¿Y cómo va el proyecto cervecero de Constellation Brands en el puerto de Veracruz? La pregunta se hace porque después de que se anunció con bombo y platillos la mega inversión de mil 300 millones de dólares que invertiría la empresa estadounidense en el municipio jarocho, ahora la Contraloría Ciudadana del Agua de Baja California, un organismo integrado por académicos, activistas y colectivos, acusó que la trasnacional no está cumpliendo con la salida al cien por ciento de su infraestructura en el Valle de Mexicali y que todavía no se han cancelado los permisos de la planta de manera definitiva.
Como se recordará, luego de una consulta popular que realizó el gobierno en marzo de 2020, cuyo resultado adverso determinó suspender la planta productora de cerveza que Constellation Brands había empezado a construir desde 2016 en Mexicali y en la que llevaba invertidos 900 millones de dólares con un avance del 70 por ciento, la empresa decidió trasladarla al puerto de Veracruz a sugerencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ante el rechazo de los bajacalifornianos les propuso elegir un estado del sureste mexicano porque en esa región “está el 70 por ciento del agua del país”.
Pero el pasado fin de semana, la Contraloría Ciudadana del Agua de Baja California hizo un pronunciamiento para señalar que Constellation Brands no está cumpliendo con el desmantelamiento de su infraestructura en el Valle de Mexicali ni ha cancelado los permisos de la planta de manera definitiva.
Presuponen que la empresa norteamericana pudiera estar esperando el cambio del gobierno federal para reactivar el proyecto después de la elección presidencial de 2024.
La agrupación señaló que en las instalaciones de la planta se mantiene la infraestructura y equipo.
“Resulta sumamente preocupante, ya que desde el exterior del predio es posible apreciar que aún se mantiene en su interior alrededor de 40 tanques de diferentes tamaños que corresponden al área de producción de cerveza, sólo se retiró un 20 por ciento de dichos tanques. También conservan las naves industriales construidas y otros edificios, aunque gran parte del proceso de desmantelamiento consistió en el retiro y traslado de equipos y materiales que se encontraron al interior”, precisó la organización.
El pasado miércoles 7 de septiembre, los colectivos, académicos y activistas enviaron una carta al presidente López Obrador en el que piden una revisión a la planta, pues expresan su preocupación sobre su posible reactivación.
“Demandamos el desmantelamiento jurídico del proyecto, en específico que se reviertan los permisos de agua que la empresa obtuvo y se aclare la situación jurídica de los mismos. Así como una verificación física del desmantelamiento con la participación de funcionarios y la representación ciudadana”, le plantearon al mandatario.
Pero ya desde finales de octubre de 2020, siete meses después de la consulta popular que determinó su cancelación, otros activistas de grupos de resistencia por la defensa del agua de Mexicali habían denunciado también que continuaban los trabajos de construcción de Constellation Brands a pesar del anuncio presidencial de que no operaría en Baja California por la escasez del recurso hídrico.
El activista Jorge Benítez afirmó que los trabajos seguían en contubernio del gobierno federal con el estado y municipio.
Hace más de cuatro meses, a principios de mayo de este año, convocado por la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, se realizó aquí en Xalapa un encuentro entre representantes de la empresa Constellations Brands y ambientalistas veracruzanos, académicos, consultores, investigadores y miembros de fundaciones que han integrado un grupo de trabajo ante las inquietudes y preocupaciones por el impacto ambiental, social y empresarial que representa la nueva mega planta productora de cerveza que se construirá en la congregación de Vargas, del municipio porteño de Veracruz.
Esta reunión se concertó principalmente por los cuestionamientos que en redes sociales publicó la ex diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Dalia Pérez Castañeda, dada la proximidad de la planta cervecera con el sistema lagunar de San Julián, que ya presenta un severo deterioro a pesar de ser un área natural protegida.
En dicho encuentro participaron también Alejandro de la Madrid y Alma Soledad Villanueva, presidente y consejera, respectivamente, de la Fundación Salvemos el Agua, y el ingeniero Oliver Olmos Cabrera, presidente de la Asociación MOCI Va Contigo AC (Movimiento Civil Independiente), quienes expresaron el interés de conocer cuál será la fuente de abasto de agua, los volúmenes que usará la planta durante su operación, así como el destino de las aguas residuales y residuos sólidos, dado el estrés hídrico que prevalece en la zona, así como el plan de desarrollo urbano para el crecimiento de tráfico vehicular y el crecimiento de vivienda que generaría el impacto de la cervecera.
Otro más que acudió fue el biólogo Pablo César Hernández, del Instituto Tecnológico de Úrsulo Galván, quien expresó su preocupación por la existencia de los manifiestos de impacto ambiental que son indispensables previo al inicio de los trabajos de construcción, los sistemas interlagunares que podrían verse afectados por la extracción de grandes volúmenes de agua, ya que son los vasos comunicantes entre la laguna de San Julián, las dunas y los manglares. También propuso que estudiantes y egresados de los institutos tecnológicos en el estado sean considerados como parte del personal que operará la fábrica.
Por su parte, el ingeniero Gustavo Mendoza Barrón solicitó información respecto de los procesos de operación que se implementarán al interior de la planta.
A la reunión, que fue promovida por el titular de la Sedecop, Enrique Nachón García, y conducida por José Jaime Domínguez, también asistió Fabricio Cano, de la Sociedad Unida por el Medio Ambiente, quien se refirió a la necesidad de un consumo responsable del agua por parte de la empresa y de la pertinencia de una interlocución permanente de las juventudes activistas en el estado.
A su vez, Miguel Hernández Díaz, presidente de innovación de Canacintra-Xalapa, señaló la importancia de asegurar que la infraestructura en el entorno de la planta cuente con las especificaciones necesarias para no entorpecer el tránsito local, ni trastocar la vida de la población en las proximidades.
Los interlocutores de Constellations Brands fueron Paulo César Hernández, responsable del área social; Carlos Alejandro López, de BMGA, gerente local del proyecto; así como Nicolás Alfaro, director de seguridad e inteligencia, los cuales confirmaron que la magnitud de la obra a construirse en dos años contempla una extensión de 200 hectáreas, que generará 2 mil 500 empleos directos y 10 mil indirectos durante el proceso de construcción, sin mencionar los que serán permanentes durante la operación de la planta.
Sin embargo, aunque durante dos horas y media “prevaleció el diálogo respetuoso y constructivo” entre las partes, los cuestionamientos acerca de la ruta que el agua seguirá, especificaciones técnicas y ambientales, los detalles de operación y compromiso social de la empresa con las comunidades cercanas, así como los mecanismos de mitigación del daño ambiental respecto de la flora, fauna y cuerpos hídricos, que son las principales inquietudes de la ciudadanía respecto de este proyecto, se quedaron momentáneamente en el tintero pero se aseguró que serán resueltos en próxima reunión a la que asistirán especialistas técnicos de la empresa cervecera.
Los ambientalistas advirtieron que “no queremos vivir otra experiencia como lo ocurrido con la laguna de El Farallón que hoy se encuentra seca, buscamos las respuestas a nuestras interrogantes y ser parte del acompañamiento social, para que el impacto de esta inversión sea benéfico para la población, sin los altos costos ambientales que se están pagando en otros puntos del país por no observar el marco legal vigente”.