Raymundo Riva Palacio
Estrictamente Personal
Dentro de la familia López Obrador hay un problema fuerte entre los hermanos Andrés Manuel y Pío. Comenzó en agosto de 2020, cuando se difundió un video donde un operador político del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, le daba cerca de un millón de pesos en efectivo a Pío, presuntamente para ayudar al financiamiento de Morena en las elecciones intermedias de 2015. El video había sido tomado como parte del método que tenía el operador de Velasco, David León, para comprobar que sí había entregado el dinero. Hasta hoy no se sabe con certeza cómo terminó ese video en los medios.
Consecuencia de ello, el PAN presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que encabeza un incondicional del presidente, José Agustín Ortiz Pinchetti, que sistemáticamente se ha negado a aportar información sobre el caso a los órganos electorales. Su jefe administrativo, el fiscal general Alejandro Gertz Manero, también interpuso controversias para que no se entregara la carpeta de investigación al Instituto Nacional Electoral. El encubrimiento de Pío, aunque voluntario, había recibido impulsos desde Palacio Nacional, donde pidieron que lo congelaran sin investigarlo.
Lejos de desvanecerse el caso, ha seguido dando vueltas con diferentes intensidades durante los dos últimos años. Hace tiempo Pío López Obrador consideró dos estrategias paralelas para defenderse. Una privada, desquitarse de Velasco, a quien responsabiliza no sólo de la existencia de videos, sino de divulgarlos, y otra pública, que su hermano Andrés Manuel declare sobre qué destino tenían los dineros que recibió. Esto último ha tratado de ser atajado para evitar que el fuego le llegue al Presidente.
Quien habló con Pío para que dejara de pedir la comparecencia del Presidente fue el fiscal Gertz Manero, quien le dijo a López Obrador que había convencido a su hermano de que no era conveniente que se mantuviera en esa línea, porque el caso se empezaba a desbordar. No obstante, Pío ha estado insistiendo en que declare su hermano, con lo cual, cree, quedaría probada su inocencia. Hace 15 días, el abogado de Pío, Pablo Hernández, presentó un escrito para insistir en que las autoridades llamen a comparecer al Presidente, confrontando la protección de Ortiz Pinchetti, con el argumento de que el código procesal sólo lo exenta de presentarse ante el Ministerio Público, no de la obligación de declarar.
El caso, como lo advertía Gertz Manero, se ha desbordado. El Presidente, que no había hablado del tema desde que apareció el video, se refirió ayer a este asunto y dijo estar dispuesto a declarar por escrito, como lo ha solicitado su hermano. “No tengo nada de qué avergonzarme, no hay ningún problema”, agregó. “Sé que no soy corrupto… y mi hermano tampoco”.
Como siempre, las posiciones del Presidente parten de actos de fe. Su palabra todavía vale como oro y sigue manteniendo una credibilidad entre la mayoría de la población. No necesitarían rascarle para ver que el oro es realmente lodo. No es que sea un político corrupto como los numerosos estereotipos que conocemos, pues las imputaciones y videos que se tienen de él recibiendo dinero, de acuerdo con información que le han hecho llegar, no ha sido para su peculio, sino para fines políticos y electorales. Este sería, en todo caso, un tipo de corrupción distinto. Aunque sigue siendo corrupción, públicamente se percibe diferente a si el dinero terminara en su bolsillo.
La corrupción y la deshonestidad, que vienen como consecuencia, se encuentran debajo de su línea de flotación, y al tener un fuerte componente moral es un fenómeno que le preocupa porque afecta electoralmente. Hasta ahora no ha sucedido y la ciudadanía sigue separando a su persona de su gestión. En la encuesta mensual de EL FINANCIERO sobre la aprobación presidencial, la corrupción sigue predominando negativamente en la calificación de su gobierno, con 50 por ciento que considera malo o muy malo el manejo del fenómeno, frente a 32 por ciento que lo califica bien o muy bien. Sin embargo, el respaldo que tiene López Obrador es muy sólido, con 56 por ciento de aprobación y un estable 40 por ciento de desaprobación.
Si se ve el historial de las encuestas de aprobación presidencial, se puede apreciar que, desde marzo de 2020, cuando venía con una baja sostenida, tuvo una recuperación importante que lo ha mantenido, desde entonces, estacionario. La caída se había dado por el errático comportamiento de la economía en 2019 atribuido a sus políticas, y la recuperación a partir de la pandemia del Covid-19, que podría argumentarse lo salvó a él y a su gobierno del hundimiento en el incipiente sexenio y le dio una viabilidad.
¿Qué tanto le puede seguir funcionando la aprobación? Probablemente tanto mientras continúe persuadiendo con dichos que lo que pasa en el país no es culpa suya, sino de otros. Como apuntó Jorge Buendía, experto en opinión pública de Buendía&Márquez, mientras no permita que los problemas entren a Palacio Nacional. En la medida que esto suceda, estará blindado de actos de corrupción, presuntas corruptelas, nepotismo, influyentismo y abuso de poder, contra los que habla constantemente, al tiempo que su familia cae regularmente en esas conductas.
López Obrador necesita, para tener el consenso externo, mantener la cohesión interna. Por eso Pío se ha vuelto un dolor de cabeza en Palacio Nacional, por su insistencia de arrastrarlo al centro del escenario donde lo alumbra la luz de corrupción. Pío insiste en defender su honestidad, maltrecha hasta cuando los lopezobradoristas lo quieren defender, señalando que el dinero que le dio León era muy poco para una campaña. O, dicho involuntariamente de otra forma, si no era dinero político, ¿era para su bolsillo?
Su hermano el Presidente, como lo reconoció cuando se difundió el video, dijo que estaba enterado del video por boca de León, excoordinador de Protección Civil, que se lo dijo cuando lo buscaron de los medios para pedirle su réplica previo a difundirlo, pero no hizo nada, y minimizó el episodio que, como a su hermano, lo ha perseguido desde entonces.