En todo el mundo, el Estado y el crimen organizado siempre se están disputando el monopolio de la protección de las personas y su patrimonio. Son competidores natos. Ahí donde el Estado es débil, abundan grupos armados que actúan como autoridad, una especie de árbitro, en el intercambio de bienes y servicios de la sociedad.
Es lo que encontró Diego Gambetta en su maravilloso estudio sobre la mafia siciliana. Debido a la debilidad estructural del Estado italiano en la lejana Sicilia, los mafiosos eran los únicos con la capacidad de ofrecer protección privada a la ciudadanía. Si alguien quería vender una vaca y otro comprarla, llamaban a un mafioso para arbitrar el convenio.
Naturalmente el criminal se llevaba una comisión, pero su presencia minimizaba los costos de transacción para el vendedor y comprador. De ahí que Gambetta caracterizara al crimen organizado como un negocio de protección privada.
A lo largo de los últimos años hemos visto en México una creciente debilidad del Estado para controlar territorios, lo cual ha aprovechado el crimen organizado para imponer su poder y “vender” protección privada.
Pongo el verbo vender entre comillas porque no solo protegen a los ciudadanos de otros grupos delincuenciales sino de ellos mismos, es decir, extorsionan: el que no paga “derecho de piso” le queman el negocio, le rompen las piernas o lo matan. Esto, en lugar de minimizar los costos de transacción, como lo definía Gambetta, incrementa los precios en un mercado. Los empresarios le pasan el costo de la extorsión a sus clientes.
Las mafias en nuestro país han venido creciendo a pasos agigantados en los últimos años.
En 2021, el general Glen VanHerck, jefe del Comando Norte de Estados Unidos, declaró que entre 30% y 35% del territorio mexicano ya constituye un “espacio no gobernado” por el Estado y donde, por ende, han prosperado los “cárteles de las drogas”.
Demos por bueno este terrorífico porcentaje que, lógicamente, rechaza el gobierno de México.
A nuestros vecinos del norte lo que más les preocupa son los grupos que se dedican a la exportación de drogas a su país, en particular el fentanilo que es una sustancia que mata a más de cien mil personas en Estados Unidos cada año.
El problema es que estas mafias, ya sea los grandes cárteles como el de Sinaloa o el Jalisco Nueva Generación, así como cientos de pequeños o medianos grupos regionales, han expandido su negocio. No solo ofrecen protección privada del estilo que encontró Gambetta en Sicilia, sino también se han diversificado a la extorsión con el derecho de piso y, más recientemente, ya al control monopólico de productos ilegales e, incluso, legales.
Me explico. Por definición, los criminales organizados controlan el negocio, y tienden a monopolizarlo, de los bienes ilegales: drogas, prostitución, alcohol adulterado, cigarros que no pagan impuestos, migrantes indocumentados, piratería, combustible robado, agio, homicidios intencionales, pesca de especies en extinción, etcétera. Eso, además de la protección privada y la extorsión, les deja mucho dinero.
Pero, ahora, se han expandido a controlar y monopolizar productos legales.
De acuerdo a notas periodísticas, en Guerrero, son el pollo, la tortilla y la cerveza. En Michoacán, las cosechas de aguacate y cítricos. En Morelos, la provisión de agua potable.
En Chiapas, las maderas preciosas. En algunos municipios del Estado de México, incluyendo el de Valle de Bravo donde tienen casas de campo familias muy prósperas de la capital, el gas LP.
En grandes obras, inclusive que construye el gobierno federal, es la grava.
Con la fuerza que tienen, y la ausencia del Estado, los criminales organizados se convierten en distribuidores y comercializadores únicos de estos productos con una gran capacidad de manipular sus precios y extraer enormes rentas monopólicas. Y, lógicamente, la Comisión Federal de Competencia Económica no tiene ninguna capacidad de investigarlos y sancionarlos.
En suma, los delincuentes se están apoderando y monopolizando no solo del negocio de protección que le corresponde al Estado, sino de todos los mercados de productos ilegales y, ahora, hasta de los legales. Cada vez controlan más territorio y, con las enormes ganancias que obtienen, están diversificando sus negocios. Una triste realidad que el gobierno de López Obrador se sacude con una frasecita boba (“abrazos y no balazos”).