Raymundo Riva Palacio
Estrictamente Personal
Las cañerías que conectan con el despacho del presidente Andrés Manuel López Obrador han quedado al descubierto. Julio Scherer, que por más de 20 años estuvo al lado del presidente, ayudándolo legalmente, arropándolo a él y a sus hijos en todo lo que necesitaran, y que renunció a finales de agosto inconforme porque López Obrador, molesto por los señalamientos de corrupción en su contra le estaba quitando el enorme poder político que le dio durante la primera parte del sexenio, detonó una bomba este fin de semana. En un artículo en Proceso denunció al fiscal general y a la exsecretaria de Gobernación de presuntos delitos de uso indebido del servicio público, abuso de poder, tráfico de influencias y omisión de responsabilidades, acusándolos de persecución en su contra.
La denuncia de Scherer tiene en su conclusión un mensaje al presidente López Obrador. “El país no podrá cambiar del todo mientras la justicia sea rehén de hombres como (Alejandro) Gertz Manero”, afirmó. “Su fiscalía no tiene contrapesos constitucionales y hoy es un peligro”. ¿Para quién es el peligro? Antes de responder habría que preguntarse porqué Scherer, quien había negado públicamente el conflicto con Gertz en una carta que envió en diciembre a este espacio donde se había revelado el choque, disparó ahora con tanta fuerza. Cinco momentos condujeron probablemente a ello:
1.- La decisión de Gertz Manero, pese a las indicaciones del presidente, de perseguir penalmente a Scherer, a través de un grupo de abogados cercanos a él (el caso de Juan Collado y la Caja Libertad, que menciona en la denuncia), y de manera directa (en los casos de Miguel Ángel Junquera y el Cruz Azul, el de Carlos Álvarez Puga e Inés Gómez Mont sobre los factureros, y el de Paulo Díez Gargari y el Viaducto Bicentenario, también señalados en la misma).
2.- El fracaso de la gestión para apagar el conflicto, que intentó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López por instrucciones del presidente el pasado jueves, para frenar la lucha entre Gertz y Scherer. Las conversaciones fracasaron desde un principio por la virulencia del fiscal que no permitió encontrar un acuerdo para detener lo que López Obrador ha descrito en las reuniones de gabinete, tras la difusión de audios del fiscal, como “fuego amigo”.
3.- La bocanada de oxígeno que le dieron seis ministros a Gertz Manero en la sesión del pleno de la Suprema Corte donde se revisaron los amparos de su excuñada y su hija, pese a los detallados abusos de poder y tergiversación de la ley que fueron expuestos en la misma reunión, al haberse utilizado a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México y al Tribunal Superior de Justicia capitalino, para saciar la venganza del fiscal.
4.- El trato acolchonado que le dio la Junta de Coordinación Política y la Comisión de Justicia del Senado a Gertz Manero, donde la mayoría de los presentes fueron zalameros con el fiscal.
5.- Finalmente, la instrucción del presidente, vigente cuando menos hasta antes de publicarse la denuncia, de defender con todo a Gertz Manero de las críticas en la prensa, bajo el supuesto de que los “ataques” contra él son en realidad para el presidente por parte de sus adversarios que quieren descarrilar su gobierno.
Las premisas del presidente son equivocadas. Los señalamientos en la prensa han sido puntuales sobre su riqueza escondida (la revelación de una casa suya en Las Lomas, fue el inicio del conflicto entre Scherer y Gertz Manero), sobre sus abusos de poder (la persecución de su familia política, donde Scherer no lo ayudó a incidir en el Poder Judicial a su favor), y sobre los abusos de autoridad (en los casos de Rosario Robles y Jorge Lavalle), mientras que el paradigmático (el caso Lozoya), se ha colapsado. Las críticas al fiscal no son para el presidente, quien probablemente, si decidiera el final de Gertz Manero, recibiría aplausos. Los costos de un apoyo incondicional a partir de un mal diagnóstico, sí.
Ante todo este panorama, Scherer pudo haber visto que con todo el respaldo presidencial y sin contrapesos en los otros dos poderes, el destino más probable sería la cárcel. En este sentido puede entenderse la denuncia de Scherer, que lo que hizo fue detonar una bomba sobre el escritorio presidencial como única defensa. De ahí también los señalamientos a la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Codero, quien aportó los elementos para que, en alianza táctica con el fiscal, comenzara lo que Scherer llama persecución con medidas de extorsión.
Sánchez Cordero, admitió Scherer, entregó un expediente de despachos que presuntamente estaban coludidos con el entonces consejero jurídico para extorsionar a personas, que fue el punto de partida de la investigación del fiscal contra los despachos. Ella siempre ha negado ser la autora de tal documento que, sin embargo, de acuerdo con personas que conocen detalles de la génesis del conflicto en el olimpo lópezobradorista, fue elaborado por su protegido, el ex subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta.
Sin embargo, el papel de la hoy senadora, para efectos del fondo de la denuncia de Scherer, es circunstancial, y él mismo la relega a un lugar secundario, porque el problema que planteó al presidente tiene otra escala, el poder absoluto que tiene el fiscal y la imbricada red de lazos entre la Fiscalía y la Suprema Corte de Justicia, que hacen añicos la separación de poderes y la certidumbre en el Estado de Derecho. No deja de ser paradójico que tanto Gertz Manero le debe el cargo a Scherer, como Arturo Zaldívar la Presidencia de la Corte.
El “peligro” que plantea no puede reducirse a su caso particular. Su denuncia es por la forma como Gertz Manero manipula y tuerce la ley inescrupulosamente. Si el cargo es transexenal, su sueño de meter a la cárcel a un presidente podría no encontrar su objetivo en el pasado, sino en el presente. En el fondo es lo que advierte Scherer al presidente. Ya veremos si lo escuchan.