Raymundo Riva Palacio
El momento que define hasta ahora el fracaso del combate al crimen organizado del presidente Andrés Manuel López Obrador es el 17 de octubre de 2019, cuya historia aún tiene varios capítulos por contarse, y las consecuencias de las decisiones tomadas en Palacio Nacional aquella tarde aún no se alcanzan a ver en toda su dimensión porque siguen generando secuelas. La última: Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, a quien el Presidente ordenó liberar para evitar una matanza en Culiacán, pero jamás instruyó para que fueran tras él para capturarlo, reapareció esta semana cuando un grupo a su mando inició una guerra contra bandas criminales rivales, para quedarse con el narcomenudeo en la Ciudad de México.
La nueva iniciativa criminal quedó al descubierto el martes, cuando la célula de Guzmán, que forma parte del Cártel de Sinaloa, protagonizó en Topilejo uno de los enfrentamientos con la policía más grandes que se recuerden en la capital federal. Fue un operativo altamente elogiado en la prensa, normalmente muy crítica de la estrategia de seguridad federal, por lo que llamó la atención que este jueves, en el informe sobre el tema en Palacio Nacional, no hubiera una sola mención de lo que había sucedido. Visto desde lo que es la comunicación política, parece una omisión acertada.
Haber hablado del tema habría regresado el culiacanazo al primer plano de la discusión nacional, porque la realidad volvió a alcanzar a López Obrador. El Presidente buscó desviar el tema cuando le preguntaron en la mañanera, y aseguró que no tenía información que vinculara a los criminales de Topilejo con los hijos del Chapo Guzmán. El subsecretario de Seguridad federal, Ricardo Mejía Berdeja, presente en Palacio Nacional, señaló que tampoco ellos tenían información. Sin embargo, según un trabajo de inteligencia de las autoridades de la Ciudad de México, respaldado por la Marina, estaban siguiendo a esa célula desde hace alrededor de un año, lo cual contradice los dichos. La salida retórica del Presidente lo ayudó en el momento, pero es un bumerán que se le regresará.
El culiacanazo es una tormenta que lo persigue. El 15 de mayo, de gira por Sinaloa, el Presidente dijo que en una semana, o 15 días a lo más, daría a conocer un informe sobre lo que sucedió en Culiacán durante el operativo fallido del joven Guzmán. Por supuesto, nunca presentó nada, porque todo lo que pueda informar públicamente chocará con incompetencias, contradicciones y omisiones por parte de las autoridades federales, que inician con el diseño del operativo. Como botones de muestra:
1.- Fue preparado por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas para llevarse a cabo al mediodía. Contra toda lógica operativa, no se planeó para realizarse durante la noche, donde bajan todas las defensas criminales y, sobre todo, prácticamente no hay gente en la calle, con lo que se reducen los riesgos de víctimas inocentes.
2.- El operativo fue realizado por antiguos miembros de las fuerzas especiales de la Policía Federal, que llevaron a cabo la detención sin disparar un solo balazo, pero se quedaron esperando por casi una hora a que llegaran los equipos para la extracción. Nunca sucedió. Es decir, la parte más delicada de una operación de esa naturaleza, que es el plan de extracción, no existió o no se ordenó que se procediera a realizarlo.
3.- La demora para llevarse a Guzmán de Culiacán permitió que el Cártel de Sinaloa movilizara a sus células para rescatarlo. Al no actuar con celeridad los militares, fueron rápidamente superados en fuerza. Los doblegaron y humillaron.
La operación se había preparado para atender la petición del gobierno de Estados Unidos para extraditarlo, pero fue un desastre. Al liberarlo, el avión de la DEA que volaba a la Ciudad de México para llevárselo a Estados Unidos, dio la vuelta de regreso a su país. El operativo estuvo pésimamente diseñado y ejecutado, como si se buscara su fracaso. Sin embargo, pensar de esa manera abriría la posibilidad de que dentro de lo más alto de la Secretaría de la Defensa hubo una traición al Presidente.
Esa noche del 17 de octubre, el entonces secretario de Seguridad Pública federal, Alfonso Durazo, informó que se había puesto en libertad al hijo del Chapo Guzmán para detener la violencia y los bloqueos que su detención había causado en Culiacán. Dijo que la decisión la tomaron colegiadamente él y los secretarios de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, y de la Marina, almirante Rafael Ojeda. Al día siguiente, el Presidente confirmó lo dicho por Durazo y señaló que él sólo respaldó la decisión del gabinete de seguridad. Pero el 19 dijo otra cosa. La liberación de Ovidio Guzmán había sido ordenada por él.
La realidad objetiva del fiasco de la operación, descrita de manera reduccionista por Durazo como un “error táctico”, llevó al Presidente a tomar una buena decisión. Pero su racionalidad para evitar el muy probable baño de sangre en Culiacán de haber seguido la operación, estuvo ausente para otra orden necesaria, que las fuerzas federales lo siguieran y buscaran reaprehenderlo fuera de la ciudad.
La impunidad prevaleció y quedó exhibido el gobierno federal, por incompetencia o complicidad. Por ahora, lo único comprobable es la incapacidad que tuvo el alto mando del Ejército en ese momento, para planear una acción exitosa como muchas otras que tuvo antes. La complicidad permanece en el imaginario colectivo por la forma como el gobierno ha sido complaciente con el Cártel de Sinaloa. En todo caso, por una razón o por otra, estamos viendo las consecuencias de la laxitud con la que trataron a Ovidio Guzmán.
En el operativo de Topilejo, las autoridades capitalinas encontraron insignias y placas del Chapo Guzmán, comunes en las vestimentas de esa facción del Cártel de Sinaloa, así como varios escudos con la imagen del Ratón, con el dibujo de ese animal que está asociado como escudo de armas con Ovidio Guzmán, el mismo a quien el Presidente dejó escapar en Culiacán.