La molestia en Palacio por no alcanzar los votos necesarios para formar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados continúa, pero lejos de dirigirse a los de casa, como el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier o su jefe, el dirigente nacional Mario Delgado, que fueron incapaces de convencer a los priistas de darle su voto, los coletazos de la Presidencia de la República están apuntando a los opositores que se negaron a darle los votos que le faltaban y algunos de sus aliados del PVEM a los que culpan de no haber operado con sus amigos del PRI para conseguir los 55 votos que se necesitaban para apoyar la fallida “Ley Bartlett”.
La furia del inquilino de Palacio Nacional se está dirigiendo particularmente a dos personajes: por un lado al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, a quien acusan de no haber cedido a las peticiones de apoyo que le hicieron directamente del Palacio Nacional, y al coordinador de los senadores del PVEM, Manuel Velasco Coello, a quien según comentan a esta columna, le habían encomendado la labor de convencer a su compadre “Alito” para que cediera los votos necesarios para aprobar la Reforma Eléctrica. Curiosamente la molestia no es contra el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, y sí contra el diputado y dirigente de su partido.
Y ayer comenzaron a sentirse los efectos de los coletazos de la 4T cuando en distintos medios aparecieron notas con presuntas investigaciones y expedientes en contra tanto de Velasco Coello, como de Moreno Cárdenas, todos relacionados con su actividad como gobernadores de Chiapas y Campeche, respectivamente. En el caso de Manuel Velasco, ayer se filtró un expediente sobre un presunto desvío de 1 mil millones de pesos, a pesar de ser un aliado incondicional de Morena y del presidente y de que es sabido que apoyó a Andrés Manuel López Obrador y a su partido para que prácticamente arrasaran en los comicios de 2018 en Chiapas.
En cuanto al líder priista, se habla de una denuncia de junio de 2021 interpuesta en su contra ante el SAT, en la que lo acusan de haber desviado 59 millones de pesos del erario de Campeche a través de empresas fantasma.
Según comentan en Palacio, en ambos casos la búsqueda, reactivación y filtración de expedientes les fue encargada directamente a dos mujeres leales al Presidente: la directora del SAT, Raquel Buen Rostro, y la fiscal Anticorrupción de la FGR, María de la Luz Mijangos, en el plano federal, aunque también podrían sumarse a esta ofensiva los gobernadores morenistas de Chiapas y Campeche, Rutilio Escandón y Layda Sansores, quienes podrían aportar información desde sus estados en contra de sus antecesores.
La paradoja ahora que la bestia encolerizada de la 4T da coletazos es que el Presidente no les exige ni les reclama a sus operadores de casa como Mier y Delgado resultados, pero sí a los aliados y opositores.
De haber elementos en contra de los personajes mencionados, que terminaron sus gubernaturas en 2018 y 2019 respectivamente, la pregunta es por qué durante cuatro años nunca los investigaron o acusaron y por qué ahora sí lo hacen. Y ahí, entre las lealtades al Presidente, también hay ambiciones e intereses personales y políticas como la de la fiscal Anticorrupción, María de la Luz Mijangos, quien desde hace meses es señalada de estar buscando sustituir al cuestionado fiscal Alejandro Gertz Manero. ¿Qué estaría dispuesta a hacer la señora fiscal con tal de complacer a quien puede promoverla como una posible sustituta en la FGR?