Jaime Cárdenas, un abogado muy respetado por su honestidad y congruencia, renunció a la dirección del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, el Indep, el 21 de septiembre de 2020, mediante una carta con una bomba en el último párrafo, donde informaba que quedaba “pendiente de conciliar la transferencia de los 2 mil millones de pesos que en febrero” de ese año se habían remitido al organismo, y que hasta esa fecha se encontraban invertidos, generaban intereses y no habían sido utilizados. Sólo los muy enterados vieron la dimensión de la sutil denuncia que había hecho. Una parte comenzó a develarse este fin de semana.
Cárdenas reconoció en una entrevista con Proceso que ese tema fue una razón importante de su renuncia, cuya génesis es la mañanera del 10 de febrero de 2020, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió un cheque que le entregó el fiscal Alejandro Gertz Manero, de 2 mil millones de pesos, “recuperados” en el “combate a la corrupción” por un presunto fraude al Infonavit. En verdad no habían sido “recuperados”, sino pagados por tres de los implicados, los hermanos Max y André El-Mann, a cambio de su libertad. Quienes no aceptaron pagar por su libertad, los hermanos Rafael y Teófilo Zaga Tawil, no han dejado de ser perseguidos.
Como lo cuenta Cárdenas, ese momento y su secuela estaban salpicados por irregularidades. Para empezar, el Presidente mostró un cheque cuyo dinero no estaba ni en la fiscalía ni en ninguna otra caja del gobierno. Aquella mañanera fue una gran mentira para presumir que el dinero sería para la rifa del avión presidencial. Cárdenas revela que, al saber que no había dinero para disponer, López Obrador ordenó reponerlo “de donde fuera” y comenzaron a presionarlo para que transfiriera esos fondos que no podía transferir, porque habría incurrido en peculado y ejercicio indebido de atribuciones.
Cárdenas se fue, pero lo podrido se quedó. Lo que contó a Proceso muestra una parte de las irregularidades y los abusos del poder. La parte toral está en la historia del cheque, cuya placenta data del 17 de enero de 2018, cuando el Infonavit presentó una denuncia ante la fiscalía para investigar los convenios firmados con la empresa TELRA, cuyos socios eran los El-Mann y los Zaga Tawil, para conocer si funcionarios en administraciones anteriores incurrieron en actos de corrupción. La denuncia no estaba dirigida contra los hermanos, pero, de cualquier forma, El-Mann y Zaga fueron perseguidos y presionados.
El 31 de enero de 2020, luego de dos años de investigación y sin haber podido documentar irregularidades de los empresarios, para acabar con el acoso de la fiscalía los hermanos El-Mann presentaron un proyecto de acuerdo reparatorio y copias de dos cheques personales a nombre del Infonavit, por mil millones de pesos cada uno. El 6 de febrero, el coordinador jurídico del Infonavit, Óscar Javier Priego, recibió los cheques y se comprometió a ingresarlos a la partida presupuestal del organismo. Hasta hoy no se sabe si firmó el acuerdo reparatorio, aunque los indicios son que no. Los cheques no fueron devueltos, ni canjeados.
Diez días después se engañó a la nación en la mañanera, al presentarse el cheque por 2 mil millones de pesos, aunque sólo fue hasta esa noche cuando el abogado de los El-Mann exhibió dos cheques por mil millones de pesos cada uno, a nombre de la fiscalía. El 11 de febrero, la fiscalía le entregó un cheque de caja por 2 mil millones de pesos a Alonso Rodríguez, coordinador metropolitano del Indep, para su custodia, aunque, a diferencia de lo que había anunciado el Presidente días antes, sobre el destino de usarlo para la rifa del avión presidencial, le dijo que se determinaría una vez que se cerrara la carpeta de investigación.
Luego de haber entregado los cheques, los hermanos El-Mann, acusados por lavado de dinero, pidieron un criterio de oportunidad, que se les otorgó hasta el 20 de mayo. En todo ese tiempo, como narra Cárdenas, recibió presiones del Presidente y de su secretario particular, Alejandro Esquer, para que, violando la ley, transfiriera los recursos para apoyar la rifa del avión presidencial. Cárdenas se negó a hacerlo.
El 1 de junio de 2020, el administrador titular Jurídico y de Recepción Metropolitana del Indep, Juan Carlos Villavicencio, volvió a pedirle a la fiscalía el acuerdo de aseguramiento de los 2 mil millones y el destino que tendrían. No hubo respuesta. Dos días después, el Infonavit impugnó el criterio de oportunidad dado a los El-Mann. El 24 de junio, con la presión para que cometiera ilícitos el Indep, su director corporativo, Andrés Álvarez, solicitó por tercera vez el acuerdo del aseguramiento y que precisaran qué destino tendrían los 2 mil millones de pesos. La agente del Ministerio Público de la fiscalía, Emma Vázquez Martínez, respondió a Villavicencio que no existía el acuerdo y que el dinero sólo lo tenían en custodia.
El desaseo en el gobierno es brutal. En la entrevista, Cárdenas narra que, para cubrir el dinero, imposible de canalizar legalmente para lo que quería López Obrador, se buscó taparlo con 200 millones de dólares decomisados al narcotráfico, aunque advirtieron a la fiscalía que el Indep sólo podía recibir y administrar bienes asegurados por procedimientos penales. De nueva cuenta no hubo respuesta a la petición.
En los meses posteriores, la fiscalía y el Infonavit –que retiró su impugnación al criterio de oportunidad– pusieron los recursos a disposición del instituto de vivienda, por la presunta reparación del daño, casi 14 meses después de la mañanera donde se aseguró que tenían el dinero en caja. Los recursos no fueron para la rifa del avión. No se sabe nada, cuando menos públicamente, dónde acabaron ni cómo se utilizaron. La fiscalía nunca judicializó el caso contra los El-Mann, que le dieron 2 mil millones de pesos, pero la emprendió contra los Zaga Tawil, que no entraron al juego de las “reparaciones”, eufemismo hoy usado para describir acciones oscuras, donde cambian dinero por libertad.