Hace unos días, las y los legisladores de ambas cámaras recibieron en sus oficinas un proyecto de reforma que propone añadir un nuevo capítulo al Titulo Sexto de la Ley Federal del Trabajo, para regular la relación laboral que existe entre las personas que distribuyen y entregan objetos y alimentos a domicilio y las empresas que poseen las plataformas electrónicas que gestionan ese negocio. Una reforma indispensable para otorgar derechos laborales a las y los repartidores que se han convertido, cada vez más, en parte de la vida cotidiana de las grandes ciudades.
En un estudio reciente de El Colegio de México —coordinado por Carlos Alba, Graciela Bensusán y Gustavo Vega, El trabajo del futuro con derechos laborales— puede leerse que 8 de cada 10 personas que prestan sus servicios a esas plataformas tienen esa labor como su única fuente de ingresos; que en promedio trabajan 9 horas diarias; y que solo descansan un día. Cerca de la mitad de esos trabajadores había sufrido un accidente repartiendo pedidos (43%) y, de acuerdo con la organización Ni Un Repartidor Menos, desde el inicio de la pandemia y hasta la fecha han muerto 61 repartidores, atropellados en las calles de la CDMX.
Hace ya varios años que Nosotrxs —ese movimiento que pugna por hacer valer los derechos sistemáticamente vulnerados en el país— ha estado colaborando con las organizaciones que, poco a poco, han ido agrupando a las personas repartidoras con el propósito de que las empresas que los emplean, los reconozcan y los protejan como trabajadores, porque eso son: trabajadores que reciben un sueldo a destajo. Gracias a esas organizaciones, el año pasado el IMSS abrió una pequeña rendija para que las y los repartidores que así lo deseen puedan inscribirse como derechohabientes. Pero al mismo tiempo eximió de toda responsabilidad a las empresas a las que sirven.
La reforma que propone Nosotrxs es simple y directa: busca el reconocimiento legal de esa relación laboral, en el Título de trabajos especiales de la Ley Federal del Trabajo. El proyecto no se remitió a un grupo de legisladores o a un solo partido, sino a todas y todos los legisladores de ambas cámaras, porque realmente es indispensable y urgente que alguien haga eco de esa demanda ante el Legislativo. Vale la pena insistir en los datos: 61 personas han muerto haciendo ese trabajo sólo en la capital del país y casi la mitad ha sufrido algún accidente.
Las empresas no sólo han eludido cualquier gesto de solidaridad ante esos hechos, sino que además no pagan el tiempo de las personas repartidoras mientras esperan algún pedido, les obligan a utilizar sus propios medios de locomoción, les exigen comprar las mochilas que hacen publicidad a esas plataformas, determinan unilateralmente las remuneraciones y castigan a quienes se atreven a disentir. Por donde se le vea, esa relación entre trabajadores y patrones es una injusticia redonda.
Nosotrxs optó por entregar esa iniciativa al comenzar el receso legislativo, con la esperanza de que antes de comenzar el mes de septiembre, algunos y algunas de las legisladoras hayan tenido tiempo de leerla y de hacerla suya. Por lo demás, sería una reforma claramente compatible con la agenda del partido oficial e imposible de rechazar por las oposiciones, o viceversa. No dañaría el éxito comercial de esos negocios, pues los costos serían trasladados —en cantidades insignificantes por cada entrega— a quienes hacen uso de esos servicios y, además, las y los repartidores pasarían a formar parte del trabajo formal, sin perder flexibilidad en el uso del tiempo que ocupan para repartir cosas.
Cuesta trabajo pensar que una iniciativa como esta sea desdeñada: merece saltar el muro feroz de los desencuentros que nos están agobiando.
Investigador de la U. de Guadalajara