Una vez más se tropezó el Presidente López Obrador con su declaración mañanera «Me equivoqué con los ministros que propuse» al referirse a la actuación de los togados Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmin Esquivel Mossa, Margarita Ríos Farjat y Loreta Ortiz Ahlf, de quienes dijo «ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia».
Al respecto, no, no se equivocó el Presidente al proponer al Senado de la República las termas de juristas de dónde resultaron electos con más votos aprobatorios para formar parte de los Once ministros que integran el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN.
Los cuatro ministros han demostrado su amplio conocimiento de la Constitución, del sistema de leyes secundarias y acuerdos internacionales que México ha suscrito en diversos foros y materias, especialmente en derechos humanos.
Con sus resoluciones, ponencia de proyectos de sentencias y votos particulares no han hecho más que acreditar su lealtad a la investidura que el senado les otorgó. El equívoco presidencial consiste entonces en creer que por haberlos propuesto se convertirían en empleados incondicionales y dejarían de lado su función de garantes constitucionales.
Mientras el Presidente López Obrador considera que la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, en los delitos y circunstancias en la comisión del hecho punible no lo permita la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales es un acto de completa incongruencia, para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un acto de respeto a los derechos humanos de las personas en concordancia con la Constitución y los Tratados Internacionales de los que México forma parte.
Cuestión de enfoque y de intereses.