El presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que la marcha del próximo domingo 27 de noviembre podría ser la última en la que participe en su carrera política.
En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador aseguró que no se sabe lo que le depara el destino, sin embargo, dejó en claro que sus adversarios no han podido derrotarlo.
Es que puede ser la última, aunque no puedo decir “ha sido de manera categórica que es la última”, porque no sabemos qué nos depara el destino. Nosotros nos mantenemos, eso no debe de olvidarse, no han podido derrotarnos los adversarios del conservadurismo no han podido porque tenemos el respaldo del pueblo”, dijo.
El mandatario mexicano detalló que no conoce el número de personas que asistirán a dicha movilización, la cual es voluntaria, ya que “la gente decide si va o no va, no es ‘tienes que ir, te voy a pasar lista’”.
“Todavía mañana vamos a hablar de eso (de la logística). Vamos a buscar la forma de que sea por estado, van a llegar a hermanos migrantes, que están muy contentos, muy muy contentos y vienen, entonces tenemos que buscar la forma de hacerlo por estado, por contingente y si no, como dices tú, no vamos a poder caminar”, dijo.
La marcha que encabezará el propio López Obrador el 27 e noviembre partirá desde el emblemático Ángel de la Independencia para concluir en el Zócalo capitalino, donde rendirá su informe de gobierno, el cual inicialmente estaba programado para realizarse el jueves 1 de diciembre.
El anuncio de la marcha se da apenas unos días después de la movilización que convocó a miles de personas, en su mayoría opositores, que salieron a las calles de Ciudad de México y otras entidades del país en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) y contra la polémica Reforma Electoral que impulsa el presidente López Obrador.
La reforma, que López Obrador presentó en abril pasado y que se discutirá próximamente en el Congreso, causa polémica porque sometería a voto popular a los consejeros del INE y a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
También eliminaría a 200 diputados y 32 senadores, reduciría el financiamiento de los partidos políticos y redefiniría el concepto de “propaganda” para que el Gobierno se pronuncie durante las elecciones, disposiciones criticadas porque pueden favorecer al actual partido en el poder.