La derrota en el Congreso del proyecto de López Obrador en materia energética es festejada, por razones obvias, como una victoria de la oposición. Pero si no abordamos algunos de los serios problemas que tal iniciativa intentaba enmendar, podríamos encontrarnos con una derrota para todos los mexicanos. Las soluciones pueden ser parecidas o distintas, pero resulta urgente resolver los preocupantes temas de corrupción y abuso, pérdida de soberanía y ausencia de estrategias de largo plazo en materia energética.
Dos explicaciones
Si quisiéramos verlo en términos puristas, lo que sucedió este domingo es el resultado de la composición actual del Congreso, producto a su vez de la manera en que los votantes se expresaron en las últimas elecciones: le dieron la mayoría al partido en el poder, pero no la capacidad para impulsar cambios estructurales de manera unilateral o al margen de las otras fuerzas políticas. Tiene razón López Obrador cuando afirma que detrás de esta propuesta de contra reforma energética hay en el fondo la disputa por dos modelos distintos de nación. La composición del Congreso, en estricto sentido, reflejaría la voluntad de los electores: “quiero los cambios impulsados por la 4T pero aquellos que sean irreversibles o redefinan la relación entre el Estado y la sociedad, deben ser negociados con el resto de la comunidad”.
Ahora bien, esa sería una aproximación formal, pero si queremos abordarlo desde la llamada realpolitik, el desenlace de la reforma tiene que ver menos con los ciudadanos y más con los arreglos entre las élites políticas. Y en ese sentido no podemos ser ingenuos. El PVEM votó a favor de la iniciativa y el PRI en contra de ella, no porque tales organizaciones hubieran hecho un balance cabal de las ventajas y desventajas de la propuesta. No, la decisión del PRI tiene muy poco que ver con sus convicciones y mucho con sus intereses inmediatos. El PRI votó así, y por consiguiente la reforma no fue aprobada, porque fracasaron las negociaciones entre la 4T y el partido tricolor. “No se les llegó al precio político o económico”, dicen en los corrillos de Palacio, sea porque exigieron demasiado o porque el Presidente no estaba dispuesto a comprar sus votos. En las columnas políticas se especulaba, incluso, la posibilidad de entregar alguna gubernatura, de las seis que estarán en disputa. Pero si tal oferta se hizo, algo imposible de comprobar, es evidente que esta no fue del gusto de Alejandro Moreno, el presidente del partido, quien tiene su propio juego, y decidió mantenerse en la llamada Alianza por México. En consecuencia, el líder operó desde el Consejo Político para forzar a disciplinarse a los priistas que habían simpatizado o fueron seducidos con la propuesta obradorista.
Así que las explicaciones para el desenlace de este domingo difieren a partir de que echemos mano de una óptica formal sobre democracia y representación, o privilegiemos una mirada cínica sobre arreglos entre las élites. Usted escoja.
¿Qué sigue?
Mucho más importante es abordar las consecuencias, que también son variadas. Por un lado, las que atañen al propio sector energético y por otro, las de carácter político. A falta de espacio dejaré para un texto posterior las segundas, es decir, las maneras en que esta votación influye en las futuras relaciones entre la 4T y la oposición.
Para algunos puede ser un alivio el rechazo a la iniciativa obradorista, pero deja intocados problemas reales. La iniciativa de AMLO respondía a un diagnóstico preocupante que no podemos ignorar. La reforma de Peña Nieto proponía una modernización que terminó subordinando criterios de interés público a prácticas distorsionadas por el abuso y la expoliación. La voracidad arrasó con algunas de las pretendidas bondades de un régimen de mercado libre en materia energética. Se puede no coincidir con la manera en que la iniciativa amloísta intentaba enmendar tales problemas, pero ahora que ha sido desechada esta propuesta habría que preguntarnos cómo vamos a subsanar lo que intentaba enmendar.
Por un lado, la vulnerable situación de dependencia en la que nos deja la apertura irrestricta al dominio de trasnacionales que operan sobre la lógica de un interés privado e inmediato. No solo porque para las fuerzas del mercado no hay incentivos para otorgar electricidad a regiones despobladas o de difícil acceso. La crisis por la guerra de Ucrania ha dejado a la vista las muchas restricciones que las potencias ejercen en materia energética por razones de seguridad nacional, garantía de abasto y soberanía. A Pemex le llevó varios años la compra de una refinería en Texas porque primero tuvo que pasar por los rígidos candados que por motivos de seguridad nacional impone Washington. Dicho de otra manera, cada vez está más claro que dejar la estrategia energética de un país en manos de fondos de inversión anónimos (verdaderos dueños de las grandes empresas privadas) es una irresponsabilidad. Cuando la iniciativa peñanietista apenas iba, las grandes potencias ya venían de regreso en esa materia.
Por otro lado, la utilización de la infraestructura nacional, de las presas hidroeléctricas o de las líneas de transmisión, propiedad de todos los mexicanos, fueron subordinadas a contratos leoninos destinados a maximizar utilidades de estas trasnacionales. Cada país debe encontrar un equilibrio razonable y realista que transite a las energías limpias, pero bajo una progresión paulatina en la que no existen reglas mágicas. Recordemos que las grandes potencias siguen siendo las mayores productoras y consumidoras de carbón en el mundo. Cada país está obligado a resolver la difícil ecuación entre la oferta disponible de recursos, la necesidad de llevar energía accesible a sus ciudadanos y el respeto al medio ambiente. Usar las energías limpias como coartada para la maximización de ganancias o evadir la responsabilidad institucional en aras de una supuesta mano del mercado resulta criminal. Pretender que esa compleja estrategia de mediano y largo plazo sea la resultante del interés sumado de empresas gigantes concentradas en la explotación de corto plazo, es absurdo.
La pregunta de fondo es qué vamos a hacer como sociedad para modernizar al sector energético, responder a los retos ambientales, asegurar temas básicos de soberanía nacional, garantizar el acceso de la población a un bien estratégico. Los usos y abusos de la reforma de Peña Nieto están a la vista.
Tendríamos que trascender el enfoque polarizado de los que se regodean en supuestas victorias o se rompen vestiduras por aparentes derrotas. Esta propuesta no caminó por razones que pueden discutirse, pero eso no elude a la responsabilidad de la sociedad en su conjunto, y de las élites políticas y económicas en particular, para resolver un tema crucial para todos.
Jorge Zepeda Patterson
@jorgezepedap