En 2021, los 62 mil 667 Comités de Contraloría Social de la Administración Pública Federal (APF), en los que participaron 266 mil 724 personas, vigilaron 31 mil 441 millones 927 mil 874 pesos de recursos del ejercicio fiscal de ese año, de acuerdo con el Informe General de Resultados de Contraloría Social 2021 que dio a conocer la Secretaría de la Función Pública.
En el documento se reportan 92 estrategias de Contraloría Social que corresponden a 60 programas federales de 42 dependencias y entidades, lo que significó la vigilancia de 74 mil 671 apoyos, obras y servicios y la realización de 51 mil 865 reuniones, así como el registro de 61 mil 903 informes de Comités de Contraloría Social. Asimismo, destaca la participación de 171 mil 595 mujeres y 95 mil 129 hombres en los comités.
Los Comités de Contraloría Social son una forma de organización constituida por las personas beneficiarias de los programas federales a cargo de las dependencias y entidades de la APF, para el seguimiento, supervisión y vigilancia de la ejecución de dichos programas, del cumplimiento de las metas comprometidas en éstos, así como de la correcta aplicación de los recursos asignados a los mismos, de conformidad con el artículo 67 del Reglamento dela Ley General de Desarrollo Social.
Para impulsar este instrumento de rendición de cuentas, la SFP realizó 137 reuniones de asesoría y capacitación con personas servidoras públicas de instancias normativas, representaciones federales e instancias ejecutoras responsables de los programas federales.
Con las acciones de Contraloría Social instrumentadas por las instituciones de la APF, el Gobierno Federal promueve mecanismos de prevención de actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas. De esta manera, la Contraloría Social se consolida como un mecanismo de vigilancia que es ejercido por las mismas personas beneficiarias de los programas federales.
Asimismo, el Gobierno Federal impulsa la Contraloría Social como una herramienta que posibilita la participación ciudadana, lo que influye en la correcta aplicación del presupuesto, inhibe el desvío de los recursos públicos federales y fortalece la transparencia y corresponsabilidad gobierno-sociedad, lo que representa un pilar fundamental para la ciudadanización del combate a la corrupción.
Con lo anterior, se da cumplimiento a los objetivos y estrategias plasmados en el Programa Sectorial de Función Pública 2020-2024 y en el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024, mediante el fortalecimiento de la ciudadanización de la lucha anticorrupción en la vigilancia de los recursos federales.