Un día, un solo día duró la cohesión de la oposición. Veinticuatro horas después de anunciarse el Frente Amplio por México creado por los principales partidos de oposición y varias organizaciones de la sociedad civil para hacerle frente al presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena en la próxima elección presidencial, hizo agua. El Consejo Electoral Ciudadano que fue invitado por los organizadores del Frente hace unas semanas para formar parte de un proceso novedoso, les prometieron, para escoger la mejor candidatura presidencial, decidió romper con el Frente y disolverse.
Los términos de la invitación original a exconsejeros electorales, activistas sociales y académicos cambiaron. Como grupo se salieron del Frente al reconocer que “la coyuntura política y la construcción de acuerdos a efecto de privilegiar la unidad de cara a las elecciones de 2024 son prioritarios”. Es decir, los compromisos y ajustes en el método de selección de candidato no fueron los platicados, y antes de avalar un proceso con el cual están en desacuerdo, optaron por decir adiós, en el entendido de que podría ser que alguno de sus 11 integrantes pudieran participar de manera individual en el consejo técnico que se anunciará mañana jueves.
El método enfrentó problemas desde antes de nacer. Uno de los aspirantes a la candidatura, Germán Martínez, se retiró acusando de partidocracia al nonato Frente. Sergio Aguayo, miembro del Consejo, se separó de la iniciativa por razones similares. El lunes por la noche, otra aspirante, Lily Téllez, hizo 50 preguntas al Frente condicionando su participación a las respuestas a sus inquietudes. En este espacio se argumentó ayer que el método favorecía a los partidos, subsumiendo a la sociedad civil, pero fue totalmente inesperado que naufragara antes de realmente partir del puerto. Algo podrido debieron ver para reaccionar de manera tan rápida.
Este quiebre, un mal despertar de un sueño de esperanza efímero, son malas noticias para la oposición porque muestra falta de consenso y diferencias de fondo con los partidos convocantes, pero también es una oportunidad para que los líderes del PRI, PAN y PRD vean los costos que puede tener un mecanismo disfrazado de ciudadano, que en el fondo iba a estar controlado por ellos. Como lo plantearon este lunes, no sólo iba a ser prácticamente imposible para un ciudadano ganar la candidatura presidencial, sino incluso algunas de las cartas que lucían más competitivas en este momento, difícilmente avanzarían hacia ese objetivo, porque una pieza determinante en el resultado son las estructuras territoriales que tienen los partidos.
Eso, como lo están viendo los dirigentes de los partidos, no va a ser posible si en efecto buscan un movimiento que aglutine fuerzas e intereses detrás de una candidatura presidencial única. Tampoco podrán concretar nada si, como quedó el método anunciado el lunes para llegar a la candidatura, lo construyeron bajo pedido para que en la terna final lleguen sus finalistas. No hay que engañarse. Los líderes de los partidos, mucho antes de que se creara el Frente Amplio por México, ya tenían a sus candidatos.
Marko Cortés, dirigente del PAN, tenía comprometida la candidatura presidencial para Santiago Creel, en el entendido con Alejandro Moreno, líder del PRI, que así fuera. Cortés quiere ser diputado y Moreno senador, pero sin arriesgar ir al campo a ganar votos, sino plurinominales. Creel, el Joe Biden mexicano, es el candidato de las élites, muy lejano de los ciudadanos y con dudosas probabilidades de ser competitivo. Pero el compromiso con Creel bloqueaba el camino a la candidatura de otras dos panistas, las senadoras Xóchitl Gálvez y Lili Téllez. Indirectamente el acuerdo de Cortés con Moreno dejaría fuera de la contienda a los priistas que se inscribieran en el proceso, y serían comparsas que sólo legitimarían el método.
Que el Consejo Electoral Ciudadano haya problematizado las deficiencias del método al excluir a los ciudadanos y construirse sobre la base de acuerdos de los liderazgos de los partidos, desnuda a los dirigentes del PRI y el PAN, pero como se planteó, abre una oportunidad si es que realmente quieren encontrar la mejor fórmula para enfrentar a López Obrador y Morena. La forma como pueden enderezar el barco que amenaza con hundirse es que en la negociación de los detalles del método de selección de candidato se hagan los ajustes y enmiendas para que quienes tienen dudas de participar se convenzan y se repongan los términos que permitieron incluir a ciudadanos.
Pero no parece que eso esté en el horizonte del Frente Amplio Por México. Amado Avendaño, vocero de UNID@S y miembro del nuevo ente, difundió ayer una larga explicación para aclarar que el Consejo Electoral Ciudadano se disolvió porque fue invitado a operar las elecciones primarias independientes que había propuesto el Frente Cívico Nacional, uno de los fundadores del nuevo frente, que finalmente se cancelaron, que es el reclamo del Consejo en su carta. Avendaño hizo un control de daños y lavó cara a los partidos.
Si la parte ciudadana más exitosa en donde milita Avendaño -convocó a la marcha de noviembre a favor del INE que reunió a alrededor de un millón de personas- está de acuerdo con que el fin justifique los medios, está sacrificando su espíritu y vocación para subordinarse a la partidocracia de oposición con tal de derrotar a López Obrador y a Morena en la elección presidencial.
Es legítimo que el Frente Amplio Por México decida qué quiere y qué no quiere, pero que no hablen de una ciudadanización del proceso y no pretendan engañar con que el método no está controlado por los partidos. El proceso no es inédito, como alegan, salvo que tiene un empaquetado diferente. Quien esté de acuerdo, bien. Quien no, que se vaya. Cada quien su derecho a apoyar el método, desde su militancia, afiliación y cruzada. Cada quien lo hace desde su perspectiva ética y en función sus valores predominantes. Quienes deseen competir por la candidatura bajo este modelo están en su derecho. Quienes no presionen por el ajuste y renegociar las reglas, sabrán a lo que se atienen.
Raymundo Riva Palacio
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