A pregunta expresa en relación con los procedimientos instruidos por el ORFIS en contra de la administración municipal 2014-2017 de San Andrés Tuxtla, la Auditora General, Delia González Cobos, refirió que los procedimientos de fiscalización y el seguimiento al resultado, requieren de exhaustividad en las diligencias que se realizan. En el caso de San Andrés Tuxtla, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado ha promovido dos acciones legales, una administrativa y otra penal.
En materia penal, se presentó la correspondiente denuncia de hechos ante la Fiscalía General del Estado, derivando en la Carpeta de Investigación número FGE/FIM/F2/C.I./155/2018, por un presunto daño patrimonial del orden de $16,664,016.17.
Por lo que respecta a la materia administrativa, este año la Primera Sala Unitaria del TEJAV dictó acuerdo en el expediente 343/2018/1a-IV por el que determinó que ha causado ejecutoria la sentencia de fecha 10 de diciembre de 2020, esto es, que no existe medio de impugnación alguno que pueda promover el ente fiscalizado, confirmándose la validez de la sanción impuesta por el ORFIS a Manuel Rosendo Pelayo y otros ex servidores públicos del ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, por un monto total de $25’829,225.06 que se compone de $16’664,016.17 correspondiente al daño patrimonial derivado de la fiscalización superior y $9’165,208.89 de sanción.
Además, informó que se tiene un expediente de investigación bajo el número ORFIS/DGAJ/SI/093/2018 del que derivarán otras responsabilidades.
Finalmente, puntualizó que en los Decretos de los ejercicios 2014 y 2015, el Congreso del Estado aprobó los informes del resultado del municipio de San Andrés Tuxtla sin determinar daño patrimonial, por lo que el ORFIS no tiene asuntos pendientes por atender al respecto.