La tragedia en el centro migratorio de Ciudad Juárez se convirtió en un crimen de Estado que se fue construyendo desde antes de que Andrés Manuel López Obrador se convirtiera constitucionalmente en jefe de Estado.
Treinta y nueve inmigrantes latinoamericanos no hubieran muerto, se puede argumentar, si no hubiera aceptado López Obrador y el Secretario de Relaciones Exteriores modificar la política migratoria y aceptar que los migrantes que buscaran asilo en Estados Unidos permanecieran en territorio mexicano mientras se procesaban sus papeles.
No habrían muerto si el Gobierno mexicano, como ofreció desde 2019, hubiera dados visas de trabajo y refugio a los inmigrantes, en lugar de recluirlos hacinados en centros de detención de la Secretaría de Gobernación, generando tensiones, como sucedió en Ciudad Juárez en las cuatro semanas previas a la tragedia.
Tampoco estarían muertos si la Secretaría de Hacienda hubiera aprobado presupuestos para el Instituto Nacional de Migración y la Comisión de Ayuda a Refugiados, a quienes en cambio les recortaron recursos mientras el fenómeno crecía, sumado a la falta de dinero público para construir infraestructura en las ciudades fronterizas designadas para recibir a los inmigrantes por un tiempo indefinido, que permitiera ampliar las capacidades municipales.
Los inmigrantes estarían vivos si el Gobierno hubiera cumplido con la promesa de un trato humanista y ético, así como observar el compromiso desde octubre de 2018, antes de que asumiera la Presidencia, que habría una reforma profunda al Instituto Nacional de Migración.
Los hubiera son retóricos porque nada cambia lo que pasó, pero ayuda a ver lo que produjeron las omisiones y negligencias, con el deseo de que los grandes sacudimientos, máxime cuando hay una tragedia de por medio, lleven a enmendar los errores y ejecutar los cambios necesarios para que no se repita otro juarazo.
El crimen de Estado en Ciudad Juárez se ha politizado de la misma manera como quienes ahora rechazan la categorización, la impulsaron cuando se dio el incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, que estaba subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, que en 2009 provocó la muerte de 49 menores, y acusaron al Gobierno de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014.
No son iguales, le dijo el videobiógrafo del presidente, Epigmenio Ibarra, a Ciro Gómez Leyva en la radio este miércoles, porque la esencia del movimiento lópezobradorista no es como la de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. ¿Cuál es la esencia? No lo dijo, pero lo deja claro: la cuarta transformación es pura, y quien no lo crea así, que se aguante.
Ibarra, el más inteligente y articulado propagandista de López Obrador, afirmó en su cuenta de Twitter: “Ante la dolosa tragedia migrante no habrá ocultamiento como lo hubo en la Guardería ABC y en Ayotzinapa, ni una operación de Estado para encubrir a los responsables; se llegará a fondo, se castigará a los culpables, no habrá impunidad”. Sus palabras son sonoras y persuasivas, en la narrativa justiciera del Presidente, pero absolutamente hipócritas. Si las cosas no toman otro rumbo muy distinto al que se lleva en este momento para resolver la tragedia, los culpables que pagarán con la cárcel serán funcionarios menores y se blindará todo aquello que se encuentre afuera del centro de migración en Juárez y cercano al interés presidencial.
Este es un gobierno inmoral y sin ética.
Si se analiza la forma como está administrando la crisis, todo se está desviando hacia las responsabilidades criminales de quienes trabajaban en el centro: agentes de migración, quizás sus administradores, y colgarle a una empresa privada una parte de la culpa. La primera señal de la estrategia fue la conferencia de prensa del miércoles para informar sobre lo que se estaba haciendo, que encabezó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.
¿Por qué la envió el Presidente? Porque en la maraña política y administrativa del tema migratorio está libre de pecado y culpa. Quienes por su responsabilidad debieron haber estado en la conferencia eran el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, porque entre sus obligaciones se encuentra el Instituto Nacional de Migración, y el comisionado del órgano, Francisco Garduño, ambos, viejos amigos del Presidente. También el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, como el arquitecto del giro radical en la política migratoria.
Los dos secretarios no son culpables de la muerte de los inmigrantes, pero son responsables, como expuso el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, sobre el deslinde de responsabilidades en el caso de la Guardería ABC, cuando se preguntó “hasta dónde debía subir en la escalera burocrática la responsabilidad de una guardería del Seguro Social que no cubría con los criterios básicos de protección civil”.
En su dictamen sobre el caso, afirmó que se debían señalar “los nombres y funcionarios que con sus acciones u omisiones vulneraron los derechos y valores que se comprometieron a respetar, pero también a proteger… Aunque el dictamen que se emita no sea vinculante, eso no significa que no tenga consecuencias. Las tiene en el terreno de la ética y la legitimidad democrática. Las tiene como censura de la gravedad de las violaciones a los derechos fundamentales, como mensaje a todas las autoridades del país para que sucesos de esta índole no vuelvan a acontecer”.
López y Ebrard están siendo protegidos. No le dieron la cara a la prensa y no aceptaron ir a hablar sobre el tema al Congreso. Garduño, sin embargo, tuvo que haber renunciado por razones éticas y estar a disposición de la autoridad que determinará si tiene responsabilidades penales. El fondo de la investigación es muy bajo. No tocará al camarada presidencial de Migración y menos a los secretarios de Estado, dos de las tres fichas para la sucesión.
Tender un cordón sanitario para proteger a los suyos es indigno, políticamente inmoral y, en la práctica, hipócrita. No impedirá que tragedias como la de Ciudad Juárez se repitan. Si no se ataca la razón de la impunidad, simple: la impunidad permanecerá en el santuario presidencial.
Raymundo Riva Palacio
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