La semana pasada atestiguamos dos eventos que demuestran la radicalización del gobierno de López Obrador.
Primero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisó la constitucionalidad de un acuerdo del Presidente, publicado en noviembre de 2021, y controvertido por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai). El acuerdo definía a las obras del gobierno federal como de interés público y seguridad nacional y, por tanto, exentas de los trámites requeridos y las disposiciones de la ley de transparencia.
El pleno de la SCJN, en una votación de ocho a tres, consideró que el acuerdo en cuestión “implicaba ampliar el supuesto de reserva de información mediante un acto administrativo, y no por ley, contraviniendo la Constitución”. La Corte decidió postergar para esta semana la definición de los efectos de esta sentencia.
No obstante, López Obrador se adelantó y publicó un nuevo decreto que determina como de “seguridad nacional y de interés público la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y los aeropuertos de Palenque, Chiapas; de Chetumal y de Tulum, Quintana Roo”.
Es un decreto más limitado que el acuerdo original que la SCJN consideró inconstitucional. Sin embargo, se trata de una cachetada del Poder Ejecutivo al Judicial.
En estricto sentido legal, no es un desacato al máximo tribunal del país. Pero, en términos políticos, vaya que lo es.
Así, el mensaje del Presidente: “Tú, Corte, declaras inconstitucional mi acuerdo, pues ahí te va un nuevo decreto que no podrá controvertir el Inai por estar incompleto su máximo órgano directivo, de lo que yo me he asegurado con la mayoría que tengo en el Senado. Por tanto, mis principales obras seguirán exentas de la tramitología y requerimientos de transparencia. Y si acaso se llega a impugnar mi nuevo decreto, su resolución tardará meses; mientras tanto, yo seguiré construyendo sin respetar trámites y en total opacidad”.