”, afirmó.
Sin embargo, luego del caso de los seis jóvenes xalapeños que estuvieron presos más de tres meses por el delito de ultrajes a la autoridad pese a que había videos que demostraban que nunca agredieron a los policías que los detuvieron, los cuales mintieron deliberadamente –proceso penal irregular que motivó la primera confrontación política del gobernador García Jiménez con el líder del Senado, Ricardo Monreal, y por el que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación y finalmente un juez federal ordenó liberar a los imputados–, ahora a la fiscal Hernández Giadáns le ha reventado otro cuestionado expediente sostenido con alfileres, despertando sospechas de que pudiera haber incurrido en un conflicto de interés e inclusive hasta en la obstrucción de la justicia por la supuesta amistad que mantiene desde su adolescencia con Silvia Martínez Aguilar, su ex compañera de estudios de secundaria y preparatoria en el Colegio Motolinía, quien sería la tía a la que se refiere en un video Guadalupe Ferman Martínez, hija de la rectora de la Universidad Valladolid, Guadalupe Martínez, como la autora intelectual del crimen de su madre ocurrido en junio de 2020.
Según la versión de Ferman Martínez, ella atestiguó los hechos y afirmó que el móvil no fue el robo como se ha difundido.
Hace un mes, al preguntársele sobre esta recomendación emitida por la CNDH, el gobernador Cuitláhuac García respondió que “se está analizando”, pues dijo que “es extraño que se nos señale a nosotros porque la detención no la hicimos nosotros ni tampoco la Fiscalía General del Estado, ni tampoco la Secretaría de Seguridad Pública”.
Por esta razón, afirmó que su administración “analizará la respuesta muy bien”, sin descartar o confirmar que la recomendación de la CNDH será aceptada.
La fiscal Hernández Giadans declaró exactamente lo mismo, cuando el término para responder al organismo autónomo que preside María del Rosario Ibarra Piedra vencía al día siguiente, el viernes 25 de febrero.
La titular de la FGE evadió también confirmar o descartar si en la detención y tortura de la mujer participaron elementos ministeriales de Veracruz, aunque respondió que “todo se hizo debidamente, respetando los derechos”, aceptando tácitamente su participación.
El día anterior, el abogado penalista Tomás Mundo Arriasa afirmó que tenían los nombres y las pruebas que confirman que sí participaron policías ministeriales de Veracruz en la violación de derechos humanos de July Raquel, y dijo que en breve serían señalados y denunciados.
Mundo Arriasa aseguró que puede probar que los elementos de la FGE participaron en la detención ejecutada en la Ciudad de México, en el traslado y presentación de la mujer ante el juez que la requería. Además comentó que el protocolo de Estambul “determinó que sí hubo tortura por parte de los policías”, como la CNDH también lo señaló.
El año pasado, el abogado defensor René Rodolfo Paratte, declaró al portal Animal Político que el lunes 4 de abril de 2021, a petición de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, que abrió el expediente 822DOQ por este caso, July Raquel fue revisada nuevamente por médicos del Centro de Alta Especialidad Doctor Rafael Lucio (CAE), en Xalapa, quienes acreditaron que aún sufre continuos sangrados en la vagina, recetándole medicamentos para contener las hemorragias.
“Los médicos me dijeron que no es normal el sangrado continuo que tengo, y que incluso me puede dar anemia por tanta sangre que estoy perdiendo”, afirmó July al medio digital.
“Está sufriendo daños severos en prisión”, dijo el abogado Paratte. “Ha presentado sangrados internos continuos, y es obvio que una persona no está sangrando a cada rato. Y si lo hace es porque aún tiene daños de la agresión sexual de la que fue víctima”.
De acuerdo con la versión de July Raquel, los cuatro agentes ministeriales la detuvieron de forma arbitraria, con lujo de violencia y la agredieron sexualmente durante las siete horas de traslado de la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, al penal veracruzano donde la presentaron directamente ante un juez.
Durante el traslado, según denunció, fue sometida a toques eléctricos, golpes en las costillas, y asfixia, para que confesara el asesinato de la rectora de la Universidad Valladolid ocurrido el 29 de junio de 2020 en su domicilio particular, contiguo al campus universitario de su propiedad, ubicado en la congregación de Las Trancas, en la zona conurbada de los municipios de Emiliano Zapata y Xalapa.
Desde abril de 2021, cinco meses después de la polémica detención, el abogado Paratte afirmó que este caso de homicidio se tambaleaba ya que “la Fiscalía no tiene elementos para tener vinculada a July”, por lo que “ahora nos resulta inaudito que también quieran investigar a un hermano”.
“Creemos que es una cacería de brujas, como se dice coloquialmente. La Fiscalía se ha mantenido firme en mantener encerrada a July Raquel a como dé lugar”, denunció en ese entonces el letrado.
Pero tampoco había elementos para implicar a su hermano, pues Martín Flores, padre de July, mostró al diario digital Animal Político fotografías de la ubicación en tiempo real que ese 29 de junio de 2020, el día del homicidio de la rectora en Xalapa, su hijo le mandó a su pareja. De acuerdo con las imágenes, el hermano de July inició su ubicación en tiempo real a las 7:42 de la mañana cuando se encontraba en las inmediaciones de la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, apenas una hora antes de que, a 350 kilómetros de distancia, asesinaran ese penúltimo día de aquél fatídico mes a la rectora.
A July Raquel, como ya se ha informado, la incriminan en el homicidio de la rectora de la Universidad Valladolid por un coche Honda Civic blanco, que sí estuvo en el lugar del asesinato, y que July rentaba para dar servicio de chofer de la plataforma Uber a un hombre de iniciales E.R.G con domicilio en el Estado de México.
Para incriminar a July, la única prueba que este hombre entregó a los policías ministeriales de Veracruz fue un contrato de compra-venta que los policías dieron por válido, a pesar de que al momento de interrogarlo, el 30 de julio de 2020, los agentes tenían constancia de que quien aparecía ante la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) como dueño del Honda era este hombre y no July Raquel.
En la carpeta de investigación tampoco hay rastro de una factura de la compraventa del vehículo, ni de un comprobante de la transacción, ni un estado de cuenta con el supuesto ingreso por la venta, y no hay constancia por escrito de la presencia de un testigo en la firma, ni de un notario público.
Por si fuera poco, la supuesta firma de July Raquel en el contrato es distinta a la que figura en su INE y en otros múltiples documentos. Incluso, es diferente a la que aparece en el acta que firmó July Raquel tras su aprehensión, y que forma parte de la carpeta de investigación 294/2020 que la Fiscalía a cargo de Verónica Hernández Giadáns abrió en su contra.
Además, testigos declararon por medio de oficios, que July Raquel estuvo trabajando haciendo labores de jardinería junto a su padre, hermano y su pareja, el día del homicidio, en un kínder de Cuautitlán Izcalli, a más de 400 kilómetros de donde fue asesinada la rectora en Xalapa. Y aportaron copia de los chats que mantuvieron con ella ese día, e incluso el comprobante de la transferencia bancaria que le realizaron ese 29 de junio por los trabajos de jardinería.
A pesar de lo anterior, la Fiscalía sostiene que July Raquel estuvo en el lugar de los hechos, basándose en el contrato de compra venta ya señalado, y en la declaración de varios testigos y los videos de la tienda de autoservicio.
Pero en dichas pruebas también hay inconsistencias. La más contundente: en las imágenes de la tienda que hay en el expediente del caso, se observa una mujer con una blusa de manga corta que le deja a la vista ambos brazos desnudos y limpios de tatuajes. July Raquel, en cambio, tiene hasta nueve tatuajes, cuatro de ellos plenamente visibles en brazos, antebrazos y muñecas. De hecho, en su perfil de Facebook, que la Fiscalía investigó antes de detenerla, existen varias fotografías de ella con tatuajes en los brazos.