El presidente Andrés Manuel López Obrador pasó en apenas 48 horas del “uy, qué miedo” al “nos vemos en el Zócalo el 16 de septiembre”, respecto al reclamo de Estados Unidos a México en materia de política energética, en el marco de los acuerdos del T-MEC. Responder con la canción de Chico Che tenía como propósito minimizar lo que a su juicio era una reacción exagerada de lo que sus críticos definían como “un jalón de orejas” e interpretaban como el primer paso a un cambio en las relaciones comerciales con nuestros socios norteamericanos. El Presidente arropó la canción de su paisano entre frases tranquilizadoras como “no va a pasar nada”, tratando de restar importancia al planteamiento de las autoridades del país vecino. Y en realidad, así era. Es la quinta vez que alguno de los socios del tratado comercial solicita un panel de consultas para desahogar una queja o una presunta violación y normalmente han sido entre Estados Unidos y Canadá. Por lo regular termina con alguna negociación entre las partes. En el mejor de los casos el panel se resuelve a favor de México, en el peor de ellos se establece una fórmula compensatoria. Y desde luego, entre estos dos extremos caben distintas modalidades de conciliación de intereses.
En ese sentido, no era descabellado que el Presidente buscara desinflar el alarmismo y la estridencia con la que el asunto había sido tratado por la prensa adversa. Aunque, insisto, la folclórica figura del “uy que miedo”, lejos de minimizarlo constituyó una forma de provocación, la intención de fondo era quitarle peso al supuesto conflicto de magnitud histórica con Estados Unidos. El reclamo parecía haber entrado en una vía institucionalizada, cuando el presidente anunció que incorporaría a Jesús Seade al equipo que prepararía la respuesta mexicana y aseguraba que los argumentos para defender nuestra posición eran sólidos y legales.
Sin embargo, el viernes pasado sorprendió a todos con un giro inesperado. Informó que utilizaría la ceremonia del 16 de septiembre y el Zócalo lleno para dar a conocer la respuesta del gobierno mexicano. No se trata de un asunto de forma. Primero, convierte lo que sería una desavenencia comercial y jurídica, atendible a través de los mecanismos institucionales previstos, en un affaire político. La contra argumentación que debería entregarse a un panel de especialistas, será previamente ventilada en la arena pública. Segundo, el intento de “desescalar” o minimizar la protesta estadunidense (luego secundada por los canadienses) como un desencuentro circunstancial, ahora es llevada al espinoso terreno que se abona con palabras grandilocuentes como soberanía e intromisión.
Por lo general Andrés Manuel López Obrador ha sido particularmente cuidadoso en no involucrar el discurso nacionalista en las relaciones con Estados Unidos. En materia migratoria, comercial, fronteriza, acuerdos de intercambio de aguas, remesas, entre otros frentes, el Presidente ha exhibido una actitud sumamente responsable, práctica y realista. Salvo aquello en lo que interviene la DEA, a la que parece guardarle agravios, AMLO ha mostrado una y otra vez una enorme auto contención. Y allí está la hábil relación que supo tejer con Donald Trump, pese a las muchas oportunidades que tuvo para convertir las provocaciones del neoyorquino en un formidable combustible para alimentar un furibundo y rentable nacionalismo.
Trasladar al Zócalo y al día de la conmemoración de la Independencia una desavenencia entre las dos naciones, y comenzar hablar de intenciones imperialistas lo que en este momento no pasa de una gestión contemplada por los acuerdos internacionales, constituye un cambio de estrategia significativo. ¿Por qué lo hace el Presidente?
Podría simplemente ser un acuse de recibo de lo que López Obrador considera que va más allá de una mera desavenencia empresarial. En la misma mañanera en la que anunció lo del 16 de septiembre se quejó de que el fondo de la querella no era económico sino político, al ser instigado por el Departamento de Estado, aún cuando en lo formal fuese conducido por la oficina de comercio. A su juicio, los intereses locales e internacionales contrarios a su política energética, encaminada a la autosuficiencia y a devolver al Estado un papel protagónico, están aprovechando un recurso del T-MEC para hostilizar e impedir los cambios que su gobierno propone. Podría no estar equivocado.
En ese sentido, y anticipando que el dichoso panel fuese una estancia en la que se impongan los halcones, por encima de argumentos y razones, el Presidente estaría construyendo músculo político interno, para obtener el respaldo popular frente a los sacrificios que haya que hacer en caso del peor escenario: es decir, el pago de alguna compensación millonaria. En otras palabras, si México recibe alguna sanción será el resultado del avasallamiento intervencionista, opuesto al interés nacional, y no producto de un error o una violación del gobierno a los tratados internacionales. Mantener la dignidad frente al abuso y no claudicar en la misión de perseguir la autosuficiencia energética, justificarían asumir cualquier sanción, por injusta que parezca.
No significa que eso es lo que vaya a suceder. Dependerá de la evolución de las negociaciones mismas, y eso aún no está claro. López Obrador tiene todavía las dos vías abiertas, la política y la institucional, y correrán en paralelo. Pero habrá que estar atentos para advertir cuál de las dos acentúa en los próximos días. Lo del 16 de septiembre podría quedar en un mero acto simbólico, sobre todo si encuentra oídos favorables en el panel que habrá de integrarse para atender la consulta solicitada. De lo contrario, si considera que el reclamo, y lo que de allí derive, no es más que una táctica instrumental en contra de su gobierno, nos espera un largo rosario de mañaneras en el mejor espíritu del más si osare.
Por lo pronto, habrá que concluir que, como en tantas otras ocasiones, detrás de las aparentes provocaciones del mandatario, hay una lógica que se desenvuelve en varias bandas, y que va mucho más allá del mero exabrupto que le atribuye la prensa de cada día.
@jorgezepedap