En un anuncio inesperado por todas las señales y la resistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador a entrarle al tema, finalmente este jueves 7 de julio la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda anunció que presentó una denuncia en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por el presunto manejo de recursos de procedencia ilícita por 26 millones y medios de pesos.
De acuerdo a la denuncia presentada por Pablo Gómez, titular de la UIF, el expresidente Enrique Peña Nieto y familiares consanguíneos realizaron triangulaciones internacionales en efectivo en los años 2019 y 2021 cuyo origen es desconocido, y que fueron transferidos desde una cuenta en México hacia España. Además, se detectó que se realizaron en esa cuenta retiros por 189 millones 857 mil 108 pesos y depósitos por la cantidad de 47 millones 523 mil 677 pesos entre el año 2013 y el año 2022, de los cuales se depositaron en efectivo 36 millones 333 mil 939 pesos de los que se desconoce el origen.
Adicionalmente, de acuerdo a lo informado por Pablo Gómez, se detectó que el expresidente tiene vínculos corporativos en dos empresas que tienen irregularidades fiscales y financieras, ambas empresas constituidas antes del incicio de la gestión presidencial de Enrique Peña Nieto, y lo más notable es que una de ellas fue proveedora de diversos servicios y bienes al gobierno federal durante la administración de EPN por un monto de 10 mil 533 millones 499 mil 413 pesos.
Y una de esas empresas, en el lapso comprendido de 2015 a 2021, envió 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido por 1600 millones de pesos y 4 millones 942 mil dólares, de acuerdo al reporte de la autoridad financiera. En tanto que otra de las empresas en las que aparece Peña Nieto como accionista tiene una cuenta en un banco con sede en la Unión Europea y a través de ésta enviaron dos transferencias internacionales a Irlanda por un total de 164 mil 326 euros. Una danza de millones de pesos que ha puesto al ex presidente Enrique Peña Nieto en el ojo del huracán.
Desde que inició su gobierno el presidente López Obrador ha sido enfático en señalar que no barrería hacia atrás en el caso de investigaciones a los ex presidentes de México, pese a su reiterado discurso de combate a la corrupción. Lo más que ha hecho el mandatario es despotricar en contra de los ex presidentes Salinas de Gortari, Fox y Calderón sin pasar del machacón discurso de que su gobierno es distinto, y obviamente sin ordenar indagatoria alguna.
Pero en el caso de Enrique Peña Nieto bastante se había cuidado de mencionarlo e incluso en diversas ocasiones tuvo para él palabras de reconocimiento por “haber facilitado la transición” cuando AMLO ganó abrumadoramente las elecciones presidenciales del 2018.
Este cuidadoso discurso de López Obrador hacia su antecesor alimentó las especulaciones sobre un pacto de impunidad entre el tabasqueño y Peña Nieto, interpretación que se fortaleció cuando en las investigaciones del caso Odebretch por parte de la Fiscalía General de la República en 2020, el expresidente está acusado de «cohecho» y «traición a la patria», luego de que se concluyó que el exmandatario habría «utilizado» a figuras clave de su gabinete para dar prioridad a los contratos de Odebretch, mientras se beneficiaba personalmente, aunque nunca se señaló que existiera registro de algún monto que haya recibido a modo de «pago».
Cabe señalar, no obstante, que los funcionarios involucrados en el caso Odebretch y el presunto «cohecho» con Peña Nieto, el exdirector de Petróleos de México, Emilio Lozoya, y el extitular de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, enfrentan o enfrentaron órdenes de aprehensión por sus supuestas acciones, sin que haya sucedido nada. Se congelaron las actuaciones judiciales. Y todo ello pese a que Lozoya, afirmara durante el juicio que se le sigue que Peña Nieto y su mano derecha, el entonces Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, le ordenaron sobornar a legisladores, incluidos cinco senadores, para apoyar la controvertida Reforma Energética y otros proyectos en 2013 y 2014. Lógicamente Videgaray negó las acusaciones, y nadie enfrenta cargos por este escandaloso caso de corrupción que se suma al de la Estafa Maestra, casos que han quedado en el olvido, aprovechando la tradicional amnesia colectiva. Pero que se explica sobre todo por la decisión del presidente López Obrador de ya no moverle más al tema.
Pero algo cambió. Porque no es fortuito este misil de alto impacto lanzado hoy al ex presidente Peña Nieto. Y las dudas surgen sobre los motivos que explicarían este repentino cambió de rumbo.
¿Tendrá que ver con la alocada actuación del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, que arrinconado por las indagatorias en su contra por presunto enriquecimiento ilìcito a su paso por el gobierno de Campeche anda como chivo en cristalería en una gira internacional denunciando al gobierno de AMLO de autoritario y persecutor de opositores políticos?
¿Será acaso la papa caliente que le deja al cuestionadísimo fiscal general Alejandro Gertz Manero que no ha sido capaz, quizá ocupado en sus venganzas y litigios personales, de armar una acusación sólida en contra de Peña Nieto sobre la base de las denuncias de Lozoya? ¿Será la prueba de fuego para la permanencia de Gertz?
¿Es la puntilla al PRI en los momentos en que enfrenta la peor crisis de su historia ante la acumulación de derrotas que hace a este partido un lastre en la alianza opositora que eventualmente enfrentará a Morena en el 2024? ¿Es el llamado a la militancia tricolor de abandonar en masa el otrora poderoso partido tricolor, sobre todo ahora que el partido del presidente decidió abrir sus documentos básicos para dar cabida con plenitud de derechos a quienes decidan afiliarse a Morena?
Pronto lo sabremos. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su Gobierno no tiene perseguidos políticos, pero destacó que, si la FGR abre alguna carpeta de investigación en contra de una personalidad de la política, se investigará. Y, mañosamente, recordó que el pueblo fue el que decidió que se pudieran abrir investigaciones contra expresidentes, cuando votaron en una consulta ciudadana, pese a que en aquel ejercicio apenas votó un 8 por ciento del padrón, por lo que no es vinculante el resultado de la consulta.
Y obviamente, ante el proceso emprendido por las autoridades financieras que puede derivar en el inicio de la persecución en su contra, Peña Nieto aseguró que aclarará los señalamientos que hay en su contra y manifestó en su cuenta de Twitter que confía en las autoridades mexicanas.
Pero el presidente Peña Nieto que vive hoy felizmente en España y que seguramente supone que no pasará nada no debe perder de vista que podría enfrentar una pena de cinco a 15 años de prisión si se demuestra que cometió el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, más lo que se acumule, si es que existe verdadera voluntad política de ir a fondo para castigar a los responsables de diversos ilícitos en uno de los sexenios más corruptos de que se tenga memoria en los años recientes en México.