A nadie le queda duda que el principal activo político de Morena es su fundador, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en la mayoría de las encuestas anda arriba del 60 por ciento de aprobación popular.
Habrá que esperar las próximas mediciones para ver qué tanto habría sido el desgaste del mandatario luego de los últimos rounds que se aventó en tres impactantes temas políticos, cuyos resultados le han sido adversos: la sucesión en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la movilización ciudadana del pasado domingo en apoyo al Instituto Nacional Electoral (INE) y la fallida pulseada que acaba de protagonizar con el archimillonario Elon Musk por la instalación de su Gigaplanta de la armadora de automóviles eléctricos en el estado de Nuevo León, la que el Ejecutivo federal pretendió vetar argumentando problemas de abasto de agua en la entidad norteña gobernada por Movimiento Ciudadano.
Seguramente no le harán mucha mella en su base dura de simpatizantes. Sin embargo, el problema será para su partido y las tres principales “corcholatas” –la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López– que aspiran a sucederlo en 2024, los cuales no tienen su arrastre popular y necesitarán atraer el voto de la clase media que cada vez rechaza más a Morena y su régimen de la Cuarta Transformación.
Según las últimas estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de los 130 millones 200 mil mexicanos que había en 2022, alrededor del 40 por ciento –aproximadamente 52 millones– se les identifica como clase media, un sector importante de la población que se ha expandido en las últimas décadas y que de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) se define como aquellas personas que tienen ingresos entre dos y diez veces el salario mínimo, lo que en la práctica significa un ingreso mensual de entre 5 mil 335 y 26 mil 676 pesos mexicanos (alrededor de 266 y 1,333 dólares estadounidenses, respectivamente, según la tasa de cambio de febrero de 2023).
Otros informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estiman que la clase media en México representa entre 38% y 43% de su población., cifras cercanas a las del INEGI.
Tres días antes de la movilización ciudadana en apoyo al INE, el portal TheMexicanPress publicó un texto titulado “El 2024, ¿una elección de la clase media?”, en la que retoma los datos del INEGI del año pasado y deduce que, si se estiman 52 millones de personas de este segmento social y votaron 56 millones en el 2018, podrían representar por sí solos un padrón electoral de casi el 93% de lo que fue la participación en la elección en la que arrasó López Obrador.
Y añade que, “según el INE, en las elecciones presidenciales de 2018 se registró una participación ciudadana del 63.43%, equivalente a un total de 56 millones 594 mil 818 votos válidos emitidos”.
Andrés Manuel López Obrador ganó esas elecciones con un total de 30 millones 113 mil 483 votos, aproximadamente el 53 por ciento de los votos válidos emitidos.
¿Quién de sus “corcholatas” podrá igualar o acercarse a tan tremenda hazaña?
MARLON, ‘EL CAZAFANTASMAS’
Quien en su afán por tratar de desactivar el escándalo de los millonarios contratos asignados a una modesta empleada de la Secretaría de Educación de Veracruz se ha encargado de difamar al diputado local Marlon Ramírez Marín difundiendo que el legislador priista es supuestamente usado por el líder del Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín, para “golpear” a sus adversarios internos de Morena, ha cometido un gran error de cálculo político porque en vez de darle carpetazo a este espinoso asunto sólo ha provocado que el dirigente del PRI haya conseguido más información acerca de este delicado tema de presuntas “empresas fantasma” que dará a conocer en conferencia de prensa convocada para este miércoles 1 de marzo, a las 11:45 horas, en la sede del Comité Directivo Estatal del Revolucionario Institucional.
“¡Pero qué necesidad!”, diría el extinto Divo de Juárez, si lo único que debían hacer era poner a trabajar a la Contraloría General del Estado para que investigara y deslindara responsabilidades si es que, en efecto, existen irregularidades en la asignación directa de contratos por más de cien millones de pesos.
Ahora, según trascendió, en vez de apagarlo el escándalo será mayor.