Todos los países van cambiando de acuerdo a sus circunstancias. A veces dan pasos hacia adelante en un tema, a veces para atrás. Lo estamos viendo en Estados Unidos. Después de 50 años de haber reconocido el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente un embarazo, la Suprema Corte de esa nación finalmente reculó. El viernes sentenció que toca a cada uno de los estados de la Unión Americana legislar sobre este asunto.
Ni tardos ni perezosos, 26 de las 50 entidades anunciaron la prohibición de este derecho. No habrá más abortos legales. Se salieron con la suya los conservadores estadunidenses. Durante lustros trabajaron para meter jueces afines a su pensamiento en la Suprema Corte y revertir el histórico caso Roe vs. Wade que legalizó, en 1973, el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente un embarazo en todo Estados Unidos con mínimas restricciones gubernamentales.
Los liberales se durmieron en sus laureles y dieron como un hecho irreversible la conquista de este derecho. Se equivocaron.
Mucho tenemos los mexicanos que aprender de lo acontecido.
Aquí, a diferencia de Estados Unidos, vamos por el rumbo correcto, es decir, reconocer el derecho de las mujeres a decidir qué hacer con su cuerpo. Eso pienso yo que siempre he sido un liberal en este tema.
Y, como siempre reitero, no es que yo esté a favor del aborto. Para nada. Creo que abortar es una de las decisiones más difíciles que puede tomar una mujer en su vida. No obstante, les corresponde a ellas, de acuerdo a sus circunstancias y convicciones, el tomar dicha decisión. El Estado no debe meterse en este asunto en las primeras semanas del embarazo.
Este punto es toral: cuándo el producto de una gestación ya se considera como una vida a salvaguardar. En eso todavía no hay un consenso ni médico ni jurídico. Es parte de la polémica entre conservadores y liberales. Yo, por cierto, respeto mucho a los primeros que sí debaten con argumentos y evidencia empírica. Hasta ahora no me han convencido. Con los que no se puede discutir es con los “ayatolas” que insultan o citan a Dios.
Dejando fuera el asunto de la temporalidad en la legalización de un aborto, si es o no a los tres meses del embarazo, la decisión la deben de tomar las mujeres en las primeras semanas. Muchas determinarán no hacerlo por sus convicciones religiosas y estarán en su derecho. Otras no. Que ellas decidan. Al Estado no le corresponde prohibirlo de manera tajante, mucho menos castigarlo con cárcel.
Por eso celebré la decisión del año pasado de la Suprema Corte de Justicia de nuestro país. En una votación unánime de diez votos a cero (un juez se ausentó por motivos personales), los ministros mexicanos declararon inválido el artículo 196 del Código Penal de Coahuila por establecer una pena de prisión a la mujer que voluntariamente practicara su aborto, o a quien la hiciere abortar con el consentimiento de ella.
De esta forma, el Pleno de la Corte resolvió que es inconstitucional la criminalización de la interrupción voluntaria de un embarazo al vulnerar el derecho de la mujer y de las personas gestantes a decidir. Reconoció, eso sí, que, conforme pasa el tiempo, el producto de una gestación merece una protección diferente por parte del Estado.
Con esa resolución, liderada por el ministro presidente Arturo Zaldívar, nuestra Corte asumió una postura liberal enviando el mensaje de que no se puede castigar en México a las mujeres por abortar ni impedir que el personal sanitario las asista en esta operación.
Y, como se alcanzó una mayoría de más de ocho votos del Pleno, los casos de normas penales, presentes y futuras, de los estados que criminalicen el aborto de manera absoluta deberán considerarse como inconstitucionales. No puede haber duda.
Gracias a la Suprema Corte mexicana, casi 50 años después de Roe vs. Wade en Estados Unidos, se reconoció un derecho por el que llevaban peleando feministas de viejo y nuevo cuño. Pero, ojo, no podemos pasar como si nada lo ocurrido en el vecino del norte, un país que siempre fue más liberal que el nuestro, pero donde, ahora, los conservadores se salieron con la suya y lograron un retroceso. Por eso, la lucha debe continuar. El reconocimiento de un derecho no se puede quedar a nivel del Poder Judicial. A final del día, hay que seguir peleando para que los congresos, federal y estatales, legislen este derecho, de tal suerte que en todo el país las mujeres pueden abortar sin problemas en hospitales públicos y privados como hoy sucede en la Ciudad de México.