Hace ya algunos ayeres, cuando a este país lo gobernaba Luis Echeverría (1970-1976), su Secretario de la Presidencia, Hugo Cervantes del Río, quien por ese entonces figuraba como uno de los posibles precandidatos a sucederlo, vino a Coatzacoalcos desde donde anunció el Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, en cuyo centro medular figuraba la construcción de un Ferrocarril que comunicaría los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz. Aquello quedó en mero anuncio, como lo fue la tónica en gobiernos subsecuentes, hasta que Calderón y Peña Nieto en sus respectivos mandatos retomaron con detenimiento el asunto e iniciaron los preparativos, que ahora el gobierno de AMLO prosigue y ojalá concluya para bien del sur- sureste de México; no hace falta insistir sobre el impacto socioeconómico que ese proyecto ejercerá en la Región, más aún que el Tren Maya y Dos Bocas. Se trata de una de las porciones del territorio mexicano más codiciadas por las potencias del orbe, Francia una de ellas durante el siglo XIX, cuando envió a sus agentes exploradores de La Lousiana Company a viajar por la Región y comprobar su potencial económico y estratégico precisamente cuando gobernaba don Benito Juárez y aquel país competía fuertemente con Inglaterra y contra el expansionismo de los EEUU, que gobernaba Abraham Lincoln, y se debatía en el Congreso de ese país el posible reconocimiento al gobierno juarista. No era casualidad porque ese tramo de nuestro territorio es la cintura del país y el proyecto al que hacemos referencia representa la oportunidad de conectar aquellos Puertos marítimos en muy corto tiempo. Conlleva, por supuesto, condiciones inherentes de singular impacto político, económico y social: rebatiña, legal u obligada venta, en la adquisición de los terrenos aledaños a las vías de comunicación (Tren y Autopista), la especulación inmobiliaria es ya un fenómeno que provoca serios enfrentamientos, incluso con la acentuada participación de los agentes de la delincuencia. Y esto se refleja muy claramente en los conflictos por los cuales atraviesa el ayuntamiento de Sayula, en el periodo inmediatamente anterior y en el actual. Por esto, es posible desplantar una interrogante, de lógica propuesta: ¿por qué el Congreso local no actúa para resolver los conflictos de aquel ayuntamiento? Obviamente, una respuesta fincada en el respeto a la autonomía municipal rayaría en pedestre inocencia. Pero Sayula es solo una muestra, también Texistepec, San Juan Evangelista y Jesús Carranza, entre otros correspondientes a la entidad veracruzana padecen esos conflictos, los de Oaxaca tampoco escapan a esas circunstancias. Ese escenario se ha venido configurando desde el anuncio gubernamental de cristalizar el Proyecto Transistmico, y ahora que se advierte su potencial cumplimiento surge con mayor acento, explicable por todo lo que lleva implícito. No es ocioso señalar que se transparenta en cada relevo de autoridades municipales; no es buen síntoma y ojalá no se levante la mira.