El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva derogó ayer una normativa que inhibía el acceso al aborto, dictada durante la gestión del expresidente Jair Bolsonaro.
En concreto el Ministerio de Salud dejó atrás la disposición aprobada en septiembre de 2020, y que obligaba a médicos de los hospitales a notificar a «una autoridad policial responsable» antes de practicar un aborto a una mujer que declarase haber sido objeto de una violación.
En Brasil, actualmente la interrupción del embarazo sólo está autorizada por tres causales: violación, peligro de vida para la madre o anencefalia del feto.
La norma también determinaba que, antes de efectuar el aborto, debía ofrecerse a la gestante la posibilidad de ver al embrión o al feto a través de una ecografía, lo que fue anulado posteriormente por el alto tribunal.
El Ministerio de Salud, bajo la gestión de Bolsonaro, publicó esa medida unas pocas semanas después del caso de una niña de 10 años que quedó embarazada, tras ser violada sistemáticamente por un tío.