El hackeo a los archivos confidenciales de la Secretaría de la Defensa Nacional y las revelaciones sobre los abusos sexuales, el espionaje y los entretelones de decisiones como la del fallido operativo para detener a Ovidio Guzmán, no pueden separarse de la ofensiva del régimen de la mal llamada “cuarta transformación” para terminar de militarizar al país por completo.
La extensión de la presencia militar en las tareas de seguridad pública hasta 2028 pareciera que finalmente logrará transitar en el Senado de la República, donde se volverá a discutir este martes, al hacérsele modificaciones al dictamen enviado por la Cámara de Diputados y con las cuales, los legisladores del PRI y seguramente de otros partidos terminarán “lavándose” las manos sobre una decisión que definirá el rumbo del país en los años por venir. Y que ha quedado más que demostrado que no será para bien.
La estrategia de combatir al crimen organizado con las fuerzas armadas solo ha generado más violencia. Los números así lo demuestran. Desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, que sacó a los militares a las calles para legitimarse en el cargo tras su cuestionada elección, el saldo ha sido rojo, de más de 150 mil muertos en cada periodo presidencial. En el actual, al paso que se va, la cifra será monstruosa, la mayor de la historia del país, como si se librara una guerra en toda la extensión de la palabra.
Además de que la presencia militar en las tareas de seguridad no ha disminuido la violencia, sino todo lo contrario, la operación de los grupos del crimen organizado no se ha visto mermada en absoluto. Siguen controlando amplias franjas territoriales del país en las que no hay más ley que la que los delincuentes imponen, retando sin temor al Estado y, como quedó claro con el “culiacanazo”, pasándole por encima.
Solamente estos datos debieran servir para darse cuenta que en materia de seguridad, la militarización no ha dado ni dará resultados. Así que lo único que explica la actual postura oficial –en un vuelco de 180 grados respecto de lo que defendía cuando era oposición- es el objetivo de establecer un Estado autoritario militarizado. Y no es mera especulación.
La investigación “Ejército Espía” realizada por R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, Artículo 19 México y SocialTIC reveló que el Ejército, sin contar con facultades para ello, ha realizado y sigue realizando intervenciones de comunicaciones privadas de civiles de manera ilegal.
El reportaje da a conocer tres nuevos casos de espionaje en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en México con el malware “Pegasus” –aquel que contrató el gobierno de Enrique Peña Nieto- durante el presente sexenio: el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo Raymundo Ramos, el periodista Ricardo Raphael y un reportero de Animal Político que resguardó su identidad.
El informe señala que “existe evidencia concluyente de que al menos los dos periodistas y una persona defensora de derechos humanos, cuyas labores e investigaciones han estado relacionadas con violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas, fueron espiadas con el malware Pegasus de la empresa NSO Group entre 2019 y 2021, es decir, durante el gobierno actual”.
“La empresa Comercializadora Antsua S.A. de C.V., que previamente se demostró que formaba parte del entramado comercial que vendió Pegasus a diversas agencias del gobierno federal durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, recibió autorización por parte de NSO Group para representarla exclusivamente ante la Secretaría de la Defensa Nacional entre marzo de 2018 y, al menos, hasta diciembre de 2019”, sostiene la investigación, mostrando documentos que prueban esa relación.
A principios del sexenio, Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no espiaba a los opositores y periodistas y que no se había renovado el contrato con NSO Group. Hoy queda de manifiesto que o mintió, o el Ejército se las “pasa de humo”.
Ese mismo Ejército al que le va a entregar todo el poder.
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