Para poner fin al “extractivismo voraz” de las empresas mineras y recuperar la rectoría del Estado sobre los minerales y recursos hídricos del subsuelo, el presidente Andrés Manuel López envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma que busca otorgar mediante concurso público, las concesiones mineras; reducir su plazo de cien a 30 años, máximo y condicionarlas a la disponibilidad hídrica.
Propone que este tipo de concesiones se prohíban en zonas sin disponibilidad de agua, áreas naturales protegidas o donde se ponga en riesgo la población. Incluye la figura de concesión de agua para uso específico en minería con una duración de cinco años, y posibilidad de “prórrogas por igual término”.
Con esta reforma, el presidente plantea poner fin al despojo de tierras en favor de particulares, garantizar el respeto a los derechos humanos y el medio ambiente; y establecer la consulta previa, libre e informada a comunidades indígenas y afromexicanas.
Asimismo, eliminar el carácter preferente de las empresas mineras y obligarlas a “pactar contraprestaciones monetarias sujetas a consentimiento de las personas propietarias de los terrenos, entre ellas ejidos, comunidades y núcleos agrarios, en general”.
En la exposición de motivos, López Obrador resalta que “han pasado más de tres décadas de empleos perdidos, despojos, daños ambientales severos, conflictos sociales y prácticamente nulos beneficios económicos para el país, desde que fueron promulgadas las reformas neoliberales en materia minera y de aguas nacionales.
“El ánimo de igualdad y justicia social que motiva a este gobierno obliga a concluir lo que se podría considerar como el corolario normativo del periodo neoliberal que representan las aberraciones jurídicas que se propone ahora modificar”.
Por lo anterior, “y con el fin de dar por concluida una de las páginas más depredadoras del neoliberalismo mexicano, de extractivismo voraz, la etapa más oscura y ominosa en la historia de nuestro territorio”, puso a consideración de la cámara, la iniciativa de reforma a las leyes Minera, de Aguas Nacionales, General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en Materia de Concesiones para Minería y Agua.
Con ella, también busca recuperar la soberanía nacional sobre los minerales y sustancias que se extraen del subsuelo mexicano, “para convertirlos en bienestar social, desarrollo sustentable e independencia para nuestra patria”.
La reforma propuesta por el Ejecutivo Federal elimina el esquema de terreno libre y primer solicitante. “Se propone modificar el esquema de otorgamiento de concesiones para que únicamente mediante concurso público, se otorguen concesiones bajo condiciones mínimas que aseguren las mejores condiciones económicas para el Estado mexicano y de beneficio para la población.
“Y garanticen la realización de acciones para preservar, restaurar y mejorar el ambiente, prevenir y controlar la contaminación del aire, agua, suelo y subsuelo”.
La propuesta adiciona como causales de cancelación de concesiones mineras, la falta de informe sobre posibles daños o riesgos al equilibrio ecológico, no contar con permisos, concesiones o autorizaciones de otras autoridades, ni con los programas de cierre o de gestión de residuos.
De igual manera, incorpora instrumentos de carácter ambiental y social. Entre ellos, estudio de impacto ambiental, programa de restauración, rehabilitación y remediación ambiental, plan de cierre de mina y presentación de cartas de crédito para garantizar el cumplimiento de la obligación de mitigación y restauración, así como programa de manejo de residuos.
Se eliminan tres afirmativas fictas que contenía la ley, para dejar como único mecanismo de otorgamiento de una concesión el concurso correspondiente, por 15 años, y el otorgamiento de la prórroga –por otros 15 años- queda condicionado al cumplimiento que haya tenido la concesionaria de sus obligaciones sociales y fiscales.
Esta reforma precisa que la concesión será por mineral o sustancia susceptible de explotación, “lo que permitirá un mayor control y generación de recursos para el Estado y las comunidades afectadas”.
Con ello busca poner fin a la “explotación predatoria de los recursos minerales” que permite la ley vigente, en el sentido de que “una concesión minera se otorga por la totalidad de los recursos que se encuentran en el lote concesionado, por lo que el titular tiene derechos sobre todos los minerales o sustancias que encuentre, sin que el Estado o la comunidad obtenga beneficio alguno por dichos recursos”.
La reforma considera como delitos, la extracción ilegal de minerales o sustancias; la enajenación o tráfico de minerales y derivados metalúrgicos no concesionados; el menoscabo de la seguridad física de trabajadores por omisión de cumplimiento de las disposiciones de la Ley Minera y su reglamento, así como el traslado ilegal, fuera del territorio nacional, de productos mineros o metalúrgicos.