Para entender el por qué Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre llega como presidenta del Poder Judicial, hay que hacer memoria y exponer el trabajo de “facilitadora” como jueza de control en Poza Rica, en un caso lamentable en el que la propia titular del Tribunal Superior de Justicia en Veracruz acató las órdenes de la Fiscalía General del Estado y manipuló criterios ayudando a que no tuviese responsabilidad por extorsión y desaparición forzada a favor de la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara Espinoza. En esta entrega daremos pormenores de cómo Lizbeth no ha sido confiable, entregada a un sistema podrido y sobre todo, cuestionar el apoyo total que hizo para la incompetente directora de Investigaciones Ministeriales, Marcela Aguilera Landeta.
Pero vayamos a la introducción. En julio del 2020, ante un escándalo por corrupción en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, que involucra a Ana Gabriela Guevara Espinoza por el cobro de sobornos de un contrato por cerca de $20 millones de pesos, otorgado a empresarios, se agrega la exalcaldesa de Xalapa Armida Ramírez Corral, quien era la operadora de la titular de la CONADE y vínculo con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
Pero ante la presión de cobros indebidos y señalamientos de corrupción, en la entrega de moches, desaparece el ingeniero Edgar Álvarez, pareja sentimental de Armida Ramírez quien le pidió a Edgar ir a la oficina de los empresarios para el cobro de sobornos por $2.5 millones de pesos y presuntamente al salir, desaparece. La familia exigió una investigación exhaustiva con la detención de Armida Ramírez Corral y después, de los abogados que dieron el soborno en una oficina ubicada en Costa de Oro, de Boca del Río.
Y en ese mismo año, 2020, la jueza de control en Poza Rica donde se desahogaba el caso era Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, quien como premio fue impuesta como magistrada en el Poder Judicial, supliendo indebidamente al magistrado Roberto Dorantes, a quien le violentaron sus derechos en su cargo. Ya ven por dónde va el hilo conductor de esta telaraña de corrupción y pago de silencios.
Finalmente, Armida Ramírez fue enviada a un penal de Morelos por los delitos de homicidio y desaparición forzada, así como presuntamente orquestar un atentado en contra de los abogados Jesús Chaín Oceguera y Rafael Sánchez Cano, el 10 de junio del 2020 en el Fraccionamiento Costa de Oro, de Boca del Río. Y sobre estos dos litigantes quienes trabajaban en la empresa Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad (CIMCSA) y tener nexos con el exsecretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita, semanas después también fueron detenidos y encarcelados en un penal en Guanajuato.
Lo interesante es que Lizbeth Aurelia, como jueza de control nunca emitió acción penal en contra de Ana Gabriela Guevara Espinoza, hoy titular de la CONADE, aún cuando había señalamientos directos por el cobro de sobornos y la FGE, así como el gobierno de Cuitláhuac García optaron por detener a los abogados que pagaban los sobornos y no, a la cabeza de esta malograda transacción como es Ana Guevara, protegida por el presidente de México.
Lo vergonzoso, que ante el dolor de la familia de Edgar Álvarez, ellos fueron manipulados por la FGE y la propia Lizbeth Aurelia Jiménez para que dieran ruedas de prensa, hablaran con reporteros y exigir que los involucrados fuesen vinculados a proceso, para así salvar a Ana Gabriela Guevara Espinoza, quien era la principal culpable y responsable intelectual en este caso de sobornos y desapariciones forzadas tan lamentables en el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, quien se prestó a todo para salvar a la exvelocista y así premiar a Lizbeth Aurelia Jiménez con una magistratura.
Y ante los “reclamos” de la opinión pública y los familiares de Edgar Álvarez, vincularon a proceso a Armida Ramírez y los dos abogados, repartiendo culpas.
Lo importante, que el mayor interés era salvar a quien ejecutó una investigación desaseada y sin criterio jurídico, ni penal, como lo hizo Marcela Aguilera Landeta para desvincularla de la investigación en contra de Ana Gabriela Guevara y su ineptitud para llevar el caso, siendo salvada por la jueza de control, Lizbeth Aurelia Jiménez.
Marcela Aguilera Landeta, directora de Investigaciones Ministeriales de la FGE, de donde sale hoy la orden de aprehensión en contra de la jueza Angélica Sánchez Hernández y Marcela es la misma quien llevó el caso del asesinato del diputado local Juan Carlos Molina Palacios, padrino y aliado de la propia Marcela Aguilera. También es la misma, que orquestó una desaseada investigación para ordenar la detención de Itiel “N” en León Guanajuato, de donde es originario, para acusarlo por el asesinato del líder de la CNC en Medellín. El mismo Itiel ha comprobado que estaba en una fiesta infantil, ante más de 50 adultos, quienes vinieron a Veracruz a declarar a su favor asegurando que el señalado estaba atendiendo a los invitados el día y la hora de la ejecución de Juan Carlos Molina Palacios.
Y mientras el “Compa Playas” sigue libre y se cae toda esta investigación fabricada por Marcela Aguilera Landeta. Y con este tema ya van varios casos que se le caen a la directora de Investigaciones Ministeriales de la FGE, porque son los fiscales directos a su mando quienes imputaron al presunto “Compa Playa” o “El Playas”. Y al final, se ha comprobado ser inocente.
Es de aquí de donde viene el interés de la hoy presidenta del Poder Judicial, por la gratitud a quien vio en ella a una aliada.
También trasciende el tema que de la misma forma pusieron a disposición por la posesión de droga, posesión de armas y ultrajes a los directores de Prevención del Delito de Poza Rica y Tihuatlán, detenidos presuntamente en flagrancia por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Y el incompetente gobernador de Veracruz sale a declarar que “los detuvieron por la violencia en la zona”. Y luego, este mismo extraviado sale a decir que la jueza Angélica Sánchez Hernández fue detenida por corrupción. Lo que no dice es porque obedeció un amparo y la ley federal.
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