Aunque aprovechó la coyuntura para lanzar una embestida más, ésta contra el Poder Judicial, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador saben que su reforma electoral, conocida como el “Plan B”, está tan mal hecha y es tan abiertamente inconstitucional, que difícilmente pasará la aduana de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que cuenta con sobrados argumentos para echarla abajo.
En donde el régimen tiene enfocadas sus baterías es en la ruta que le daría lo que finalmente está buscando, que es el control del Instituto Nacional Electoral (INE). Esa ruta es apoderarse a través de alfiles, de títeres del gobierno, de las cuatro consejerías del órgano electoral que están por renovarse en los próximos días.
Mientras la discusión política se centraba en los dimes y diretes sobre el “Plan B”, Morena se apoderaba del órgano encargado de organizar el proceso de selección de nuevos consejeros colocando ahí a otros incondicionales y peleles del régimen, como Enrique Galván Ochoa, columnista “orgánico” de la “4t” y quien se suponía se encargaría de la redacción de la “Constitución moral” con la que el morenato amagó con intentar adoctrinar a la población.
Como ese bodrio no caminó, lo impusieron en un lugar donde sin duda podía hacer más daño, junto con otros como el investigador del CIESAS Golfo, Ernesto Isunza Vera, abierto simpatizante del lopezobradorismo propuesto por la Comision Nacional de Derechos Humanos de Rosario Piedra. Ninguna clase de imparcialidad podía esperarse de personajes con tan claras filias y fobias.
Y así ha resultado. Una gran cantidad de irregularidades se han denunciado durante el proceso, incluyendo la fundada sospecha de que las respuestas de la última evaluación les habrían sido “filtradas” a los perfiles “4t” que, curiosamente, obtuvieron los puntajes más altos a pesar de no contar con experiencia ni conocimiento electoral previo.
El “chanchullo” es más que obvio. Y por lo visto más difícil de anular que el “Plan B”. Una vez elegidos los nuevos consejeros del INE sería muy complicado echar abajo sus nombramientos, con todo y las marrullerías que durante el proceso han quedado evidenciadas.
Está muy claro lo que el obradorato pretende hacer si coloniza el INE. Una de las finalistas, Bertha Alcalde Luján –quien ni siquiera debería estar ahí, pues es hija de la ex presidenta del Consejo Nacional de Morena Bertha Luján, hermana de la secretaria del Trabajo federal Luisa Alcalde, y ella misma funcionaria del gobierno de López Obrador, lo que la coloca en un descarado conflicto de intereses-, propuso en la exposición de motivos de su proyecto para ser consejera que el padrón electoral pase a manos de la Secretaría de Gobernación y que la credencial de elector pueda imprimirse en una hoja de papel. Ambas, ideas aberrantes, dignas de la brutal ignorancia y mala fe de los morenistas.
Lo más grave es que Bertha Alcalde Luján es la aspirante que obtuvo el puntaje más alto en la evaluación a pesar de su nula experiencia electoral –lo que la hace sospechosa de ser de las beneficiarias de la trampa de la filtración de las respuestas- y es la apuesta de Morena para ser la próxima presidenta del INE.
De concretarse semejante despropósito, el régimen no tendría necesidad de que el “Plan B” perviva. El “Plan C”, la colonización del INE, está en marcha y avanza con velocidad. Y con ello, el lopezobradorismo controlaría las elecciones exactamente de la manera que ha estado buscando: haciendo involucionar al país.
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