Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, aseguró que el Estado de derecho jamás estuvo en riesgo con el plan B electoral, luego de que la Suprema Corte de Justicia (SCJN) de la Nación suspendió la reforma.
A través de su cuenta de Twitter, escribió que el plan B electoral garantiza el acceso democrático de la ciudadanía y “la transparencia de los recursos es un compromiso que la democracia debe abanderar y defender”.
Adán Augusto aseguró que “el oportunismo político encabezado por la oposición no debe dar paso a la duda de las acciones del poder de la Suprema Corte“.
“La suspensión otorgada por la SCJN se mantendrá hasta el momento en que los otros dos Poderes de la Unión respondan dicha solicitud”, dijo López Hernández.
Ayer viernes, Javier Laynez Potisek, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, otorgó una suspensión en contra del plan B electoral promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El Poder Judicial informó en un comunicado que el ministro admitió la demanda de controversia constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de las reformas en materia electoral.
Con ello, otorgó la suspensión para que las cosas mantengan el estado que tenían previo a la entrada en vigor de la reforma.
El ministro Laynez solicitó tanto al Congreso de la Unión como al Ejecutivo federal que presenten su contestación dentro del plazo legal.
El pasado 9 de marzo, el INE presentó una segunda controversia constitucional en contra del segundo paquete de reformas del plan B.
La demanda, indicó el Instituto, buscaba una suspensión contra del decreto por el que se reforman la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 2 de marzo de 2022.
El organismo consideró que se violó el debido proceso legislativo, se vulneró su autonomía e independencia y las condiciones de equidad en las contiendas electorales, así como se afectaron los derechos laborales del personal operativo del INE.