Detrás del rechazo de algunos gobiernos estatales a incorporar sus sistemas de salud al IMSS-Bienestar hay motivos económicos, aseguró ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Las entidades no quieren sumarse al IMSS-Bienestar porque tienen vínculos y deudas con políticos y empresas privadas dedicadas a la venta de medicamentos”, declaró en su conferencia matutina en Palacio Nacional, donde aseveró que no conoce ni un caso donde un gobierno estatal por sí solo brinde “servicios de salud que funcionen bien y que sean gratuitos”.
De acuerdo con información de las autoridades federales, 14 entidades faltan o han rechazado la federalización de los servicios de atención médica con IMSS-Bienestar: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán.
López Obrador dijo que otros motivos por los que diversos gobiernos no se suman es que “no se quieren desprender del manejo del programa de salud” o que “consideran que ellos pueden ofrecer los servicios médicos.
“Lo más grave, es que algunos no quieren porque tenemos nosotros la obligación de entregarles sus fondos si no aceptan, y entonces, al entregarles el dinero, ellos ya compran la medicina, ya pagan los servicios a los trabajadores de la salud, tienen que mejorar los hospitales, y en todo eso antes sin duda había chanchullo. Entonces, los que se dedican a vender medicinas, políticos corruptos, que todavía los hay ahí, pues tienen compromisos con los gobernadores, con algunos políticos y dueños de distribuidoras, y entonces dicen: ‘No quiero el IMSS-Bienestar’”, declaró el mandatario.
En el caso de Coahuila, cuyo virtual gobernador electo, Manolo Jiménez, ha expresado su rechazo al IMSS-Bienestar, López Obrador se dijo confiado en que habrá entendimiento entre ambas administraciones, pero reconoció que la decisión de incorporar al estado al sistema de salud federalizado será de Jiménez.
Cuando se le preguntó sobre el endeudamiento de algunos estados, el tabasqueño dijo que su recomendación es que haya austeridad y afirmó que está considerando si promulga o no la reforma a la Ley General de Comunicación Social aprobada recientemente por el Congreso, que elimina el límite al gasto de publicidad de gobiernos estatales y municipales.
El plan B de la reforma electoral aprobado en diciembre estableció un tope máximo de 0.1 por ciento del presupuesto anual para destinarlo a gastos en materia de comunicación social de los tres órdenes de gobierno. No obstante, el Congreso aprobó en los primeros meses del año eliminar dicho límite para los gobiernos locales, según una reforma que fue enviada en abril al Ejecutivo federal para su promulgación.
“Tengo para firma la reforma en la que los gobiernos estatales no pueden ser limitados en sus gastos de publicidad”, dijo López Obrador, que puntualizó que quiere analizarla a detalle, pues le preocupa que “hay estados que destinan mucho dinero a publicidad, puede pasar de mil millones. Y cuando hay elecciones hacen su agosto”.