Esta semana se cumplirá un mes del derrumbe ocurrido en la mina del Pinabete, en la región carbonífera de Sabinas, donde 10 mineros quedaron sepultados y fallecieron a consecuencia de la inseguridad laboral, la insuficiente supervisión y la falta de protocolos en la que operan un gran número de minas de carbón en el estado de Coahuila ante la corrupción y la negligencia de las autoridades federales y estatales. Las labores para rescatar con vida a los mineros fracasaron ante la falta de pericia de las autoridades, por un lado, y las filtraciones e inundaciones de agua en los pozos derrumbados.
El gobierno de López Obrador pecó de soberbia y actuó de manera negligente y prepotente, al creer que solos, su Coordinación Nacional de Protección Civil, cuya directora y rescatistas pueden ser expertos en desastres, pero no necesariamente en rescates mineros, iban a poder concretar una operación de salvamento que, desde el principio se sabía complicada y difícil.
Lejos de recurrir a mineros rescatistas, ya fuera de la misma mina derrumbada que se ofrecieron a ayudar, a los rescatistas expertos que tiene el Sindicato Nacional de Mineros o incluso a la ayuda extranjera que se ofreció en las primeras horas como la de los mineros de Chile que tienen amplia experiencia, el presidente y su gabinete decidieron que ellos solos podían y, seguramente con un cálculo político y de propaganda, quisieron colgarse una medalla que hoy es un fracaso criminal y negligente.
La soberbia mata y a los 10 mineros de Salinas los mató sí la tragedia de un derrumbe que quizás no pudo evitarse, pero también los mató la corrupción de autoridades federales y estatales que no supervisan las condiciones inseguras e ilegales en que operan muchos de esos pozos y minas de la región carbonífera. Pero también los mató la avaricia de políticos y empresarios metidos en el boom del mercado del carbón que desató la decisión de Manuel Bartlett, director de la CFE, de comprar carbón para generar energía eléctrica a «productores pequeños», en lugar de los grandes productores. Eso provocó que se perforaran nuevos pozos y minas, o incluso que se reabrieran minas viejas y abandonadas para meter a trabajadores sin protección ni seguridad, a extraer el energético con el que políticos y caciques vinculados a la 4T hicieron el gran negocio.
Si alguna vez hubo alguna posibilidad de sacarlos vivos del pozo donde quedaron atrapados aquel 3 de agosto, esa posibilidad se perdió por la soberbia de un gobierno que se negó a aceptar ayuda, tanto nacional como extranjera, y perdió las primeras horas y días en los que las probabilidades de llegar a ellos y encontrarlos con vida eran mayores.
Y el jueves de la semana pasada, sin haber dado nunca información puntual a los familiares ni a la opinión pública de cuál era el estado de los mineros y si seguían con vida, el gobierno federal, a través de su coordinadora de Protección Civil, Laura Velázquez, les soltó a bocajarro a los desesperados y dolidos familiares, que no había más que hacer para sacarlos con vida y que, por lo tanto el gobierno, sin decirlo expresamente, y daba por muertos a los 10 mineros y en lugar de un rescate con vida, proponían un nuevo plan para rescatar sus cuerpos a través de tajos a cielo abierto en la zona de la mina para tratar de encontrar sus cadáveres, lo cual les llevaría entre 6 y 10 meses.
Aunque no se informó públicamente, Laura Velázquez también les ofreció una «indemnización económica» a las familias y esposas de los 10 mineros. Se habló extraoficialmente de 100 mil pesos por cada minero fallecido, pero la reacción de los familiares fue totalmente en contra. La mayoría de ellos se opusieron a un plan de tantos meses y exigieron que se les presentaran otras opciones; algunas madres de familia aceptaron la indemnización, pero otras dijeron que primero querían el cuerpo de sus esposos, padres o hermanos, para poder darles una sepultura digna.
Ayer, durante una gira por Nuevo León, en una reunión con trabajadores de la CFE, López Obrador -el mismo que conoció y avaló soberbiamente las decisiones de un rescate fallido y de una negativa a buscar ayuda de expertos de México o de otros países-, anunció que finalmente los familiares «han aceptado que hagamos el rescate» de los cuerpos a través de tajos a cielo abierto y, como si se tratara de una burla, una humillación o de plano una broma de humor negro, el presidente le encomendó a Manuel Bartlett que estuviera al pendiente del rescate de los cadáveres de los 10 mineros de Sabinas y de paso también de los 64 de Pasta de Conchos que prometió rescatar.
«Entonces, quiero pedirle al licenciado Bartlett (de la CFE) que se aplique, que además de la mina de Pasta de Conchos también hay que rescatar a estos mineros. Mandamos consultar con los familiares, se pusieron pues muy tristes, es una situación mucho muy difícil, estaban muy alterados, no querían nada y ya pues han aceptado».
¿De verdad cree López Obrador que Manuel Bartlett, el mismo que provocó la irrupción de pozos y pequeñas minas inseguras, irregulares o hasta clandestinas en la región carbonífera de Coahuila tiene algún interés o algún sentimiento por los mineros muertos y sus familias? A Bartlett no le importa más que su propia familia y sus muchas propiedades y negocios y que el presidente lo comisione públicamente a concretar estos rescates de cuerpos parece de verdad una burla insolente y cruel por parte de quien tuvo en sus manos el rescate con vida de los mineros y falló por su soberbia e indolencia.
Justo por eso afirmamos que a los 10 mineros que quedaron sepultados en una mina de carbón en la que trabajaban sin Seguro Social, sin protección y evidentemente sin condiciones mínimas de seguridad, todo lo que según la ley deben contar los trabajadores de la minería, los mató la soberbia del gobernante, junto con la corrupción y la impunidad de unos dueños de la mina El Pinabete que, aún hoy, un mes después de la tragedia, ni siquiera se conocen. Pobres mineros y sus familias, siempre estuvieron solos y hoy los quieren condenar al olvido.