Rúbrica
Por Aurelio Contreras Moreno
Incapaz de accionar de otra manera que no sea pandilleril, el régimen de la mal llamada “cuarta transformación” ha hecho del chantaje, la extorsión y la coacción un estilo para gobernar y hacer política.
Por supuesto, para chantajear a alguien es necesario que éste sea chantajeable, o dicho de otra manera, que tenga “cola que le pisen”. Y que mayor “colota” que la que pueden tener en lo que queda del otrora imbatible “partidazo”, el Revolucionario Institucional.
Toda la serie de audios que la gobernadora de Campeche Layda Sansores ha presentado en las últimas semanas para exhibir la corrupción del todavía dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, es material con el que el régimen contaba desde hace mucho y que si decidieron sacarlo ahora a la luz, es por dos razones fundamentales: cobrarle al priista el voto de su bancada contra la fracasada iniciativa de reforma eléctrica y hacerle saber lo que va a suceder si hace lo mismo con la reforma política.
Se trata, ni duda cabe, de una persecución política y un abuso gigantesco de poder. Pero el problema de Moreno Cárdenas es que es tan evidente el pozo de fango en el que está hundido por su corrupción, que a nadie conmueve, salvo a quienes ven en peligro sus “cotitos” de poder alcanzados a la vera del ex gobernador de Campeche, los cuales desaparecerán cuando éste salga de la dirigencia. Para lo cual ya no falta mucho.
Moreno Cárdenas es insostenible. De nada le sirve ya victimizarse. Su imagen está por los suelos –por su propia irresponsabilidad y falta de probidad, valga señalarlo-, y su presidencia está acelerando el camino del PRI a la extinción. Y de paso, el de la alianza opositora, que se ve afectada en un nivel directamente proporcional al de la debacle política de “Alito”.
Mientras su salida –tarde que temprano- sucede, el lopezobradorismo gobernante suelta su lado más mezquino y autoritario. Amenaza, intimida y agrede. La misma Layda Sansores -otra impresentable- amagó a las diputadas federales del PRI al dar a entender que cuenta con material gráfico íntimo que algunas de ellas supuestamente le habrían enviado a Alejandro Moreno Cárdenas.
“Él las embauca y es muy cautivador, pero yo creo que a unas les paga la renta y en fin. Pero cuidado, diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos, unas hasta desnudas, entonces, se las mandan a ‘Alito’ y ‘Alito’ con eso las tiene, y creen que él las va a cuidar y que va a proteger esas fotos. No, no pueden intimidar (sic) así con este señor, porque él no tiene escrúpulos. Es solo una advertencia. Nosotros hemos sido muy cuidadosos de que esas fotos no salgan a la luz, pero hay que tener mucho cuidado”, dijo la gobernadora de Campeche durante una surrealista emisión para la cual se aprovecha de la televisora pública de su entidad.
No es difícil entender por dónde van. Solo le faltó decir que “sería una lástima que esas fotos se difundieran” si las diputadas votan en contra de la reforma política lopezobradorista. Fotos y audios obtenidos y difundidos de manera ilegal, abierta y descaradamente, por una servidora pública de las que están “transformando” al país.
La saña que usa la “4t” para intimidar a sus adversarios es tan asquerosa como la impunidad con la que pueden violar la ley. Porque solo por esos dichos, Layda Sansores debería ser sometida a juicio político y procesada penalmente por violencia digital y violencia política en razón de género. Lo cual, por supuesto, no va a suceder. No todavía.
En ese mismo tenor está el anuncio de este jueves en la “mañanera” presidencial. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez –quien penosamente enterró la lucha democrática y social para convertirse en un vulgar golpeador de los enemigos del régimen, cual diazordacista cualquiera- dio a conocer –a pregunta “sembrada” de por medio- que se abrió una carpeta de investigación en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto por haber recibido transferencias bancarias entre 2019 y 2021 por un monto de “apenas” 26 millones de pesos. Una bicoca, tomando en cuenta que como titular del Ejecutivo tuvo a su disposición miles de millones.
Precisamente por eso es que la intención de este anuncio es también muy clara. Además de colocar el consabido distractor en un momento en que las crisis de seguridad y económica se disparan en México, el presidente López Obrador –porque absolutamente nada de lo que hacen pasa sin su autorización- le manda un mensaje al grupo político de Peña Nieto, el Atlacomulco: quieren el Estado de México el año entrante. Y si no se los dan, usarán la información –la de a de veras- que tienen.
O en términos concretos. Ni con Alejandro Moreno ni con Peña Nieto hay ánimo alguno de aplicar la ley o hacer justicia, porque si “doblan las manos” ambos serán “perdonados”. Cuando lo que debería hacerse es procesarlos si existen pruebas en su contra, sin más.
Pero para la “4t” la ley es solo un instrumento para alcanzar sus objetivos, que no los del país. O citando el leitmotiv de una de las películas más célebres de la historia, “no es nada personal, son solo negocios”. Entre mafiosos te veas.
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