Tres años después de que llegara extraditado desde España con un acuerdo privilegiado por la Fiscalía General de la República y tras año y medio de que fuera internado en el reclusorio Norte, cuando un pato laqueado se le indigestó al presidente López Obrador y ordenó finalmente encerrar al ex director de Pemex y que le eliminaran el privilegio de la libertad que le había dado Gertz Manero, Emilio Lozoya Austin podría salir de la cárcel para continuar su proceso en libertad, luego de que este fin de semana Pemex aceptara finalmente el monto del acuerdo reparatorio por 10 millones 736 mil dólares que pagará el exfuncionario peñista.
La cifra, que había sido cuestionada por el presidente López Obrador hace unas semanas cuando dijo en su mañanera que «10 millones se me hace muy poco» porque Lozoya le entregó «muchísimo más que eso» en sobornos a los diputados para que aprobaran la reforma energética de Peña Nieto, ampararía la reparación del daño de los dos delitos que le imputa la FGR al exfuncionario y por los que ingresó a prisión desde noviembre de 2021: precisamente los sobornos vinculados al caso Odebrecht y la venta fraudulenta de la planta de Agronitrogenados al empresario acerero Alonso Ancira.
Ayer por la tarde los abogados de Lozoya Austin, Alejandro Rojas y Miguel Ontiveros, informaron en un comunicado que el monto que propusieron para la reparación del daño ya fue aprobado de forma unánime por el Consejo General de Pemex, bajo la propuesta que les presentó el director general de la empresa estatal Octavio Romero Oropeza. «La empresa ya aprobó y presentó ante el órgano jurisdiccional correspondiente, la suma final por concepto de reparación del daño», sostuvo la defensa y aseguró que el acuerdo aceptado por la petrolera beneficiaría no sólo a Emilio Lozoya, sino también a su madre, Gilda Austin, a su hermana Gilda Susana Lozoya y a su esposa, Marielle Helene Eckes, las tres imputadas de complicidad en los delitos del exfuncionario peñista.
Es decir, que si Pemex valida esta semana la veracidad de la información difundida por los abogados, tanto Emilio Lozoya como sus tres familiares mujeres acusadas y detenidas, podrían salir en libertad en cuanto se entreguen los 10.7 millones de dólares por parte de la defensa, y los cuatro podrían continuar sus procesos libres, e incluso en el caso del ex director de Pemex podría incluso recuperar el «criterio de oportunidad» con el cual podría ser exonerado de los delitos que le imputan a cambio de la información que ha estado entregando a la Fiscalía General de la República.
La semana pasada el director de Pemex, Octavio Oropeza, aseguró a medios digitales que aún no estaba aprobado por parte de la empresa el monto final del acuerdo de reparación del daño para Lozoya y sus familiares, pero según la defensa eso se habría concretado durante este fin de semana con la votación «unánime» del Consejo de Administración, algo que aún deberá confirmar oficialmente la empresa petrolera y validar también el Ministerio Público para que sea procesado por el juez Federal del Reclusorio Norte, Gerardo Genaro Alarcón, quien lleva la causa.
De producirse en las próximas semanas, la imagen de la liberación de Lozoya sería un golpe que confirmaría la nula eficacia que ha tenido la FGR en este que fue considerado en su momento por López Obrador el caso emblemático de su lucha contra la corrupción del pasado. Lamentablemente para el presidente, la Fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero no pudo concretar ninguna detención adicional a la de Lozoya, al que le dieron año y medio de comodidades, lujos y libertad en su lujoso pent house de Polanco, porque tampoco pudo acreditar los presuntos delitos denunciados por el exdirector de Pemex en contra de una lista que llegó a ser hasta de 71 políticos del PRI y del PAN en el sexenio pasado.
Salvo el caso del exsenador panista Jorge Lavalle, el campechano que fue detenido y encarcelado en abril del 2021 cuando se presentó a declarar voluntariamente ante un citatorio que no ameritaba su detención, no hubo ningún otro personaje, de la larga lista de narraciones y acusaciones que mencionó Lozoya en su presunta entrega de sobornos, al que la FGR le pudiera probar o acreditar delito alguno, por lo que el caso que se presumió en el discurso presidencial como «un maxiproceso contra la corrupción», terminará siendo un fracaso total para la Fiscalía de Gertz Manero. Incluso al mismo Lavalle, desde septiembre de 2022 un juez le permitió seguir su proceso en libertad.
El otro proceso que inició también la FGR al amparo de los dichos del Lozoya, contra Ricardo Anaya, ex candidato presidencial del PAN, también se fue diluyendo, entre la incapacidad del MP de probar que el panista haya recibido los sobornos para aprobar las reformas peñistas, y las versiones de que el fiscal Gertz Manero habría negociado con los senadores y la dirigencia nacional panista para no insistir más en las acusaciones contra Anaya a cambio del apoyo del partido blanquiazul en el Senado para que se mantuviera en el cargo, cuando arreciaban las peticiones de remoción del fiscal general por sus escándalos de corrupción, enriquecimiento, persecuciones por consigna y presiones al Poder Judicial Federal.
Así que aquella imagen que tanto indignó a la sociedad mexicana y que tanto hizo enojar en su momento al presidente López Obrador, cuando a Emilio Lozoya lo fotografió la periodista Lourdes Mendoza comiendo con amigos, de lo más relajado, un pato pekinés en un restaurante de lujo de Las Lomas, en aquella noche de sábado de octubre del 2021, podría repetirse en el futuro inmediato si se confirma que Pemex ya aceptó los 10.7 millones de pesos para reparar el daño y dejar seguir su proceso en libertad al ex director de Pemex y a sus familiares. Ver de nuevo a Lozoya dándose la vida de lujos a la que siempre estuvo acostumbrado sería la imagen más gráfica del fracaso rotundo de la primer Fiscalía General de la República, presuntamente autónoma, y de su fiscal ineficiente y presuntamente independiente.