Decía, el miércoles pasado en Tercer Grado, que hay tanta información sobre el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que ya no sabemos qué es lo que realmente sucedió.
Está toda la investigación de la llamada “verdad histórica” de la procuraduría del hoy encarcelado Jesús Murillo Karam. Tenemos la investigación realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Agréguese el reporte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Súmese el más reciente Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa. Además, existen por lo menos ocho libros sobre el tema y cuatro documentales.
Es el típico caso de mucha información que confunde y oscurece la verdad.
Pienso en los padres de los 43 muchachos quienes, a estas alturas, supongo que ya no saben qué pensar.
Hay cosas donde al parecer existe consenso entre toda la maraña informativa:
1. En Iguala dominaba el grupo del crimen organizado conocido como Guerreros Unidos, quienes esperaban un ataque de sus enemigos, Los Rojos, en esta ciudad.
2. Los estudiantes de la normal de Ayotzinapa llegaron el 26 de septiembre a Iguala; los Guerreros Unidos creyeron que estos muchachos eran de Los Rojos, que venían a operar una venganza.
3. Las policías municipales de Iguala, Huitzuco y Cocula, controladas por los Guerreros Unidos, detuvieron a los estudiantes y se los entregaron a miembros de ese grupo delincuencial, quienes los mataron y desaparecieron sus cadáveres.
4. El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, tenía vínculos estrechos con Guerreros Unidos y participó en el proceso de toma de decisiones para asesinar y desaparecer a los muchachos.
Éstas son las coincidencias. Ahora las discrepancias:
1. ¿Cómo mataron a los estudiantes? ¿Todos juntos o en grupos?
2. ¿Hubo seis que sobrevivieron esa noche y fueron ultimados días después?
3. ¿Qué pasó con sus cadáveres? ¿Los quemaron en el basurero de Cocula o los repartieron en diversos grupos que fueron a enterrar, esconder, diluir en ácido, etcétera?
4. ¿Cuál fue el papel del 27 Batallón de Infantería del Ejército en la detención, asesinato y desaparición de los 43 normalistas?
5. ¿Por qué el Ejército no salió a rescatar a uno de los 43 muchachos, que en realidad era un soldado que los estaba espiando?
6. ¿El entonces coronel José Rodríguez Pérez, hoy general encarcelado, ordenó la ejecución de seis estudiantes que sobrevivieron esa noche?
7. ¿Se escondieron restos de los cadáveres en el cuartel militar de Iguala para que nadie los encontrara?
8. ¿Quién ordenó al procurador Murillo inventar la “verdad histórica” para cerrar el caso y proteger a las Fuerzas Armadas?
9. ¿Cuál fue el papel del presidente Peña en el encubrimiento de lo que ocurrió?
Esta lista, por supuesto, no es exhaustiva. Sólo he puesto lo que me parece más relevante, tanto de certezas como dudas (igual y me faltó algo en la maraña informativa que existe).
Ahora bien, tengo otra cosa muy clara de este caso: el manoseo político de la tragedia.
He aquí a 43 familias enlutadas que, desde el primer día y hasta hoy, las han tratado de utilizar para proteger o avanzar ciertos intereses políticos. Ellos siguen peregrinando con el fin de saber qué es lo que realmente sucedió.
El sexenio pasado, el gobierno de Peña trató de calmarlos ofreciéndoles la “verdad histórica” de Murillo. Del lado opositor, el lopezobradorismo se colgó de inmediato de este asunto para atacar al gobierno peñista. “Fue el Estado”, argumentaban a los cuatro vientos.
El entonces candidato López Obrador se comprometió a resolver este caso si ganaba la elección presidencial. Ya en el poder, conformó la Comisión de la Verdad presidida por un político serio y reputado: Alejandro Encinas.
Sin embargo, desde que el subsecretario de Gobernación presentó su Informe hace un mes, vino otra ola de politización del caso. La filtración del Informe sin testar a la periodista Peniley Ramírez es parte de este nuevo capítulo donde evidentemente hay una lucha política entre diversos actores involucrados. No hay duda que existen elementos interesados en sabotear la judicialización de las nuevas conclusiones de la Comisión de la Verdad.
Todo esto apesta a política.
En este sentido, yo, que siempre dudo del sistema judicial basura que tenemos, no creo que las víctimas vayan a recibir ningún tipo de justicia por lo ocurrido hace ocho años.
¿Por lo menos sabrán la verdad?
Eso espero. Al día de hoy lo dudo porque, entre tanta información y versiones, lo que más bien existe es confusión.