Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ofreció su conferencia mensual en la que explicó que durante su gestión al frente del máximo tribunal se han liberado casi 41 mil personas gracias a las gestiones del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP).
El ministro Zaldívar mencionó que el IFDP ha logrado la liberación de 40 mil 992 personas de enero de 2019 a la fecha, que representan cerca del 18% de la población carcelaria de todo el país. Expresó que tiene el “compromiso de acercar la justicia con los más pobres”.
Sobre estas personas a las que ha apoyado la defensoría pública, dijo que son “pobres que estaban precisamente en prisión por ser pobres” pues muchas veces no se encuentran privados de su libertad por cometer algún delito sino por no contar con los recursos económicos para acceder a una defensa legal adecuada que lleve su proceso judicial.
Precisó que las liberaciones han sido por criterios de oportunidad, cambio de medidas cautelares, amnistía, preliberaciones, entre otras figuras.
El ministro Zaldívar ha externado su preocupación sobre los feminicidios e indicó que el IFDP está atendiendo alrededor de 20 familias de víctimas de feminicidio, de 70 que se han acercado a solicitar el apoyo de la defensoría pública.
Con relación a las amenazas que denunció haber recibido durante el proceso de deliberación del asunto de Florence Cassez, el ministro Zaldívar dijo que el entonces presidente Felipe Calderón sabía de los actos intimidatorios que sufrió y hasta ofreció protección de elementos de la Policía Federal y, después, del Estado Mayor Presidencial.
Al respecto, precisó que rechazó el apoyo del personal de la Secretaría de Seguridad Pública pues no le generaban confianza. En cambio, sí aceptó la protección del Estado Mayor, “en las fuerzas armadas de mi país sí confío”, puntualizó.
Por otro lado, el ministro presidente dijo que no ha habido sanciones ni represalias en contra de jueces que han fallado en contra de los intereses del Ejecutivo federal. Dichas decisiones han sido duramente cuestionadas y criticadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, como la suspensión del Tren Maya o amparos en contra de la ley eléctrica.
Precisó que dichos cuestionamientos no han afectado la autonomía del poder judicial, pues es la dinámica política “que nos tocó vivir”, dijo.