El jueves anterior por la noche, a escasas horas de haberse puesto en marcha el operativo de seguridad por las vacaciones de Semana Santa, sujetos armados acribillaron a dos hombres y cien metros adelante, asesinaron a una mujer e hirieron a su hijo menor de edad en la comunidad de Hueytepec, municipio de Tecolutla.
Horas después, la mañana del viernes pero en Tuxpan, fueron dejados los cuerpos de tres hombres en el interior de un vehículo en la esquina de las calles Miguel Hidalgo y Jaime Nunó de la colonia Rodríguez Cano. Los tres fueron asesinados por asfixia y tenían un mensaje amenazante de un supuesto grupo criminal.
El sábado fue ejecutado un individuo en la comunidad de Tuzantla, municipio de La Perla. El cadáver presentaba huellas de tortura, estaba maniatado y tenía un cartel amenazante.
También el sábado fue ultimado en San Andrés Tuxtla el comandante de la Policía Ministerial Federal, Mario Vidal González.
El domingo fueron presuntamente asesinados el maestro Antonio González Rodríguez de 32 años y la estudiante de pedagogía Lucero Porras Hernández de 22, mientras circulaban en una motocicleta sobre la carretera Naranjal-Coetzala.
Ayer lunes por la mañana fue hallado el cadáver embolsado de una persona en el barrio de El Zapote en Papantla.
Once asesinatos en menos de 90 horas entre la víspera y el principio de Semana Santa.
El gobernador Cuitláhuac García ignoró nueve de esos asesinatos (para qué hacerles el caldo gordo cuando no tienen nada de extraordinario los crímenes en Veracruz), pero las muertes del maestro y la estudiante sí merecieron su atención y su veredicto; los declaró culpables.
Familiares de las víctimas dicen que tras una persecución, agentes ministeriales interceptaron a Antonio y Lucero y los mataron.
Pero el gobernador afirmó que tanto el maestro como la joven dispararon contra los ministeriales y murieron al derrapar la motocicleta mientras huían. Y sin más peritaje que sus palabras declaró inocentes a los ministeriales.
No es la primera vez ni será la última, que a Cuitláhuac le da por hacerla de perito investigador, fiscal, juez, jurado y vocero de la Fiscalía con lamentables resultados.
En el hipotético caso de que así hubiera ocurrido la muerte de estas personas, él no tiene ninguna autoridad jurídica para dar a conocer una noticia de esa naturaleza, sobre todo sin pruebas.
¿Qué motivos tendría un maestro que acababa de ser nombrado director de una escuela para disparar contra unos agentes bien armados, que lo superaban en número y se desplazaban en un vehículo más veloz que su motocicleta?
¿Qué motivos tendría la joven para secundarlo?
Y ya entrados en gastos, ¿de qué calibre eran las pistolas que supuestamente utilizaron? ¿Dónde están? ¿Las tiene la Fiscalía o se evaporaron con la derrapada? ¿Realizaron a los cadáveres la prueba de radiozonato de sodio? ¿Cuál fue el resultado?
Quién sabe.
Lo único en firme hasta ahora son las declaraciones del gobernador que ignora, según dijo en conferencia, si una de las víctimas era maestro y la otra estudiante. Pero reiteró su seguridad de que ambos dispararon contra los agentes y en su huida se accidentaron fatalmente. Ah, “y no tienen marcas de disparos”.
Si algo hay que reconocerle a los militantes de la 4T es la celeridad con la que aclaran sucesos trágicos que pueden embarrarlos.
En Tijuana murieron 39 migrantes calcinados y la culpa fue de ellos. Acá, un maestro y una estudiante son declarados culpables de agredir a unos policías y de haberse matado casi porque quisieron.