La cancillería peruana emitió una comunicado oficial en el cual acusa que el gobierno de México, a partir de las declaraciones en torno a la crisis política en desarrollo, tanto del presidente Andrés Manuel López Obrador como del canciller Marcelo Ebrard, ha intervenido en asuntos internos.
“En la fecha, el Ministerio de Relaciones Exteriores convocó al embajador de Estados Unidos Mexicanos, Pablo Monroy, a fin de transmitirle la extrañeza que han generado en Perú las expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador y del canciller Marcelo Ebrard, respecto de los procesos políticos en el país”, indica la nota.
Agrega que “las expresiones de las autoridades mexicanas constituyen una injerencia en los asuntos internos de Perú, y no resultan consistentes con los acontecimientos que han sucedido en días recientes”.
Respecto de los comentarios de los funcionarios mexicanos en torno a la solicitud de asilo político hecha por Castillo, “se señaló al embajador Monroy la necesidad de que los estados se ciñan a las normas contenidas en los tratados internacionales vigentes sobre la materia y cumplan con todos los requisitos que los mismos establecen”.
Concluye que “el gobierno de Perú desea reiterar su más amplia voluntad para continuar profundizando, en el marco del respeto mutuo y de las normas del derecho internacional, las tradicionales relaciones de amistad, cooperación y voluntad de integración que unen a Perú y México, las que cumplirán 200 años en enero de 2023, especialmente en aquellos ámbitos que inciden en el desarrollo social”.
Antier, López Obrador confirmó que Castillo, después de haber anunciado que se disponía a clausurar el Congreso, y cuando constató que sus intenciones no prosperaban, lo llamó vía telefónica para pedirle que lo dejaran ingresar a la embajada en Lima; tras lo cual, Obrador dio instrucciones a Ebrard para que se facilitara el acceso.
Pero el depuesto gobernante no pudo concretar el asilo porque, cuando se dirigía junto con su familia a la sede de la legación mexicana, su viaje fue interrumpido por sus propios escoltas y comandos militares quienes lo arrestaron para presentarlo en una prefectura policial.
Castillo fue después trasladado a la sede de la Dirección de Operaciones Especiales, donde el jueves fue visitado por el diplomático Monroy, ante quien reiteró su solicitud de asilo, según confirmó el propio Ebrard.
Un juez dictó la orden de detención provisional durante siete días para el ex presidente, a la espera de la formalización de cargos por sedición e insurrección que tienen penas de hasta 20 años.
La cancillería peruana también convocó por Twitter al encargado de Negocios de Colombia en Lima para expresarle su “extrañeza” por las declaraciones de la autoridades de ese país sobre “los acontecimientos recientes en Perú”, y aseguró que en el país existe el “pleno respeto a los derechos humanos, al debido proceso y a la separación de poderes”.
En los recientes días, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, señaló que se ha estado gestando un “golpe parlamentario” en el Congreso contra Castillo y pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para el destituido mandatario.