El tema que acaparó la agenda de la opinión pública este fin de semana fue el de las revelaciones que la periodista Peniley Ramírez hizo sobre la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En su columna publicada en el diario Reforma el sábado pasado, la periodista refirió el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, al cual tuvo acceso en una versión sin testar, esto es, sin censura, a diferencia de la que hizo pública la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, tachada casi en su totalidad.
En su texto, Peniley Ramírez señala que el informe establece que “casi todos los 43 normalistas que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 fueron asesinados, descuartizados y enterrados esa misma noche”, lo cual era lo más obvio, luego de ocho años sin rastro de ellos y a sabiendas de la forma salvaje en que operan las bandas del crimen organizado.
Peniley Ramírez además publicó en Twitter fragmentos del informe con las conversaciones entre exfuncionarios, militares e integrantes del crimen organizado, en las que detallan muy claramente el destino de los 43 estudiantes. Y particularmente, esos mensajes demuestran que miembros del Ejército mantuvieron con vida a seis de los normalistas hasta el 30 de septiembre de 2014, para luego asesinarlos y desaparecer sus cuerpos.
“Más de un mes después de los asesinatos, el 3 de noviembre de 2014, más mensajes siguen haciendo referencia al encubrimiento. Cuerpos que han movido de lugar, que los han reubicado para que no encuentren los restos. Los mensajes insinúan que varios de los cuerpos fueron movidos al interior del Campo Militar del 27 Batallón de Infantería, en Iguala, pues ‘allí no entraba nadie”, señaló la periodista en su hilo de Twitter.
Esto provocó una furibunda reacción del régimen en contra de la periodista, que fue linchada en redes por voceros, pseudoacadémicos y textoservidores de la “4t”, que cuestionaron su ética por hacer público un informe oficial del Estado mexicano, bajo el argumento de que “revictimizó” a los estudiantes desaparecidos al publicar cómo habían sido asesinados.
Todos los días y desde hace por lo menos 16 años, en México se informa sobre la violencia de los grupos criminales –que ni la política de “abrazos, no balazos” ni la presencia de los militares en tareas de seguridad pública han logrado contener en absoluto-, y se reporta sin ambages la brutalidad de sus métodos: las ejecuciones masivas, los descuartizamientos, los cuerpos colgados en puentes o embolsados y abandonados en la vía pública.
¿Sería preferible que no nos enteráramos de nada de eso? Sin duda, eso hubiesen querido las autoridades del pasado y por supuesto, eso desean las del presente, porque es un reflejo nítido de su fracaso.
Los paleros y sicarios digitales de la “4t” también arguyen que la publicación pone en riesgo investigaciones en curso. Lo cual es absurdo, porque el informe no está clasificado como confidencial ni sometido a reserva. Estaba censurado, ya vimos, por otro tipo de intereses, pero esencialmente es público.
Lo que hizo Peniley Ramírez –periodista egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Veracruzana, por cierto- fue simplemente cumplir con su trabajo. Gracias a su oficio y a su notoriedad, consiguió un documento de gran valor periodístico y de enorme interés público y con éste, hizo lo que cualquier reportero habría hecho: publicarlo. Y si bien su contenido es tremendo, es la realidad de este país desde hace años, la que no desaparece con cerrar los ojos.
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el principio de máxima publicidad debe aplicarse en lo relativo a investigaciones sobre delitos de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos y genocidios. Es el caso, sin asomo de duda. Entonces, ¿por qué la furia por las revelaciones?
El régimen ataca feroz a Peniley Ramírez porque exhibió sus mentiras. En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador –y en el de Enrique Peña Nieto también- siempre supieron que los 43 fueron brutalmente asesinados. Pero eso no les habría servido para lucrar con la “esperanza” de encontrarlos, bandera con la que prácticamente logró arribar al poder la “4t”. Y por si no bastase, quedó más claro que nunca que el Ejército, al que le han cedido todo el poder y quieren que eso se eternice, fue responsable directo en el crimen.
Lo que convenientemente callan los “cuatreros” es que la filtración del documento provino desde dentro del propio gobierno, ya sea la Secretaría de Gobernación o la Fiscalía General de la República. Y como lo indicó puntualmente el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), “ante las filtraciones debe indagarse a las autoridades que actuando con irresponsabilidad generan confusión y dolor, no a la prensa”.
Pero para la “4t”, siempre es preferible matar al mensajero. Máxime, si desnudó su sucio lucro político de ocho años con el tema de Ayotzinapa.
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