En el Gobierno federal han decidido que este es el momento de ir por la Reforma Política que propuso el presidente López Obrador y que pretende sustituir al Instituto Nacional Electoral por un nuevo organismo comicial denominado Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, además de eliminar los Organismos Públicos Locales (OPLES), reducir el financiamiento a los partidos políticos y disminuir el número de diputados y senadores plurinominales. La decisión se tomó desde Palacio Nacional y el encargado de operar la aprobación de las 18 modificaciones constitucionales que implica esta reforma es el secretario Adán Augusto López.
El cálculo que están haciendo en la 4T es que, después de haber logrado el apoyo del PRI, tanto en la Cámara de Diputados, con la negociación con Alejandro Moreno Cárdenas y Rubén Moreira, como en el Senado con al menos 9 senadores priistas que apoyaron la reforma militar al quinto transitorio, las condiciones están dadas para que la Reforma Política alcance la mayoría calificada y pueda entrar en vigor el próximo año, antes de que comience el proceso electoral federal del 2024, con lo cual la elección presidencial, que es la que más importa a López Obrador, ya podría ser organizada por el nuevo Instituto Electoral y no por el actual INE con el que ha tenido fuertes diferencias por su autonomía.
Ayer mismo, el secretario Adán Augusto se sinceró con los diputados de Morena, el PT y el PVEM, al confesarles que las negociaciones con Alito Moreno, para aprobar la reforma constitucional que amplió la presencia del Ejército hasta 2028, se habían iniciado antes del 1 de septiembre pasado, con lo cual se confirma todo el entramado y la simulación que se armó en San Lázaro para intentar hacer pasar esa reforma como si fuera del PRI, al haberla presentado la ex diputada Yolanda de la Torre, aunque en realidad era una iniciativa redactada por el gobierno federal.
“Vamos, y ese es un compromiso, a intentar recuperar otros temas como la reforma eléctrica; vamos a intentar construir una verdadera reforma electoral”, dijo ayer Adán Augusto al afirmar ante los diputados oficialistas que el pacto que hicieron con el PRI es para todo lo que resta del sexenio. “Es un acuerdo político que va más allá de una reforma constitucional; es un acuerdo político que le va a permitir al gobierno del presidente López Obrador a (sic) transitar de otra manera y consolidar la gobernabilidad que el país requiere, pero sobre todo que requiere el gobierno del presidente López Obrador en el último tramo de su sexenio”.
Es decir, que según el secretario de Gobernación, Alito Moreno y Rubén Moreira se comprometieron a apoyar “todas las reformas que requiera el Presidente” y en esa lógica el funcionario afirma tener comprometido el voto priista en San Lázaro para sacar adelante la reforma política que modifique al INE y a la organización de las elecciones en el país.
Pero ayer mismo, tras las revelaciones de Adán Augusto, el dirigente del PRI y el coordinador parlamentario en San Lázaro salieron a desmentir al titular de Gobernación. «Nosotros no vamos a avalar nada que dañe al Instituto Nacional Electoral ni al Tribunal Federal Electoral. No vamos a aceptar nada que vulnere la autonomía. Así que el PRI lo ha dejado claro, lo hemos dicho», aseguró Alito Moreno, quien sin embargo no negó el que haya negociado con el secretario de Gobernación el apoyo a otras reformas de López Obrador. Mientras tanto, Rubén Moreira dijo no conocer el pacto político con el gobierno. “Que yo sepa, no, pero es lo que dice el señor (secretario de Gobernación), estaremos atentos a ver qué pasa…Nosotros no tenemos reforma electoral, ni vamos a presentarla”, sostuvo el coordinador priista.
Veremos quién miente, si el secretario de Gobernación o los dirigentes del PRI. El primero dice tener ya el compromiso de Alito Moreno y Moreira para apoyar “todas las reformas que requiera el presidente López Obrador” de aquí al final de su sexenio, incluida la reforma electoral que desaparecería al INE. Los segundos dicen que no hay tal pacto y que nunca hicieron ese acuerdo con la Secretaría de Gobernación. Lo cierto es que Adán Augusto ayer en San Lázaro fue bastante claro sobre cómo Alito y Rubén Moreira se acercaron al coordinador de Morena, Ignacio Mier, para ofrecerle pactar con el gobierno de López Obrador.
¿Será que el mentiroso es el secretario de Gobernación o será que Alito y Moreira volverán a traicionar su palabra como ya lo hicieron con la Alianza Va Por México, a la que dejaron moribunda al acercarse a Morena y a López Obrador? Ya se verá quién miente, pero por lo pronto, lo que queda claro es que el Presidente ya ordenó ir en contra del INE, que justo celebra esta semana sus 32 años de existencia (con su antecedente del IFE) y para operar su desaparición le ha encargado el asunto a su hombre fuerte y de confianza, Adán Augusto López.
NOTAS INDISCRETAS…
Una fuente muy cercana a las investigaciones del caso Ayotzinapa confirmó a esta columna que el autor de la filtración del informe final de Alejandro Encinas, que apareció publicado en la prensa hace un par de semanas, fue el exfiscal de la Unidad Especial, Omar Gómez Trejo. De hecho, aseguran que la salida del fiscal especial se debió no solo a esa filtración, sino también a que fue él quien se adelantó al subsecretario Encinas y al presidente López Obrador y presentó la solicitud de las 83 órdenes de aprehensión, incluidas las de 21 militares, cuando todavía en Palacio Nacional estaban analizando a cuántos generales y soldados acusarían.
La maniobra de Gómez Trejo, que se sentía desplazado de la investigación, tanto por el fiscal Gertz Manero como por Encinas, fue lo que provocó el desastre en el que se convirtió el Informe de Encinas, pues cuando el Presidente recibió las quejas y reclamos del Ejército, por las órdenes de aprehensión contra 21 militares, se dieron cuenta de que Omar se les había adelantado, porque en la Presidencia habían decidido que sólo inculparían y solicitarían órdenes en contra de 5 militares. A todo eso se sumó la ejecución precipitada y sin avisar a los padres del exprocurador Jesús Murillo Karam, a quien acusaron de delitos que difícilmente le podrán probar.
Esa detención, que se hizo antes de tiempo, molestó a los padres de los 43 normalistas y a los expertos del GIEI, que después se negaron a reconocer el Informe de Encinas y un caso que López Obrador había cuidado y seguido personalmente, porque quería llegar al cierre y conclusión con el apoyo de los padres, terminó convertido en un verdadero desastre que hoy tiene a Murillo Karam con un pie fuera de la cárcel, a los padres de los normalistas y al GIEI cuestionando al gobierno, y al caso Ayotzinapa tal y como desde un principio, en el enredo total y muy lejos de la verdad y la justicia que prometió López Obrador…Todo indica que Omar Fayad tendrá un cargo dentro del gobierno de la 4T.
Porque ayer, después de que el lunes se le viera visitando el Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que el exgobernador priista de Hidalgo “se portó muy bien”, lo cual, en los nuevos códigos de esta administración, significa que ayudó a ganar a Morena en su estado y que, por lo tanto, le darán una posición del gabinete o una embajada o consulado en el extranjero. ¿A dónde va Fayad?… Se lanzan los dados. Capicúa. Se repite el tiro.