El fallo que ayer por la tarde emitió la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, autorizando a las «corcholatas» de Morena a continuar con sus recorridos, mítines y actos de proselitismo por toda la República, confirma que el llamado “Plan C» de López Obrador finalmente funcionó y, que con los cuatros consejeros afines a su movimiento, que fueron elegidos y designados por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, el Presidente logró su cometido de colonizar al órgano electoral.
Porque aun cuando no tiene mayoría en el Consejo General del INE, la cercanía política que tiene la presidente del organismo con la 4T y los otros tres consejeros, ya se refleja claramente en decisiones y actitudes que favorecen al partido gobernante. La prueba más clara ocurrió ayer cuando la presidenta de la citada Comisión de Quejas, Claudia Zavala, propuso un dictamen que planteaba ordenar a Morena y a sus aspirantes a la llamada «Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación» cancelar de inmediato sus mítines, reuniones y giras de promoción, por considerarlas presuntos «actos de proselitismo» que violentan la ley electoral, e incluso proponía dictar medidas cautelares en contra del partido gobernante y de sus precandidatos presidenciales.
Era tan claro y puntual el análisis jurídico de la consejera Zavala que consideraba ilegales los actos de campaña del proceso morenista, que incluso el representante de Morena ante el INE, Mario Llergo, se adelantó a la discusión del proyecto de dictamen en la Comisión y ayer al mediodía ya estaba quejándose en su cuenta de Twitter de las medidas cautelares que, según decía el legislador, se iban a imponer a su partido: «La Comisión de Quejas y denuncias del INE pretende limitar derechos humanos dentro de la instrumentación del proceso para la definición de la Coordinación para la Defensa de la Transformación», anticipaba el diputado, que anexaba en su mensaje un comunicado de Morena en el que el partido se lanzaba con todo en contra de la consejera Claudia Zavala y su proyecto, que proponía como medidas cautelares cambiar los eventos de los aspirantes morenistas de públicos a privados, por considerarlos actos anticipados de campaña.
La presión que ejerció Morena con sus cuestionamientos anticipados en las redes, también se trasladó al interior del INE y por la tarde, cuando finalmente sesionó la Comisión de Quejas, los dos consejeros electorales recientemente designados por la Cámara de Diputados, tras un proceso que claramente manejó la mayoría de Morena, Rita López y Jorge Montaño, votaron en contra del proyecto de dictamen de la consejera Zavala, a la que no le alcanzó su voto para salvar su dictamen que fue rechazado, con lo que tácitamente el instituto electoral validó y permitió que continúen las campañas, mítines y recorridos de las seis «corcholatas» morenistas.
Pero más que una opinión personal de la consejera Zavala, el dictamen rechazado se había basado en los 28 informes que elaboró la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE, cuyos funcionarios realizaron visitas sorpresa a los recorridos, eventos y «asambleas públicas» de los seis precandidatos de Morena, y a partir de lo que observaron y documentaron en el campo, los técnicos concluyeron que había «pruebas para determinar que los seis contendientes del proceso interno morenista podrían estar cometiendo actos anticipados de precampaña y de campaña».
Para emitir sus opiniones, los técnicos del INE analizaron los discursos de los aspirantes, la propaganda utilitaria que hay en sus eventos, las expresiones de los militantes y simpatizantes que acuden a sus reuniones, y con todo ello determinaron que se trataba de «actividades proselitistas» y no de «actos partidistas» como eufemísticamente los denomina el CEN de Morena.
«Esta circunstancia pone de manifiesto la posible estrategia partidista tendente a influir en la equidad de la contienda, a partir de eventos públicos en los que participaron activamente las personas denunciadas (con aspiraciones manifiestas para ocupar la precandidatura o candidatura al cargo de la Presidencia de la República), mediante mensajes y discursos cuyo contenido engloba y toca aspectos del próximo proceso electoral. Siendo que la normativa electoral establece fechas precisas para el inicio de ese tipo de actividades, lo que actualiza un posible riesgo o peligro inminente de que, a la postre, se continúe con la realización de eventos de iguales o similares características lo que podría tener un impacto en la equidad de la contienda de los procesos electorales locales y federales próximos a iniciar y, consecuentemente, generar una ventaja indebida en favor de Morena y de las personas que eventualmente sean sus candidatas», establecía el informe de la Unidad Técnica a la Comisión de Quejas y Denuncias.
Con esos razonamientos legales fue que la consejera Zavala proponía en su dictamen «ordenar a Morena y sus seis aspirantes suspender sus recorridos y asambleas de manera inmediata». Pero al final, con sus dos consejeros afines, el partido gobernante logró hacer valer sus presiones y el dictamen de la presidenta de la Comisión, con todo y sus informes técnicos y sus fundamentos legales, fue rechazado por mayoría de dos votos a uno. Y así, rechazando la queja que presentaron los diputados de MC, Jorge Álvarez Maynes y Salomón Chertorivski, el proceso de Morena fue validado como legal y constitucional, a pesar de que las evidencias recabadas por el INE decían todo lo contrario.
Con este fallo se confirman tres cosas: la primera, la que López Obrador sí logró finalmente colonizar y dominar al INE, a partir de colocar en su presidencia a una consejera afín a su movimiento y otros tres consejeros que claramente también apoyarán a su partido; la segunda, que sí ya le dieron validez legal y constitucional a las campañas anticipadas de Morena, también las de la Alianza Va por México, ahora llamado Frente Nacional por México, con sus precandidatos que se inscriban a partir del lunes, podrán violar las leyes y hacer actos anticipados de campaña; y la tercera que en México, desde la cabeza del Presidente y su partido, hasta el mexicano común, pasando por los empresarios, políticos, policías, los líderes sindicales, profesionistas y la mayoría de los sectores que integran a este país, sigue viva la cultura de que «las leyes se hicieron para violarse»…
Dados girando. Capicúa y repetimos el tiro.