Con todo y la rabieta de la Consejería Jurídica de la Presidencia, que en la víspera intentó amagar a la Suprema Corte de Justicia acusándola de invasión de facultades del Poder Legislativo si invalidaban las primeras reformas electorales de López Obrador, ayer los ministros votaron, por contundente mayoría de 9 votos contra 2, por la anulación de la primera parte del llamado Plan B, argumentando, con matices y diferencias entre sus razonamientos jurídicos, que no se cumplieron los requisitos de deliberación y conocimiento suficiente de las iniciativas para todas las fracciones políticas del Congreso, por lo que se violentaron principios legales y constitucionales que debe observar el Poder Legislativo a la hora de legislar.
Aunque no fue sorpresa para nadie, ni siquiera para el presidente, porque ya se veía venir la invalidación de esas reformas aprobadas por la mayoría de Morena y sus aliados en diciembre pasado en cuestión de horas, «como de urgente y obvia resolución» y sin que sus diputados y senadores, menos los de la oposición, conocieran su contenido, lo que sí sorprendió en la votación de ayer fue el voto concurrente del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, que en esta ocasión —como lo ha hecho varias veces— votó en contra de leyes que para el presidente López Obrador eran de la mayor prioridad en lo que él denomina su «transformación». Zaldívar argumentó no coincidir con todas las interpretaciones de su colega Pérez Dayán, pero reconoció que la rapidez y prisas con que se aprobaron dichas reformas generaron «un efecto corruptor» en el proceso legislativo porque el Congreso no permitió analizar y discutir a fondo su contenido.
Con el voto a favor del proyecto de Zaldívar, las únicas dos ministras que votaron por la constitucionalidad del Plan B fueron Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz, que tampoco sorprendieron a nadie porque ambas se han vuelto totalmente predecibles y alineadas al mandato presidencial. En cambio, la ministra Margarita Ríos-Farjat, que votó por la inconstitucionalidad, hizo una de las mejores argumentaciones defendiendo las facultades de la Corte como «árbitro constitucional» para resolver disputas y diferencias entre los actores políticos y para revisar la constitucionalidad de procesos legislativos, sin que eso signifique invadir a otro poder.
«La invalidez de un proceso legislativo no entraña juicios respecto a los méritos constitucionales de las normas que emanaron de ese proceso… Esta Suprema Corte está para servir a la sociedad, haciendo cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen… Me parece que ahí radica no solo el equilibrio de poderes de la Unión, sino también nuestra serenidad frente a infundios y rumores. Como sucede con cualquier árbitro, nuestras decisiones gustarán a algunos y disgustarán a otros, celebro que eso sea posible, porque da cuenta del fortalecido pluralismo de nuestra nación», dijo la ministra Ríos-Farjat al razonar su voto.
Y no le faltaba razón a la ministra al decir que los fallos de la Corte, como los de cualquier árbitro, provocarán reacciones y a favor en contra porque ayer mismo, casi de inmediato a que se conociera la votación de los ministros invalidando la primera parte del Plan B, el secretario de Gobernación salió a fijar la posición del Ejecutivo, acusando a los juzgadores de «proteger intereses particulares» y de «pasar por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares». Y, al final acatando el fallo, Adán Augusto dijo que «no hay de otra: Plan C en las urnas», aludiendo al llamado del presidente para que los electores no voten por la oposición en las próximas elecciones federales.
Junto con Adán Augusto se desgarraron las vestiduras cuestionando a la Corte el líder de los diputados morenistas, Ignacio Mier, Mario Delgado y Citlalli Hernández, que no ocultaron su molestia por el revés dado a la mayoría oficialista y a su forma de legislar sin respetar la ley. Del lado contrario, desde la oposición que promovió el recurso en la Corte hubo celebraciones y reconocimientos a los ministros. «Bien por la Corte, bien por la Constitución; bien por la República para todas y todos», dijo el senador independiente Germán Martínez, mientras que el diputado panista Santiago Creel dijo que «en el Poder Legislativo debe privilegiarse el diálogo y no el fast track o el mayoriteo de Morena». Lorenzo Córdova consideró el fallo como un «encomiable ejercicio de autonomía frente a inaceptables presiones del poder», mientras que el exministro José Ramón Cossío dijo que, con este fallo, la Corte «mantuvo la congruencia con los precedentes».
Pero de todas las reacciones la más esperada es sin duda la del presidente López Obrador, que seguro hoy por la mañana, en su conferencia, volverá a tronar contra los ministros y la Suprema Corte y seguramente tampoco sorprenderá a nadie al repetir su retahíla de adjetivos con los que suele etiquetar a los representantes del Poder Judicial que no se someten a sus designios, mandatos y prioridades. Sería bueno que al presidente le dieran a leer varios de los argumentos que esgrimieron ayer en su votación los 9 ministros que decidieron invalidarle la primera parte de sus reformas electorales, a ver si entiende algo del papel autónomo de la Corte y del equilibrio de poderes que tanto le cuesta aceptar.
Y si el entripado presidencial es fuerte, más vale que los médicos militares que cuidan al presidente le vayan recetando dosis más altas del «amlodipino» que él mismo les recetaba a sus contrincantes en campaña, porque si ya le anularon la primera parte, es casi seguro, que con el mismo criterio, la Corte vuelva a invalidarle el segundo paquete de su Plan B en las próximas semanas.