En la última conferencia «mañanera» realizada en el puerto de Veracruz, al presidente Andrés Manuel López Obrador se le preguntó qué había pasado con el terreno que supuestamente el Gobierno de Veracruz había donado al Ejército Mexicano para que instalara una base cerca de la caseta de Acayucan.
El presidente prometió que se iba a informar al respecto, pero al parecer no tenía el tema en el radar. El terreno ahí sigue, sin que se sepa de su futuro o qué utilidad le darán o si realmente fue donado.
El punto es estratégico, pues no sólo está cerca de la ciudad bautizada como «La Llave del Sureste», sino que estaría muy cerca de la zona de Sayula de Alemán y Jesús Carranza, dos municipios que han estado por años bajo el control de la delincuencia organizada.
De actividad prominentemente ganadera, ahí se ubican ranchos con pistas de aterrizaje donde se mueve de todo, pero especialmente mucho, muchísimo dinero, enmarcada en una narcocultura de amor por los caballos, las armas, las «buchonas» como un estilo de vida neo-campirano.
Aunque la 4T presume que la delincuencia se ha reducido y tienen índices para probarlo, la verdad es que un punto rojo que no han logrado controlar (me atrevería a decir, ni a entender) es esa zona por donde además pasará uno de los proyectos magnos presidenciales: el del Corredor Interoceánico.
Con dicho proyecto, se supone que la seguridad regional está a cargo de la Secretaría de Marina, que se supone ya había aplacado a los grupos que extorsionaban a los constructores, e incluso se sabe que investigó más a fondo para desarticular a una banda de defraudadores que vendían un proyecto “patito” de un “corredor alterno”, cuyo tesorero era un pastor religioso detenido el año pasado acusado de ser líder de secuestradores.
Pero el reciente caso de la alcaldesa de Sayula, dado a conocer en medios nacionales, pone en entredicho la situación de una mejor seguridad: los malandros siguen operando con el mismo modus de usar a los ayuntamientos, ya sea amedrentando o colocando gente de sus organizaciones criminales.
Lorena Sánchez Vargas, la presidenta municipal, valientemente denunció que a su hijo lo secuestraron y a ella la llevaron al Senado para obligarla a gestionar recursos.
No es novedad que la delincuencia organizada opere bajo el amparo del poder político, en este caso, de los ayuntamientos; desde ahí controlan obras públicas, policías, tesorerías, cargos, influencia y hasta medios de comunicación. En esta región de Acayucan, por ejemplo, es conocida la historia del extinto ganadero y aspirante a cacique Cirilo Vázquez Lagunes, quien llegó a tomar una veintena de ayuntamientos a finales del siglo pasado.
Y es que es muy fácil pedirle a las autoridades locales desde Xalapa o la Ciudad de México que no se dejen presionar por la delincuencia organizada, pero este tiene dos vías muy simples y efectivas in situ: o es el poder corruptor del dinero o la muerte para el político o sus cercanos.
El caso de la alcaldesa es claro: no se sometió, entonces arremetieron contra la familia.
El que ya se puso solito el saco fue Erasmo Vázquez González, apodado “El Chivo”, medio hermano de Cirilo Vázquez Lagunes, a quien también desde hace años se le vincula a la delincuencia organizada. Él, a través de un video, dijo que la alcaldesa lo denunció.
Un jefe policiaco de Seguridad Pública del Estado (era el dolor de cabeza de Cirilo) que logró controlar la zona por años fue Alfonso Lara Montero, quien sentó su base en Acayucan. Desde ahí visitaba a los municipios y tenía conocimiento de la problemática, de quiénes operaban, de cómo estaba la delincuencia disfrazada de ganadería, quiénes robaban ganado, quiénes habían llegado desde Guerrero o Michoacán. Fue de los pocos jefes policiacos que logró entender la dinámica del asunto y hacer presente la fuerza pública del Gobierno.
«Aquí el de los huevos es el gobernador», era una frase institucional y constante del jefe policiaco.
Al fallecer Don Alfonso en 2018 (luego de una larguísima carrera como policía civil dentro de Seguridad Pública, creada en Veracruz precisamente para atender el asunto ganadero y rural de Veracruz), fue notable que los grupos de poder regional se vieron «libres» para poder operar ya sin la vigilancia de Lara Montero.
Entre estos estuvieron ex alcaldes como Gil Guillén, de Jesús Carranza y origen guerrerense, quienes una vez fallecido Don Alfonso, dijeron “De aquí soy”.
Gente como él llegó de otros estados para asentar sus reales en comunidades como Nuevo Morelos; otro que llegó, ya era famoso y siempre existieron sospechas de sus ligas al narco fue el fallecido cantante Joan Sebastian, con ranchos y propiedades en diversos puntos de esa región sureña.
El asunto creció tanto, que a unos meses de iniciada la mentada Cuarta Transformación, tuvieron que llamar de SSP —hoy a cargo del regiomontano Hugo Gutiérrez Maldonado, quien ni siquiera vivía en Veracruz— a la gente de Don Alfonso para pedirles que les dieran información y datos de cómo trabajar en la región, pero los pupilos del jefe policiaco los mandaron literalmente a la «gaver».
«O sea, quieren información gratis, pero no nos reconocen como policías de carrera», fue el sentir general.
Peor tantito, un alto funcionario de la actual SSP me había confiado que buscaban reunirse con Erasmo Vázquez González; cuando le pregunté si sabía de quién se trataba, me respondió que no… Así la “inteligencia” de SSP.
¿Y cómo ha repercutido en todo esto? Pues ahí están los escándalos de grupos policiacos allanando hasta papelerías para saquearlas. El caso de la alcaldesa también es muestra de que Seguridad Pública, a diferencia del pasado, no tiene control de los grupos de poder regional, de la delincuencia organizada.
¿Otro ejemplo? Los robos de ganado en cantidades que nunca se habían visto.
La apuesta de la Guardia Nacional sólo serviría para algo que ya ha ocurrido en otras ocasiones: sólo se pintan las patrullas de diferente color, se les cambia de membrete, escudos, pero siguen las mismas prácticas, las mismas mañas y el dinero para repartir, para corromper, nunca falta. En los hechos (pese a haber una oficina de la extinta Policía Federal por años) lo que ocurre en la región de Acayucan-Sayula-Carranza es algo que nunca ha cambiado. En el caso de Cirilo, hasta mandos militares iban a tomarse la foto con él.
Y es que podrán llegar corporaciones, elementos nuevos, etcétera, pero no han entendido que ahí se han asentado ya por décadas los bastiones de la delincuencia organizada, escondiéndose a simple vista y operando a la de todos, ya sea como prósperos ganaderos o cantantes de baladas románticas para cantinas. Antes que la 4T lo hiciera, los grupos de poder regional entendieron que había que crear una base social que los fortaleciera y tener protección política de altos niveles: esto ha ocurrido por décadas.
Sencillamente no hay un mando, alguien del gobierno estatal para meterlos en orden, y por eso los diablos andan sueltos.
¿O será que hasta Xalapa ya llegó el poder corruptor de la delincuencia organizada que opera en la región de Acayucan? Todo puede pasar, y si no que le pregunten a la alcaldesa, que tuvo que ir a medios nacionales para dar a conocer su situación y por fin le hicieran caso.