La política mexicana está viviendo un momento de mucha efervescencia. Las divisiones están aflorando tanto en Morena como en la oposición. Todo tiene que ver, desde luego, con una sucesión presidencial adelantada.
Si la semana pasada la gran noticia fue la victoria del senador Ricardo Monreal sobre el presidente López Obrador a propósito de la elección del nuevo presidente del Senado, ahora la nota tiene que ver con la fractura dentro del PRI y el potencial desmantelamiento de la alianza opositora Va por México que conforman este partido junto con el PAN y PRD.
Este asunto tiene una arista en la estrategia relacionada con las Fuerzas Armadas en el combate a la inseguridad, otra de sobrevivencia política del líder nacional del PRI y, finalmente, una de carácter electoral.
La primera es una discusión de fondo. ¿Cómo debe el Estado proveer seguridad a los ciudadanos?
Desde el sexenio de Calderón, la respuesta ha sido incrementar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles supuestamente protegiendo a las comunidades. Pero, entre más se metían las Fuerzas Armadas a la labor de la seguridad pública, más se incrementaban los homicidios dolosos, secuestros, extorsiones y robos. La realidad es que la militarización no ha funcionado.
Sin embargo, el gobierno de López Obrador quiere continuar con dicha militarización.
Un paso importante es adscribir definitivamente a la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa Nacional. La oposición, fortalecida por el éxito que significó el rechazo a la reforma constitucional en materia eléctrica, anunció una “moratoria” legislativa de todas las iniciativas del gobierno, incluyendo una posible reforma constitucional para integrar a la Guardia Nacional a la Sedena.
Fue tan creíble la amenaza de la “moratoria” que el propio Presidente envió una iniciativa de cambios, pero a las leyes secundarias. Esta iniciativa, aprobada en súper fast track en la Cámara de Diputados el fin de semana pasado, es, a todas luces, inconstitucional.
Faltaba de votar el Senado de lo aprobado por los diputados. El líder de los senadores morenistas, Ricardo Monreal, ya había pronunciado que la iniciativa era inconstitucional como dejando abierta la posibilidad de rechazarla.
En eso andábamos cuando una diputada del PRI, Yolanda de la Torre, presentó otra reforma para enmendar un artículo transitorio de la Constitución a fin de ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública de cinco a nueve años, es decir, en lugar de terminar este periodo en 2024, al igual que el sexenio lopezobradorista, se extendería al 2028.
¿Por qué el PRI que controla su líder nacional, Alejandro Moreno, presentó esta iniciativa para reformar la Constitución? ¿Acaso las Fuerzas Armadas se los solicitaron?
Así que ahora tenemos dos temas: si debe integrarse la Guardia Nacional a Sedena por medio de leyes inconstitucionales y si soldados y marinos deben permanecer hasta el 2028 en labores de seguridad pública, aunque esta estrategia no funcione.
Resulta que el PRI está dividido. Los senadores de este partido ya se han manifestado en contra de estos dos temas.
Por un lado, presentarán, junto con los otros partidos de oposición, una acción de inconstitucionalidad de la ley aprobada por los diputados en fast track. Por el otro, prometieron que votarán en contra de la iniciativa de reforma constitucional de sus correligionarios en la Cámara de Diputados. Y, junto con los votos de los senadores del PAN, PRD y MC, dicha reforma constitucional no pasará en el Senado.
La pregunta es por qué está haciendo esto Alito Moreno. Creo que es un tema de sobrevivencia política. Los diputados están a punto de desaforar al dirigente nacional del PRI para que el fiscal de Campeche pueda perseguirlo por enriquecimiento ilícito. Además, su fama pública está por los suelos gracias a los audios que ha dado a conocer la gobernadora campechana, Layda Sansores. El gobierno apretó a Moreno y éste aflojó.
La reacción de Moreno pone en peligro la alianza electoral opositora. Como suele suceder, las cadenas se rompen por su eslabón más débil. En este caso, el PRI de Alito.
PAN y PRD ya le pusieron un ultimátum que podrían romper la coalición. Los senadores del PRI se han manifestado en contra de hacerle el juego al gobierno de López Obrador. Todo esto podría significar el fin de la alianza electoral opositora rumbo a los comicios de 2023 y 2024. Sería una gran noticia para Morena porque la oposición dividida no tiene oportunidad alguna de vencer a la poderosa maquinaria del oficialismo. En Palacio Nacional deben estar encantados con Alito.
Twitter:@leozuckermann