viernes, noviembre 22, 2024

Suprema Corte analizará controversias contra decreto de AMLO de 2020 que permite a las Fuerzas Armadas realizar labores de seguridad

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene programado analizar la próxima semana tres controversias constitucionales presentadas contra el acuerdo de 2020 que dispuso de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública, con el que el presidente Andrés Manuel López Obrador autorizó su presencia en las calles en lo que la Guardia Nacional desarrolla su estructura y capacidades.

El Pleno de la Suprema Corte tiene programada la discusión de estos asuntos en su sesión del próximo lunes 22 de mayo.

La ponencia de las controversias constitucionales 85/2020, 87/2020 y 91/2020 estará a cargo de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat.

Una de ellas fue presentada por el municipio de Colima, la segunda por el estado de Michoacán, y la última por el municipio de Pabellón de Arteaga, en Aguascalientes.

Las controversias buscan invalidar el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de mayo de 2020.

“Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, se lee en el listado de asuntos de la Corte.

Cabe recordar que el pasado 29 de noviembre, los ministros del Pleno validaron este acuerdo, luego de que la Cámara de Diputados promovió una controversia constitucional 90/2020 por invadir facultades del Poder Legislativo y no cumplir con los criterios para el uso de las Fuerzas Armadas establecidos por la Suprema Corte, de que su participación sea extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada.

También tocó entonces a la ministra Ríos Farjat la ponencia, proponiendo en su proyecto validar el acuerdo, ya que consideró que tiene su fundamento en el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional que creó a la Guardia Nacional.

El proyecto de la ministra fue aprobado con los votos de ocho ministros, que coincidieron también que el acuerdo tiene su fundamento en la Constitución, por lo que el presidente no invadió las facultades del Poder Legislativo.

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